José Leonardo Rincón, S. J.
Impactan las noticias de
conductores ebrios y ladrones linchados por turbas enardecidas. Las víctimas de
estos occisos fueron gente inocente: algunos departían frente a un puesto de
comidas, otros iban en moto o eran simples transeúntes que fueron embestidos
con sevicia; una mamá a la que roban aprovechando que está ocupada con su
pequeña hija... no son los primeros casos, no son los únicos, no serán los
últimos.
Lo que se devela tras tan violentos
acontecimientos, que ahora quiere sancionar la justicia, es que la gente está
harta de la impunidad. Por el sector en el que vivo hay un ladrón de celulares
que ha sido capturado 38 veces, llevado al CAI, y 38 veces ha sido dejando en
libertad. Las muchachas que azuzaron a los asesinos del joven estudiante
asesinado el 31 de octubre están libres porque no hay manera de involucrarlas.
El aparato de justicia falla. Los delincuentes lo saben y por eso mismo siguen
infringiendo la ley descaradamente, porque tienen claro que no les va a pasar
nada. Son los ladrones callejeros de barrio, pero también los encumbrados
funcionarios de cuello blanco en altas posiciones del Estado o los que tienen
reconocidos e influyentes abogados que logran exonerar a sus clientes, como en
el caso Colmenares.
La misma
"autoridad" se siente impotente. Si no hay pruebas del acto en flagrancia,
habilidosos, por no decir mañosos abogados, saben cómo eludir la justicia. Hecha
la ley, fue hecha la trampa. Esto es lo que la ciudadanía tolera cada vez menos
y por eso cobra justicia por propia mano. Más de un fletero motorizado ha sido
abatido al momento de cometer su crimen.
Paradójicamente, ahí sí,
la justicia funciona y el que actuaba en legítima defensa es judicializado y le
cae todo el peso de la ley. El que se robó comida para sobrevivir es condenado
a prisión, pero el corrupto que robó miles de millones anda suelto. Delinquir
paga. Porque aquel pobretón se pudre en una cárcel, en tanto los distinguidos
malhechores disfrutan de casa por cárcel o libertad condicional.
La justicia por propia
mano es inmediata y efectiva. La justicia ordinaria ni cojea ni llega. Grave el
asunto en un marco de Estado fallido. Los centros de reclusión padecen de
hacinamiento. Decenas de miles de procesos están detenidos. No se avanza. Cuando
en una de nuestras casas nos hicieron un robo, el funcionario de la fiscalía
que atendió el caso sobre las 10 de la mañana, nos dijo que era el cuarto caso
de denuncia que ese mismo día estaba recibiendo y que por el estilo, cada día,
eran como 10 que solo a él le tocaba atender. Hagamos cuentas de los altos
índices de criminalidad. Más aún, siendo sincero, aunque el robo había sido
cuantioso, como no había lesiones personales ni muertos, de seguro no
avanzaría, nos dijo alentando nuestra resignación. Así ha sido: casi un año
después solo hubo una ampliación de la denuncia pasados seis meses y luego,
nada.
A propósito de los cada
vez más recurrentes casos de justicia por propia mano, vamos a ver qué dicen
las "autoridades". Ya veo declaraciones compungidas lamentando los
hechos, descalificando el inaceptable proceder de las turbas asesinas, pidiendo
dejar que la justicia ordinaria actúe legítimamente, para que todo siga igual o
peor que antes. Pasa aquí y pasa en otras latitudes. La muerte del alcalde de
Uruapan, en México, estaba perfectamente anunciada: no ha pasado nada. El
genocidio en Gaza, crimen de lesa humanidad, se sigue dando ante los ojos
indiferentes de la comunidad internacional: no pasa nada. La cuestión es y ¿por
qué tenemos que esperar dictaduras y regímenes que impongan orden y disciplina
con también potenciales excesos?, ¿por qué tenemos que seguir aguantando
impotentes la injusticia e impunidad que están a la orden del día?, ¿hasta
cuándo?
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