Cuando la justicia no es imparcial ni eficiente,
deja de ser justicia. Durante el régimen de Petro se han agravado sus endémicos
males y han surgido nuevos elementos de preocupación:
a. Desafortunada injerencia del poder político
en las decisiones judiciales, que se ha visto plasmada en la persecución
judicial contra miembros de la Fuerza Pública y destacados líderes de la
oposición, tales como Álvaro Uribe Vélez, Juan Felipe Arias y Luis Alfredo
Ramos, entre otros. Se aplica un doble rasero con amigos y aliados de Petro
acusados de grave delitos relacionados con tráfico de drogas, vandalismo,
corrupción o terrorismo, quienes escapan por cualquier medio de la acción de la
justicia. Bastaría con investigar si se adelantan con la celeridad debida las
investigaciones por los escándalos protagonizados recientemente por personajes
como Benedetti,
Velasco, Velásquez, Sarabia, Manzur, Roa, el hermano de Petro, el hijo de
Petro, Name, Arias, Leyva, y el propio presidente. Recientemente este intercedió a favor de vándalos de la Primera Línea
para que fueran liberados.[1]
c. Usurpación de funciones que llega hasta el punto
de que el presidente asevera ser el jefe del fiscal general, quien hace parte
de la Rama Judicial.[2]
d. Omisión del Gobierno en sus obligaciones de
informar a las autoridades judiciales todos los actos delincuenciales
presuntamente cometidos por las guerrillas del ELN y FARC y los vándalos de la
Primera Línea, y poner a los sospechosos a disposición de los funcionarios
competentes.
e. Falta de respeto del presidente con las Cortes,
el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral por actuar con
independencia de su omnímoda voluntad, que le ha valido reprimendas por parte
de tales organismos. Como es apenas obvio, tal situación de desorden en la
administración de justicia tiene origen en el incumplimiento de los claros
mandatos constitucionales, a saber:
· “Asegurar la justicia” es uno de los fines propuestos en el preámbulo de
nuestra constitución.
· Artículo 121. “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de
las que le atribuyen la Constitución y la ley.”
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