Por: Luis Alfonso García Carmona
No obstante, la
azarosa e inédita coyuntura que nuestra sociedad atraviesa desde hace aproximadamente
un año y medio, abrigamos los colombianos la esperanza de tener una patria
grande, justa y democrática.
Es el destino al
que estamos llamados si nos atenemos a la laboriosidad y reciedumbre de
nuestras gentes y a los sólidos valores espirituales y democráticos
que han enmarcado el perfil de nuestra nacionalidad.
El adoctrinamiento
marxista y la perversión materialista impartida desde las escuelas y los medios
de comunicación no ha logrado aún sustituir el legado que recibimos con las
primeras letras en el hogar.
Una
sola Colombia
Hoy más que nunca
este bagaje civilizador debe acompañarnos para devolver la unidad a Colombia
como nación ajena a la influencia de foráneas y peligrosas doctrinas. Aprendamos
de nuestros errores para buscar, con el concurso de nuestras gentes honestas y
trabajadoras, el bien común integral de la población.
Abandonemos el fraccionamiento
de nuestra patria con estériles pretextos que solo consiguen crear inútiles
divisiones entre los colombianos (indigenismo, abortistas, LGTBI, feministas, regionalismo,
grupos étnicos en un país con un generalizado mestizaje que ha impedido
cualquier tipo de racismo). Todos los colombianos somos iguales ante la ley
y gozamos, por lo tanto, de iguales derechos y obligaciones; no somos
acreedores a beneficios especiales por razón del grupo de nuestras
preferencias.
Colombia,
grande
Fuimos premiados
por la Divina Providencia con una excepcional ubicación geográfica, variedad y
riqueza en nuestro suelo, subsuelo, mares y fuentes hídricas. Estamos en
condiciones de abastecer a otros países con nuestros alimentos, productos
agropecuarios, industriales, minerales, hidrocarburos y con variados servicios,
lo cual incrementaría notablemente nuestros ingresos por exportaciones.
Nos queda la tarea
de administrar con transparencia, idoneidad y visión futurista nuestros
recursos para beneficio de toda la sociedad y no para el de unos pocos
enchufados en el poder. Implica ello que mayoritariamente se adopten reformas
al sistema político, que se establezcan controles efectivos a la
corrupción política, que se garantice la llegada de los más capaces al
poder público, que las inversiones y gastos se sometan a una priorización,
según su contribución al bienestar de la población y al desarrollo del país.
Modificaciones
importantes deben apuntar hacia la reducción del tamaño del Estado y del
déficit fiscal, estímulos económicos a las inversiones en la
creación de empleos y mejoras en las condiciones laborales, financiación de
grandes obras de infraestructura para dar el salto hacia el desarrollo
económico, sistemas de riego, almacenamiento y transporte de productos
agropecuarios, programas de desarrollo tecnológico en los campos de las
comunicaciones, las finanzas, la publicidad, el entretenimiento y la
informática para la generación de empleos no industriales, etc.
Colombia,
justa
Debe ir acompañado
el crecimiento económico con una mejora sustancial en la calidad de vida de
las personas. La solidaridad con los coterráneos de menores recursos debe
ser reconocida en la ley y en el presupuesto. Los salarios deben ser justos, y
acompañados del pago de todas las prestaciones sociales y de la posibilidad
para alcanzar la pensión de vejez. Para ello, los fondos de pensiones
públicos y privados deben estar totalmente financiados y sus ahorros no podrán
ser destinados a pagar gastos públicos. Hay que impedir el proyecto en curso
para desmoronar el sistema de salud en forma absurda.
La seguridad y la
tranquila convivencia dependen en grado sumo de una oportuna idónea e imparcial
administración de justicia. Se impone una reforma a fondo para garantizar esos
requisitos, eliminando el origen político de las altas Cortes, el juzgamiento
de los magistrados por organismos no políticos y la limitación de
los poderes judiciales en el ámbito legislativo.
Se ha constatado
que la seguridad es un presupuesto para el desarrollo económico. Para
alcanzarla es necesario adelantar una eficiente labor contra el crimen, una
adecuada rehabilitación de los delincuentes y la eliminación de la impunidad
por negligencia o tolerancia de los jueces y fiscales.
En Colombia no
podemos desconocer que gran parte de la criminalidad está generada por el
narcotráfico, los grupos guerrilleros y los colectivos de
vándalos y sicarios financiados por el propio Gobierno.
No es una aspiración
de poca monta contar con una administración de justicia que mejore la seguridad
y la tranquilidad en la población colombiana.
Colombia,
democrática
Aunque nos regimos
por el sistema democrático, es lo cierto que nuestras instituciones políticas
adolecen de imperfecciones que es indispensable corregir , a saber: a) Es un
mal endémico la compra de votos, lo cual distorsiona la voluntad popular
al momento de elegir a sus gobernantes y representantes en los cuerpos
colegiados; b) El origen y composición de las autoridades electorales permite
de manera expedita la comisión de fraudes; c) Se requiere una revisión
normativa del régimen sobre los partidos políticos, ya que estos se han
convertido en “empresas electorales”, no en organizaciones programáticas
o ideológicas; d) No existen correctivos que eviten que un mandatario actúe
en contra de los principios o programas para los cuales fue elegido; d) El
2 de octubre de 2016 se enterró el Estado de Derecho pues el pueblo soberano
votó mayoritariamente NO al proyecto de acuerdo de paz entre el gobierno Santos
y las FARC. No obstante, a través del Congreso, mediante una simple
proposición, se “aprobó” el acuerdo, con el acto prevaricador de la Corte
Constitucional que avaló semejante usurpación de funciones. Con esta
monumental irregularidad se incorporaron a la Constitución numerosas normas,
mediante un procedimiento no aprobado por la Constitución al que se denominó “fast
track”. En resumen, no habrá democracia en Colombia mientras tales
reformas hagan parte de nuestra Carta Magna.
Tomemos conciencia
de una vez por todas que la solución a la crisis del país no se contrae sólo al
derrocamiento del actual régimen. Acarrea también un aspecto positivo
que a todos los colombianos de bien nos concierne: Restaurar el país como una
Colombia grande, justa y democrática, para todos.