A medida que se le
acaba el tiempo al camarada guerrillero que ejerce fraudulentamente la
presidencia, va acelerando el paso en su perverso cometido de allanar todos los
obstáculos que puedan impedir la indefinida continuidad del maquiavélico
Pacto Histórico en el poder.
Intentaron a
través de uno de sus brazos armados, las FARC, asesinar al precandidato
presidencial Miguel Turbay, quien aún se debate entre la vida y la muerte. En
un simulacro de juicio, plagado de sesgadas decisiones, intentan acallar al
máximo exponente de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, condenándolo a
12 años de prisión domiciliaria, efectiva estando vigente la presunción de
inocencia, por considerar como altamente peligroso para la sociedad a quien
ha sido reconocido como el mejor presidente del último siglo.
No paran allí los
presurosos pasos con los que el guerrillero presidente nos conduce como
borregos hacia la dictadura anarco comunista. Mediante gestión del Alto
Comisionado para la Paz un delincuente condenado a 40 años por secuestro y
terrorismo es designado “gestor de paz” y dejado en libertad.
No fue suficiente
con subir a la tarima de honor en acto presidido por el camarada Aureliano en
La Alpujarra, Medellín, a los capos de diferentes bandas criminales, sino que
ahora el propio ministro de Justicia prepara un proyecto de ley para crear nuevos
beneficios para semejantes facinerosos.
A espaldas del
Congreso y de la opinión pública firma ahora el Gobierno nacional con el
usurpador del poder en Venezuela, Nicolás Maduro, un inconstitucional
acuerdo para constituir una zona binacional en el Catatumbo colombo-venezolano,
epicentro del cultivo y la exportación de coca, cuya gobernanza estará
encomendada a un “grupo de trabajo” sin definir, lo que equivale a una
entrega de una parte significativa de nuestra soberanía territorial al ELN y a
la dictadura madurista.
Mientras, a pasos
agigantados, se cierne sobre los colombianos la sombra de la dictadura narco
comunista del Socialismo del Siglo XXI, siguen agravándose temas que agobian a
los colombianos, como el desmoronamiento del sistema de salud que ahora
se reorganizará por decreto, con violación de nuestro sistema legal. El déficit
fiscal, originado en un oceánico derroche de la camarilla gobernante,
tiene al fisco nacional al borde del colapso, que aspira este irresponsable
régimen conjurar con una nueva reforma tributaria que terminará por
ahogar cualquier intento de recuperación de nuestra economía.
De la seguridad,
principal preocupación de mis compatriotas, para qué hablar. El pie de
fuerza del Ejército pasó de 239 618 a 167 992, es decir, una rebaja del 29.8 %.
Por su parte, los grupos ilegales en 2025 alcanzaron 21 958 efectivos con un
45 % de aumento. Esto fue acompañado de todo un programa de
desmantelamiento de la fuerza pública como lo detallé en pasado trabajo[1].
Y así podríamos
continuar indefinidamente: por todos los medios se intenta ocultar la
gravedad del escándalo de la UNGRD, en el que están vinculados hasta los tuétanos
altos dignatarios designados por el camarada reinante y sus aliados en el
Congreso. Se adoptan absurdas decisiones en contra de la explotación de
hidrocarburos y exportación de carbón a Israel. Se aleja cada vez más la
inversión nacional y extranjera. Aumenta la emigración de capitales y
empresarios. Se consolida
el negocio del narcotráfico y se protege a sus cabecillas.
Toda la razón
asiste al columnista Carlos E. Chacón, cuando afirma: “Según la
encuesta Sabemos, el 89 % de los encuestados dice estar dispuesto a defender la
democracia liberal activamente. Esa voluntad debe empezar a traducirse en
acción, con sentido de urgencia y propósito. No basta con estar dispuesto. Es
necesario participar en el debate público, alzar la voz frente a los abusos,
exigir el respeto a la Constitución, respaldar iniciativas serias y hacer
pedagogía sobre lo que está en juego.
Movilizarse no
significa marchar detrás de un caudillo, sino organizarse, deliberar, actuar
desde la familia, la empresa, la ciudadanía, los gremios, las organizaciones
sociales y la academia. Porque si los signos de alarma son evidentes y no
reaccionamos, la omisión nos hace responsables de perder la democracia. Que no
se nos haga demasiado tarde para defender lo que, si se pierde, costará
generaciones recuperar: la libertad y una democracia, con límites al poder y
reglas claras.[2]
A quienes sienten
compromiso moral y patriótico con nuestro país en manos de la más denigrante
representación en el poder público, los invitamos a participar en el Frente
Patriótico que unirá a todos los colombianos de bien sobre un sencillo plan
para la reconstrucción del país. Formaremos una coalición triunfadora
que, escoja mediante una consulta popular abierta el mejor candidato que
pueda representar nuestros intereses, que son los de Colombia.
