Bastan los titulares
de prensa de un solo día para mostrarnos tres diferentes escenarios que ilustran
las diferentes actuaciones de nuestra vergonzosa justicia:
Primer
escenario. “El pasado 29 de junio la juez 66 penal de
control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento contra el exdirector
del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, implicado
en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres —UNGRD—.
Deberá responder por los
delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración
de contratos y peculado por apropiación.
A pesar de que ya fue expedida
la orden de captura las autoridades no la han podido ejecutar, por una aparente
fuga del alto exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.” [1] (Caracol Radio).
Es inconcebible que, con todo el poder del Estado se fugue un sujeto que ocupó uno
de los más altos cargos en el régimen de Petro, ¿Acaso hubo una filtración de la
orden que en su contra se expediría? ¿Quiénes le están sirviendo de auxiliadores
para evadir la acción de la justicia? ¿Se repetirá, como en el pasado, la fuga de
Santrich con la ayuda de las Cortes?
Segundo escenario. “Semana conoció
en exclusiva el plan detrás de la excarcelación de alias ‘Mono Clinton’, uno
de los jefes más peligrosos del ELN en los últimos 20 años, autorizada en el
mes de junio, a pesar de que sobre sus hombros pesan los delitos de secuestro extorsivo
agravado, concierto para delinquir, financiación del terrorismo y uso de documentación
falsa.” (…) “Este hecho se dio en la ciudad de Pasto, tras una boleta de libertad
firmada por el Centro de Servicios Administrativos del Tribunal, bajo acta de
compromiso firmada por él mismo y en cumplimiento de una gestión liderada por
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.” No es este un caso extraño
en el régimen petrista, acostumbrado a invadir la órbita de las otras ramas
del poder con diferentes argucias como esta, consistente en designar como gestor
de paz a un peligroso delincuente para que sea excarcelado. Así premia el régimen
a sus aliados y cómplices en el asalto al poder, mientras utiliza todo el peso de
la justicia en contra de quienes se atreven a discrepar de su ideología y de su
objetivo de destruir el país.
Tercer escenario. ¿Cómo ha actuado
la justicia en el proceso conta Álvaro Uribe, en contraste con lo anterior? Le fueron
interceptadas ilegalmente sus llamadas telefónicas a sabiendas de que no había ninguna
orden contra él para proceder de esa manera. Por consiguiente, el resultado que,
supuestamente fue parte de la prueba incriminatoria, no es válido. Si una prueba
es ilegal, la Corte no tiene poder para convertirla en lícita, pues no es competente
para modificar la ley. Otra prueba para sustentar la condena fue el dicho de un
delincuente, completamente desvirtuado en el proceso. Se violó el derecho a la defensa
pues no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por los abogados de Uribe y,
en cambio, sí se apoyó la juez en sus propias conjeturas sin ninguna sustentación.
¿Se puede prevaricar impunemente solo para cumplir el objetivo de la izquierda radical
de destruir al máximo opositor del fraudulento régimen anarco-comunista? No ha existido
en los anales de nuestra pobre justicia un proceso más parcializado y atentatorio
del Estado de derecho que el adelantado contra Uribe. Nos lleva a concluir que no
existe justicia y así lo ha advertido el pueblo colombiano en su mayoría. Un Estado
con esta clase de justicia nunca será un Estado libre y soberano. Solo servirá como
un esclavo más del “paraíso comunista”.
