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Convengamos que, para avanzar positivamente y cumplir unos
objetivos, en todo lo que se haga profesionalmente en una empresa, una
institución o un Estado, se necesita una buena estrategia.
Quedó demostrado en 2021 que para crecer no necesitamos
reformar la Constitución. Pero como vamos hoy, estamos en la verraca olla pues
el sector privado se acomoda a que sean las falaces promesas de campaña y lo
que les dé la gana de hacer a los políticos desde el poder, lo que determine el
rumbo del país y su estrategia de crecimiento y desarrollo.
Hoy la clase política se lucra de la inoperancia de quienes
representan el sector privado contributivo, gremios y centros de pensamiento,
que no se unen para plantear una estrategia que determine cuál es la conducción
que necesita seguir el país para lograr un crecimiento dinámico de su economía
formal.
Durante décadas la subversión se propuso conquistar el
poder ejecutando una estrategia que contó con la complacencia de quienes
vendieron libertad y justicia por fama y metálico. Hoy están enfocados en la
generación de caos que conlleva a la pérdida de libertades personales y
socioeconómicas y a la destrucción de la institucionalidad democrática. El
control de 2/3 del territorio, el número de milicianos infiltrados y el
incremento en un 50 % de las organizaciones criminales en tan solo tres años,
indican que todas las fuerzas del mal, empezando por el Gobierno que controla
todo el Estado, siguen una estrategia que vienen ejecutando a la perfección.
El Gobierno actual tiene como objetivo inmediato para
preservar el poder, auspiciar la impunidad, cogobernar con el crimen organizado
e instaurar un nuevo orden constitucional basado en el totalitarismo y
soportado por la impunidad. Y eso se logra fácil al destruir la economía formal
y contributiva para poder controlar una sociedad empobrecida donde solo quienes
están en el poder gozan de privilegios, cual es el caso de Venezuela.
Estamos divididos bajo el sofisma de la maldad de la
izquierda o de la derecha, que encubre la distinción entre lo legal y lo
ilícito, entre comunismo y generación de riqueza, y entre desatender una
mayoría honrada y trabajadora y subsidiar una población creciente de “ninis”.
No se puede seguir consintiendo que el único objetivo de quienes se distinguen
como “de profesión político” sea mantenerse en el poder a toda costa. Es así
como el clientelismo medra de un Estado anárquico y los funcionarios olvidan que
están ahí para representar y servir a los particulares y no para suplir sus
propios intereses.
Es una gran vergüenza tener un ámbito político lleno de
incertidumbres, donde todo personaje que figura en los medios está enceguecido
por la delusión de ser presidente. Tenemos más de 70 candidatos quiméricos a
quienes nadie les confiaría manejar una estrategia empresarial.
Si seguimos así, aumentará la miseria social que genera la
combinación de narcotráfico, violencia, terrorismo, inseguridad, injusticia y
corrupción política.
Es menester que los privados pasemos del rebusque
individualista a consolidar una unidad de criterio que nos permita liberarnos
de un liderazgo mediocre, para poder llegar a confeccionar y exigir a los
políticos que implementen una estrategia que demande decisión política, trabajo
en equipo y estar de acuerdo en las siguientes premisas esenciales:
1. Garantía de la seguridad a quienes cumplan las
obligaciones cívicas. Para que haya justicia y se genere una cultura de
legalidad y obediencia a la ley, se garantice el castigo ejemplarizante al
delito y al delincuente, y exijamos que no se consienta ni se negocie más con
el terrorismo.
2. Erradicación de todo lo relacionado con la cultura de la
cocaína y la minería ilegal. Se requiere una política de Estado
multidimensional de mediano plazo que acometa contra su nefasta influencia en
las personas, la sociedad y el medio ambiente.
3. Un Estado dedicado solo a sus funciones esenciales. El
Estado en lugar de ser percibido como un negocio para el beneficio de los
políticos, tiene que ser entendido como el simple garante de las libertades
económicas y de mercado; respetar la independencia de poderes y su
funcionalidad, especialización y efectividad.
4. Rebajar la corrupción a su mínima expresión de manera
que se pueda detectar y castigar. Los funcionarios que cobran sueldo de los
impuestos de quienes generan actividad económica contributiva, deben entender
que su función es servir eficientemente al ciudadano, no lo contrario.
5. Digitalización y reducción del Estado al mínimo
operativo posible sin perder eficiencia. Ofrecer conectividad y trámites en
línea y servicios públicos competitivos, y promover la educación y la continua
capacitación de todo el capital humano como garantía de sostenibilidad de
crecimiento económico fundamentado en la realización del gran potencial de
desarrollo que tiene el país.
6. La generación de confianza económica, estabilidad de las
políticas de Estado y reglas claras. Es la única forma de lograr más actividad
y velocidad económica que generen crecimiento, preservando la ortodoxia en el
manejo de la hacienda pública para lograr salir de situaciones deficitarias y
combatir el enriquecimiento fácil que solo beneficia la formación de capitales
ilícitos.
7. No podemos olvidar que el socialismo, el comunismo o la
convivencia con fuerzas criminales y narcoterroristas no son alternativas
viables. Para que haya justicia social tiene que haber generación de riqueza. A
partir del empobrecimiento no hay nada que se pueda repartir.
Por tanto, Colombia necesita que el sector privado trabaje
en construir y exigir a quienes se quieran elegir, una estrategia país
comprometida con la seguridad ciudadana como un derecho y que propenda por la
generación de oportunidades, por la confianza en las libertad de mercados que
atraen inversión, generan empleo y fortalecen una clase media sin la cual es
imposible volver a la vía del desarrollo.
