Para evitar que el ejercicio de la política
estuviera solamente al alcance de los ricos, a mediados del siglo XX se
ingeniaron sistemas para financiar, por parte del Estado, esa actividad
fundamental. Los regímenes democráticos establecieron una cifra por cada voto
depositado por partidos reconocidos institucionalmente, sometidos a estatutos
aprobados y obligatorios y con tesorería auditada por los organismos de
control. Los partidos, además, podían, dentro de ciertos topes, recibir
donaciones de particulares.
Hasta ahí el esquema legal de la financiación
pública era razonable y justo; pero en Colombia, en vez de fortalecer y
moralizar los partidos, se optó por la creación de un mecanismo de reposición
de una suma determinada por cada voto depositado en las urnas. Lo anterior
suena bien, hasta que se considera que, a partir de la Constitución de 1991,
los partidos fueron debilitados y desorganizados, de tal manera que se autorizó
el funcionamiento de movimientos ad hoc paralelos, clientelistas y
efímeros, para participar en las elecciones. Estas clientelas desaparecen
después de los comicios, pero logran la reposición, dejando a sus “líderes”
llenos de dinero, porque el movimiento (o grupo significativo de ciudadanos) no
es persona jurídica distinta de la respectiva “cabeza”.
La contabilidad que presentan al CNE estas
clientelas transitorias es bien discutible, más bien ficticia, porque de ella
depende la reposición. En esas condiciones, el ejercicio político no es un
desinteresado y patriótico esfuerzo en procura del bien común, sino un proficuo
y sórdido negocio, que produce a docenas de auto precandidatos, millones y
millones de pesos.
A pocos días de revelarse cómo después de
varias campañas sin resultados, un eterno candidato (muy mediocre como
gobernador y como alcalde) sumaba cerca de $ 40 000 millones por reposición de
votos. En lugar de proceder a revisar el sistema, Petro, arbitraria y
maliciosamente, subió este mes la reposición por voto, de $ 2555= a $ 8287=,
como quien dice un incremento de apenas el 247 %, para llenar de alegría a
todos los que participan en la feria de las consultas populares.
Quien quiera darse cuenta de la magnitud e
inmoralidad de esa corruptela, aceptada por todos los políticos, tanto de
izquierda como de derecha, debe mirar dos videos estremecedores: el del coronel
Germán Rodríguez, del 23 de enero, y el de la representante Lina María Garrido,
cuatro días más tarde.
Según esta última, la consulta del Pacto
Histórico, donde se escogió como candidato a Cepeda, dizque demandó gastos por
$ 2400 millones (prestados por una papelería quebrada y un comedero barrial),
pero Cepeda y Corcho obtuvieron $ 6000 millones como reposición.
Pero como ahora la reposición ha subido a $
8287= por voto, si Cepeda, contra expresa prohibición legal, participa en marzo
en una segunda consulta de la izquierda, puede esperar, adicionalmente, unos
$20000 millones, caso en el que Lina María lo demandaría penalmente.
El coronel Rodríguez, por su lado, hace
cálculos sobre las consultas de la izquierda y de la “centro-derecha”, el
próximo mes de marzo. Según su impresionante análisis, la reposición para ambos
extremos puede significar una lluvia de oro, de $ 116000 millones, para quienes
figuren en esas maniobras electoreras.
La consulta de “centro - derecha” puede
representar $ 28 000 millones para Paloma Valencia; $ 9 853 millones para Vicky
Dávila; $ 9 852 millones para Galán; $ 4 090 millones para Oviedo; $ 2 480
millones para Peñalosa, y $ 1 240 millones para Cárdenas, si esos “candidatos”
reciben en esa consulta votos en conformidad con los porcentajes que les
reconoce la última encuesta de preferencias electorales.
Con la misma “metodología”, la consulta de la
izquierda le daría a Cepeda $ 57 000 millones; a Roy, $ 6 732 millones, y $ 5 030
al exgobernador Romero.
Las recompensas previstas por el coronel son más
espeluznantes que las de la representante llanera, pero no es necesario que
acierten plenamente, porque el hecho real es que la reposición de votos es un
instrumento que convierte al Estado en una estructura criminal permanente,
donde tirios y troyanos acaban siendo muy parecidos.
