En buena hora el equipo
de empalme del presidente De la Espriella ha tomado la iniciativa de estudiar
una estrategia normativa que conduzca efectivamente a erradicar las falencias
que en forma endémica han impedido al Estado ejercer su primordial obligación
de brindar una proba y oportuna justicia a los ciudadanos y garantizar con sus
fallos la estabilidad de la nación.
Es deseable que, en
esta oportunidad, en la que el país se ha salvado milagrosamente del caos
constitucional y vital que nos hubiera deparado la continuidad del régimen del
narcoterrorismo, no se repitan las frustraciones que hemos vivido con
anteriores proyectos de reformas judiciales. Debemos partir de los aspectos
fundamentales que el país espera.
¿Cuáles son?
Primero.- Hay que cerrarle
el paso a la impunidad que impide al Estado ganar los enfrentamientos con
los grupos armados ilegales, erradicar el sucio negocio de la cocaína, castigar
ejemplarmente a los corruptos y proteger a los ciudadanos en sus vidas y en su
patrimonio.
Segundo.- La morosidad
en la tarea judicial y la acumulación de procesos pendientes en los
juzgados debe ser corregida de inmediato. Una justicia extemporánea no es
justicia.
Tercera.- Hay que restaurar
la credibilidad en las instituciones judiciales para que las gentes acaten
los fallos judiciales y se abstengan de obtener justicia por su propia mano.
Cuarta.- Deben ser removidos
los obstáculos que impiden al Estado cumplir a cabalidad con el deber de
implantar justicia, tales como la sesgada y antitécnica Justica Especial
para la Paz.
Para el cumplimiento de
estos objetivos habrá que adoptar drásticas pero urgentes medidas en
colaboración con la rama legislativa del poder público, a saber:
a. No es posible
administrar justicia de manera proba y eficiente sin contar con recursos
humanos idóneos y comprometidos con esta misión. Por ello es necesario que,
tanto en la rama judicial como en las demás ramas, se implante, mediante
reforma constitucional, que todo el que aspire a un cargo público deba ser
elegido mediante concurso de méritos, con excepción de los que sean elegidos
por votación popular.
b. De igual manera,
para el ascenso o promoción dentro de la rama judicial, se implementarán concursos
de méritos y se respetará la carrera judicial.
c. Como se ha
detectado, es conveniente despojar a la Procuraduría de su labor en los
procesos penales supuestamente para garantizar los procedimientos de
investigación, fallo y sanción a los responsables. En su lugar, se le debe asignar
la supervisión de los funcionarios judiciales, la investigación de
faltas disciplinarias y delitos, cuyo fallo se asignará a un tribunal
especializado e independiente de la rama judicial. El aplazamiento de
audiencias o los vencimientos de términos procesales, a menos que sean por
fuerza mayor, deberán ser penalizados;
d. Debe incorporarse el
uso de la tecnología de ingeniería de datos, inteligencia artificial y
demás adelantos informáticos, en la tramitación de los procesos, audiencias
virtuales, notificaciones, etcétera, y capacitar al recurso humano en el uso de
estas herramientas. Se economizará tiempo y dinero, y se podrá elevar a calidad
de las providencias.
e. Se debe adelantar en
el Congreso una reforma al procedimiento penal para hacerlo más expedito
y ágil, evitando audiencias de imputación de cargos, otorgando autoridad al
juez para el impulso del proceso y combinando la oralidad con el sistema
virtual en beneficio de la celeridad.
f. En materia
sustantiva deben incrementarse las penas privativas de la libertad en los
casos que causan mayor daño a la población y al orden, tales como la rebelión,
sedición, asonada, actos terroristas, narcotráfico, minería ilegal, daños al
medio ambiente, masacres, ataques a poblaciones y a infraestructura civil,
reclutamiento de menores de edad, corrupción administrativa, y violencia sexual
contra menores de edad. Los imputados de estos delitos no podrán gozar de
excarcelación provisional, casa por cárcel ni de los subrogados penales.
g. Como complemento
debe realizarse una reforma del sistema penitenciario para que los
reclusos por delitos graves sean recluidos en cárceles de seguridad, sin
derecho a contactos con el exterior presenciales o virtuales; y,
h. Implementar sistemas
eficientes de protección de testigos y fomentar los preacuerdos con
quienes ofrezcan informaciones serias contra las organizaciones criminales.
La Patria Milagro
nos debe proporcionar la justicia que por tanto tiempo se nos ha negado.
Estamos ¡firmes con la Patria!
