Muy a nuestro pesar, nuestra muy
rica, exuberante y a veces mal querida Colombia, se encuentra sumida hoy en uno
de los períodos más inciertos de su historia, pues están reapareciendo o
agudizándose fenómenos de violencia que ingenuamente habíamos creído que habían
sido medianamente superados, donde guerrilleros, narcotraficantes,
paramilitares, contrabandistas, malandrines, sicarios, ladrones y delincuentes
de cuello blanco hacen de las suyas.
Con más impulsos e intenciones
individuales que colectivos, se han logrado resultados en su momento con el
M-19, con la UP a pesar de su casi exterminio sistemático, luego con parte de
las FARC y hoy se trata de negociar simultáneamente con un monstruo de mil
cabezas, que antes de sentarse en cualquier mesa de negociación ya tiene clara
la estrategia de cómo seguir delinquiendo a partir del mecanismo de “creación”
de las llamadas disidencias, que es un punto que ya cualquier gobierno y
gobernante con experiencia debería tener en cuenta antes de sentarse a la mesa.
“Yo firmo con parte de mis
miembros, pero no puedo hacer nada si hay otros que no quieren o no se sienten
representados por nosotros”, es el argumento peregrino que escuchamos a
diario.
Para hacer de nuestro caso una
verdadera misión imposible, transversalmente el negocio del narcotráfico
inunda y copa todos los espacios de la sociedad, haciendo que la guerra
ideológica, con objetivos políticos más o menos claros –con los que uno puede
estar o no de acuerdo–, ha sido burdamente reemplazada por un conflicto de
interés económico donde los ilegales tratan de tener pleno control del negocio
en sus diferentes eslabones, ingresando a nuevas actividades que socavan la
soberanía nacional como el control de muchos territorios, la distorsión del
negocio minero y el lavado intensivo de activos.
Mención especial merece la
corrupción galopante que nos está minando como sociedad civilizada.
Mientras tanto, nuestro aparato
de justicia reconoce una impunidad de más del 90% y la fuerza pública se
encuentra maniatada ante el uso de escudos humanos por parte de los insurgentes
y/o delincuentes, que no le permiten actuar sin quebrantar los principios
elementales de derechos humanos, lo cual a los contrincantes les importa un
carajo. Los órganos de control se han convertido en actores mediáticos con
actuaciones post mortem.
Ante la existencia de muchos
tipos de violencia, pues se expresan y manifiestan muchos tipos de inseguridad,
tanto en el campo –como lo ha sido tradicionalmente–, como en las ciudades que
se han convertido en nuevos escenarios de conflicto.
Atentados indiscriminados contra
la fuerza pública, la población civil y la infraestructura, secuestros
extorsión, gota a gota, desplazamiento forzado, asesinatos de soldados,
policías, indígenas, periodistas, reinsertados, defensores de los derechos
humanos y del medio ambiente, por no enumerar sino parte del macabro mosaico de
actuaciones cuotidianas que tienen a la población asustada ante la falta de
contundencia por parte de quienes ostentan de manera legal y legítima el poder
de las armas.
El Estado no ha sido capaz de
proteger a su población y mucho menos a quienes se han levantado para defender
sus derechos o cumplir los acuerdos pactados.
Un ejemplo palmario es el
pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación según el cual cada semana
de 2024 han sido asesinados 3 líderes sociales.
Tenemos vergonzosos resultados
planetarios donde ocupamos el pódium de países que más asesinatos de líderes de
cualquier tipo o segmento de interés han tenido en los últimos años.
¿Qué hay que hacer?
Pues primero hay que
reconocer que esto se salió de madre y que, respetando las condiciones actuales
y manteniendo las estrategias vigentes, el Estado perderá cada vez más
presencia y credibilidad en los territorios y ante los ciudadanos indefensos.
Lo segundo, asumir con
determinación y verdadera voluntad política, la solución de los problemas
estructurales que agobian a los colombianos desde hace 200 años y que comienzan
con el tema de propiedad y tenencia de la tierra y la lucha contra la pobreza,
la injusticia y la iniquidad.
Lo tercero, hay que
reconocer que no tenemos ni sistema ni aparato de justicia y que es inaplazable
refundarlo desde sus cimientos, así como a los denominados “órganos de
control”.
Lo cuarto, asumir, si es
del caso, la terrible decisión de declarar el estado de guerra y darle las
herramientas jurídicas y logísticas a nuestras Fuerzas Militares y de Policía
para que puedan desplegar su acción.
Lo quinto, mostrar
verdadera voluntad de resolver los problemas de seguridad. No es justificable
bajo ningún punto de vista que ciertos personajes sigan delinquiendo y
dirigiendo sus negocios desde la cárcel, empleando celulares que les llegan por
cantidades y de manera permanente.
Existe la tecnología para
obstruir las señales de celular en un perímetro determinado como se hizo por
ejemplo con la visita del presidente Obama en años recientes a la ciudad de
Cartagena. ¿Ya se les olvidó?
¿Si existe la tecnología ya
probada por qué no se usa? ¿Incompetencia o complicidad en las altas esferas de
decisión?
Lo sexto, cuando uno es
el bueno de la película debe actuar como tal. Ante la creciente confrontación
actual, situaciones como la de los “falsos positivos” no puede ni debe volver a
presentarse jamás.
Lo séptimo, entender que existen dos frentes de conflicto vigentes: por un lado, la guerra contra los carteles de todo tipo y segundo, la guerra sin cuartel contra la corrupción.
Hoy lo que está en juego es la soberanía
nacional. Si no reaccionamos ya, el actual modelo de Estado y el tipo de
Gobierno presente, estarán en sus últimos estertores antes de su colapso total.
Estamos jartos de tanto bla,
bla, bla y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tantas entrevistas
y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tantas declaraciones
y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tantos trinos
y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tantos escándalos
y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tantas denuncias
y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tantas
investigaciones y tan pocos resultados.
Estamos jartos de tanta reunionitis
y tan pocos resultados.
¡Lo que haya que hacer, hay que hacerlo,
pero ya!
Nota: parece que la forma de criminalizar o descriminalizar la “protesta social” se ha convertido en un asunto del fiscal general de la Nación de turno, lo cual no es serio pues esto debe ser una política de Estado y no un criterio del fiscal y del Gobierno de turno.