Por: Luis Alfonso García Carmona
La descomposición
moral que ha permeado los niveles directivos del Estado conduce al país, de
manera acelerada, a la más dramática catástrofe en la historia de la
sociedad colombiana.
Mírese cualquier
aspecto de la vida nacional para encontrar solamente caos, desbarajuste,
destrucción y retroceso. La seguridad, primordial obligación del Estado,
ha sido sustituida por la impunidad para los criminales, el desmoronamiento de
las fuerzas del orden, la financiación de grupos ilegales con los remoquetes de
“gestores de paz” o de “guardias campesinas o indígenas”, y la consolidación de
las empresas criminales, comenzando por el narcotráfico.
La oferta
de empleo y de una sólida seguridad social para la protección de las clases
trabajadoras y de sus familias se ha venido a pique, merced a unas normas laborales que
desestimulan la contratación de personal, unas absurdas reformas al sistema
sanitario y al régimen pensional, y unas perjudiciales medidas que sepultarán
en la inflación y en el déficit fiscal toda posibilidad de crecimiento
económico.
La justicia, más interesada en perseguir a los militares y a los contradictores
del régimen que en proteger a los honrados ciudadanos y resolver
oportunamente sus conflictos, se ha sumido en la parcialidad, la politización y
la corrupción. Nada han contribuido para el cumplimiento de su trascendental
tarea los inmensos presupuestos al servicio de la JEP, los organismos de
control y la Rama Jurisdiccional.
Crecen
desaforadamente los gastos estatales con aumento inconsulto de la
burocracia, y viajes faraónicos sin ninguna necesidad, salvo la de invitar
masivamente a los áulicos del régimen a hacer turismo con el dinero de los
contribuyentes. Entre tanto, se disminuyen las partidas para obras de
infraestructura que el país requiere con urgencia y para atención de las
necesidades urgentes de la comunidad.
Las
relaciones exteriores no podían caer más bajo. Desorden y
errores monumentales en la designación de diplomáticos con antecedentes de
dudosa ortografía y sin la preparación necesaria para el desempeño de sus
cargos, bajo la batuta del aliado de las FARC elevado extrañamente a dirigir
las relaciones internacionales del país. Por supuesto, la política se enmarca a
hora en cubrir los desmanes de los dictadores de izquierda como Maduro o la
defensa de los terroristas de Hamas, la alabanza al genocida Mao, la promoción
de la cocaína por encima de la explotación del petróleo, o la lucha contra el
supuesto cambio climático en el cual, en caso de que existiera, la
participación del país sería mínima.
Se ha
desterrado la inversión nacional o extranjera para crear empleo
y contribuir al desarrollo, mediante el fatídico discurso del odio contra la
clase empresarial, las amenazas de expropiación, la falta de seguridad y el
aumento de los gastos fiscales y laborales.
Temas de la más
aterradora gravedad no pueden quedar en el tintero:
¿Cómo será la vida
en Colombia a partir de la vigencia de la reforma a la salud, en la que este fundamental
servicio quede en manos de la corrupción estatal y se arrase con la
infraestructura que en la actualidad cubre casi al 100% de los colombianos?
¿Cuál será el
futuro de Colombia cuando en el anunciado acuerdo con el ELN se eleven a la
categoría de normas constitucionales todas las propuestas aprobadas en los
llamados “comité nacionales de participación”, compuestos en un 80% por
elementos de la izquierda radical, cuyas recomendaciones tienen fuerza
vinculante en el acuerdo de paz?
¿Hasta cuándo
resistirán los compatriotas la falta de justicia evidenciada en una Comisión de
Acusaciones que se niega a adelantar el proceso contra el guerrillero Petro
por exceder los límites de gastos en su campaña, el cual está sancionado con la
separación del cargo?
Si nuestra clase
política ha sido indiferente a la solución de estos cruciales problemas, como
se está demostrando día a día, no así el pueblo colombiano que sigue
manifestándose con el grito de “Fuera Petro” desde todos los rincones de
Colombia.
Todas las encuestas
en los últimos años desnudan como los entes más desacreditados al Congreso, a
los políticos y la administración de Justicia.
Es hora ya de que
actuemos según la lógica y nos desprendamos de quienes han sido responsables de
esta oscura coyuntura en que nos encontramos.
Formemos todos los
que no creemos en nuestra corrupta dirigencia política un “Frente Cívico”,
no sólo para derrocar a Petro, sino para reconstruir a Colombia,
comenzando por corregir los errores de este régimen y archivar sus
funestos proyectos. Ya las bases están concientizadas y se han tomado las
calles, los estadios, las encuestas. Esa es la solución que a todos nos une. No
hay que discutir sobre posiciones ideológicas ni modos de ver al Estado. Basta
con que corrijamos lo que está mal y elijamos nuevos líderes que nos gobiernen
pensando en el Bien Común, no en sus propios intereses.
