Luis Alfonso García Carmona
Lastimosamente, el
ejercicio del poder, en todos los tiempos y en todas las latitudes, ha atraído
la corrupción. Así se puede constatar en la historia de todos los pueblos.
Con la aparición
del comunismo, la maquinaria del Estado fue creciendo desmesuradamente a medida
que su influencia llegaba a todos los aspectos de la vida en sociedad, hasta
convertirse en una máquina totalitaria que en todo interviene y que exprime
hasta la médula los recursos de la población para atender a su propia subsistencia.
De ahí que sea la
conquista del Estado el primordial objetivo de la izquierda. Su lema, bien
conocido, es la utilización de todas las formas de lucha para lograrlo.
Durante mucho
tiempo apeló el partido comunista a la más cruel violencia para imponer sus falaces
doctrinas: la invasión armada, los golpes de Estado, los movimientos
guerrilleros, las purgas dentro del partido, las masacres en nombre de la
“revolución”. Luego, su estrategia introdujo otras formas de apoderarse del Gobierno,
infiltrándose en los sistemas democráticos, gastando enormes sumas de dinero en
una batalla cultural para manipular la opinión pública y, por supuesto,
invirtiendo en el mejor negocio del mundo: comprar el resultado de las
elecciones para perpetuarse en el poder.
Colombia, por
desgracia, es ahora víctima de este infernal mecanismo de la compra de los
resultados electorales como forma de lucha para la toma del poder por la
extrema izquierda. El Consejo Nacional Electoral, pese a las presiones
ejercidas por el régimen, dictaminó que en la campaña presidencial de Gustavo
Petro se violaron los topes financieros fijados por la ley con gastos por
valor de $5355 millones de pesos, entre los que se cuentan aportes no
declarados de la Unión Sindical Obrera y de Fecode, publicidad en Caracol
Televisión y en testigos electorales. En el proceso fueron sancionados el
gerente de la campaña, Ricardo Roa, premiado con la gerencia de Ecopetrol, y
varios subalternos suyos. Los movimientos que llevaron al poder a Petro, Colombia
Humana y Pacto Histórico, fueron multados cada uno con la suma de $1000
millones de pesos. Quien fue elegido de forma tan irregular permanece en
el cargo pues goza de fuero presidencial, ya que la Comisión de Acusaciones,
organismo competente para juzgarlo, se ha negado a actuar de conformidad con el
acervo de cargos presentado. Hasta el hombre de confianza de Petro, Armando
Benedetti, confesó por audio conocido en todo el país que había conseguido para
la campaña cerca de $15□000 millones de pesos y que cuando lo comunicara a las
autoridades se irían todos a la cárcel. Igualmente, el hijo de Petro confesó
haber recibido dineros no declarados ante el Consejo Nacional Electoral.
Presentó la ciudadanía, ante la Comisión de Acusaciones, una demanda
solicitando la separación del cargo de quien lo usurpa, en ejercicio del art.
109 de la Constitución, juicio que no recibió el respaldo de los dirigentes
políticos de la oposición, más interesados en sus propios intereses que en la
suerte del país.
Estos antecedentes
han propiciado el inicio prematuro de la campaña de la extrema izquierda
para elegir al heredero de Petro, el recalcitrante Iván Cepeda, quien se ha
caracterizado por perseguir al expresidente Uribe Vélez, comprando testimonios en
las cárceles que ha visitado y por defender a los narcoterroristas de las FARC,
responsables de los crímenes más crueles de nuestra historia.
Desde el comienzo
del Gobierno han sido múltiples los escándalos de corrupción por parte de los
subalternos del presidente y la entrega de dineros a legisladores para que
aprueben los proyectos del Ejecutivo y autoricen los excesivos gastos
oficiales. Tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Representantes
fueron procesados por recibir dineros de la corrupción rampante que se tomó al
país.
Pilares de esta
campaña de recolección de dinero para fines electorales han sido la toma de recursos
del sistema de salud que tiene a los colombianos a las puertas de la muerte
por falta de atención hospitalaria, las nóminas paralelas de contratistas
independientes sin otro oficio conocido que respaldar la campaña de continuismo
del régimen, el decreto de emergencia económica sin que exista motivo
sobreviniente que lo justifique, y el aumento del IVA a licores y
cigarrillos, fuentes mayoritarias de ingresos de las entidades
territoriales.
Lo aterrador de
esta demoníaca estrategia es que no importa ya el desprestigio del petrismo por
su pésima gestión, ni el rechazo mayoritario de la sociedad colombiana al odio
de clases, a la inseguridad, al despilfarro en los dineros públicos, a la
destrucción del sistema de salud, al empobrecimiento general de la población.
Sin darnos cuenta, ya el régimen tiene asegurado el resultado para arrebatar
a los colombianos la democracia y para instalarse en el poder por varias
décadas sin que nadie pueda enfrentársele. Las cifras lo demuestran:
En las últimas
elecciones obtuvo Petro, por los irregulares métodos explicados, 11□291□987
votos en la segunda vuelta. Es lógico presuponer que en las próximas elecciones
se requerirá una cifra mínima de 15□000□000 de sufragios para
obtener la victoria. Fuentes de la mayor credibilidad procedentes de varias
regiones, nos informan que los activistas de Cepeda están ofreciendo entre
$700□000 y $1□000□000 a quienes depositen su voto por Cepeda y
que serán transportados en buses hasta la mesa de votación.
Quiere decir, que
para asegurar los 15 millones de votos requiere el régimen la cantidad de 15
billones de pesos. Ya vimos algunas de las ilícitas fuentes de financiación que
ha puesto en marcha el régimen desde el inicio de su gestión. Pero la guinda del
pastel la pone el endeudamiento externo que sin freno ni respeto por la
normatividad y por la salud financiera del país, se está contratando. En
diciembre de 2025 expidió bonos por 15 billones de pesos y otro tanto en enero
de 2026, para un total de 30 billones de pesos. Esto es el doble de lo que se
requiere para comprar los 15 millones de votos necesarios para hacerse dueños
del país por varias décadas. Con la totalidad del poder en sus garras no habrá
ni Congreso, ni Cortes ni organismos de control que investiguen cómo se
invirtieron los préstamos o los beneficios de la corrupción.
En esta espantosa
coyuntura para nuestra querida Patria duele que algunos colombianos honorables,
que se supone sean conocedores de nuestra tragedia, insistan en alentar la
división de quienes buscan satisfacer su vanidad a sabiendas de que no
cuentan con los recursos y los votos para dar la cara a tan monumental amenaza.
Seamos lógicos,
tengamos un poco de rigor y desprendimiento en nuestro análisis y procedamos
como lo espera Colombia: Apoyemos en la primera vuelta a Abelardo. No le demos
un aire ficticio a una consulta que no tiene sentido ni busca ninguna unión. Su
interés no es otro que sacar a Abelardo de la segunda vuelta para
colocar a cualquiera de los del “club de los hunos”.
