Uno de los fines que el Estado se propone alcanzar para la población es el del trabajo. Así lo asegura el Preámbulo de la Constitución: “El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, (…)”.
Y el artículo 25 ibídem
expresa: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”
Lo complementa con el
artículo 54 donde se lee: “El Estado debe propiciar la ubicación laboral
de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el
derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
La dañina política del
presidente en materia económica y laboral incluye el cese de la explotación
del petróleo y otras industrias extractivas (salvo la minería ilegal que
explotan sus aliados de la guerrilla), la imposición de nuevas cargas a los
patronos en la reforma laboral, la expropiación de tierras a
empresas del sector agropecuario, y el freno a la inversión en proyectos de
infraestructura actualmente desfinanciados, lo que ha arrojado la pérdida
de miles de puestos de trabajo formales y ha obligado a los jóvenes en edad
laboral a emigrar en busca de oportunidades, aceptar trabajos informales con
menores ingresos o dedicarse a actividades ilegales[1].
Dispone al artículo 2
ibídem: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; (…)”
Como es obvio, el
errado manejo de la Economía y la búsqueda de implantar un Estado totalitario,
de corte marxista-leninista, enemigo de la propiedad privada y de la libertad
de empresa, como el que plantean Petro y su séquito, necesariamente afecta
la generación de empleo, la prosperidad general y el bienestar de la población.
Para comprobarlo, no es sino constatar el gran número de empresas que han
cerrado sus plantas, abierto procesos de reactivación económica o liquidación, o
reducido su nómina de personal. Todo ello, en abierta contradicción con los principios
y fines esenciales del Estado enumerados en la Carta Constitucional[2].
