Rafael Uribe Uribe
Invocar la integración latinoamericana o una salida pacífica a la crisis venezolana no justifica el respaldo del presidente Gustavo Petro al régimen espurio de Nicolás Maduro. Esta postura plantea serios interrogantes sobre la política exterior colombiana. ¿Es legítimo enviar tropas para apoyar un gobierno señalado por narcotráfico y terrorismo? ¿Es legal y constitucional esta orden? Y si no lo es, ¿puede el ministro de Defensa acatarla? mi paso por la Escuela Militar me enseñó que una orden ilegal no debe cumplirse.
Las
implicaciones son profundas: soberanía comprometida, seguridad fronteriza
debilitada y relaciones tensas con aliados históricos como Estados Unidos. La
política exterior no puede estar guiada por afinidades ideológicas ni
nostalgias revolucionarias. Colombia necesita una diplomacia firme, ética y
estratégica que defienda los derechos humanos, la democracia y los intereses
nacionales. El respaldo a Maduro no cumple con ninguno de estos criterios.
Tras
una eventual ofensiva contra el Cartel de los Soles en Venezuela, no sería
sorprendente que Trump dirija la mirada hacia Colombia. El ELN, las disidencias
de las FARC y el Clan del Golfo representan estructuras criminales con fuerte
presencia en el narcotráfico internacional, lo que encajaría en la narrativa de
“guerra contra las drogas” promovida por Estados Unidos.
Esta
posibilidad abre un escenario complejo: por un lado, podría significar mayor
presión internacional sobre estos grupos; por otro, plantea riesgos de
tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre la soberanía colombiana frente
a posibles acciones unilaterales.
Petro
ha afirmado que una invasión a Venezuela podría bajar el precio del petróleo,
afectando a Ecopetrol. Pero ¿vale la pena arriesgar nuestra reputación
internacional por esa razón? Si Colombia se alinea con un gobierno sancionado,
podríamos enfrentar represalias diplomáticas y económicas. ¿Y acaso la
suspensión de la exploración de hidrocarburos no ha tenido ya efectos
negativos? La depreciación de la acción de Ecopetrol se debe a decisiones
erráticas. ¿No es más contaminante el gas importado que el producido
localmente? ¿El contrato de desgasificación es otro escándalo? El subsidio al
ACPM, afecta también las finanzas de la empresa.
Petro
tiene el deber de explicar con claridad qué busca con esta alianza y qué está
dispuesto a sacrificar en nombre de ella. Porque si seguimos por este camino,
el costo lo pagará Colombia, no Miraflores.
Y
no olvidemos algo clave: apoyar a Maduro podría provocar una nueva ola
migratoria de venezolanos hacia Colombia, agravando los desafíos sociales y
económicos que ya enfrentamos.
En
resumen, no se trata de estar a favor o en contra de Petro. Se trata de pensar
en lo que es mejor para Colombia. Y defender a un régimen como el de Maduro,
claramente, no lo es.
El
Rincón de Dios
“La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura.” Vicente Espinel
