Por: José Alvear Sanín
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El
pasado 18 de noviembre, en el más reciente de sus frecuentes viajes para
apechugarse con Maduro, Petro asistió a la Feria del Libro Venezolano para
presentar allí su autobiografía, Una vida, muchas vidas.
De
ese libro se ha dicho que es una obra de ficción total, tan alejada de la
verdad como la versión de su autor sobre nuestra reciente historia política y
constitucional, reiterada en ese certamen con uno de sus virulentos discursos.
Para
él, la Carta es “como un libro de García Márquez, son palabras escritas que no
se aplican en Colombia (...)”.
Como
de costumbre, nadie se ha detenido a analizar esta asombrosa manifestación,
porque parecía ser otra más de las balandronadas, descaches, majaderías,
vulgaridades, inconsecuencias, tonterías, groserías, babosadas, fantasías,
delirios, extravagancias, chismes, infundios, falsedades, despropósitos, flatos
y falsas imputaciones del diario torrente de trinos que expele ese individuo.
Sin
embargo, esa afirmación reviste especial gravedad. Nadie ignora la vida al
margen de la Constitución y la Ley del guerrillero Petro, desde sus 15 años
(1975) hasta la Carta de 1991. A partir de entonces siguió una etapa de
aparente sujeción al orden legal, hasta el 7 de agosto de 2022, cuando juró
gobernar de acuerdo con la Constitución y la Ley.
Pero
si la Constitución tiene apenas la validez de un best seller de Gabo, ¿a qué se
comprometió y qué representa para él el orden jurídico? Si la Carta es una obra de ficción, el
juramento de Petro, a lo sumo, será para hacer de su gobierno otra novela,
seguramente inferior a las de nuestro Nobel.
De
por sí, lo anterior es una gravísima confesión, y lo que sigue será peor,
porque el jefe del Estado afirmó a continuación que las normas constitucionales
son “palabras escritas que no se aplican”, lo que significa que reconoce que
durante los primeros 15 meses de su gobierno la Carta no se ha aplicado...
Cuando
un funcionario público no aplica las normas obligatorias para su cargo, comete
un número imponderable de delitos. En consecuencias, el doctor Jorge Enrique
Robledo acierta denunciando penalmente a Petro por no cumplir con sus
obligaciones legales en torno a Ecopetrol, las industrias energéticas y la
atención de los asuntos fiscales anexos.
Entonces,
docenas de denuncias penales deben presentarse, porque si el gobernante no
aplica la Carta, hay centenares de obligaciones omitidas en igual número de
sectores.
Ahora
bien, cuando alguien se aparta clamorosamente de la realidad para vivir en un
mundo propio, irreal e ilusorio, no puede dudarse de que estamos ante un
problema psiquiátrico más o menos grave, pero inhabilitante en cualquier caso.
En
esa feria caraqueña del libro, Petro concluyó con una grande, veraz e
inesperada revelación: “Uno de cada cinco colombianos padecemos de
problemas mentales. Son los estudios científicos” (sic).
Si
hasta el propio Petro se da cuenta de su perturbación, ¿por qué razón Congreso,
Cortes, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría no le exigen someterse al examen
psiquiátrico correspondiente? Sería por su propio bien y por el del país, desde
luego, porque solo con el reconocimiento de la dolencia mental arrancan los
tratamientos requeridos por esos terribles trastornos.
***
La
locura es contagiosa, como ha venido a saberse por una inconcebible
manifestación del ministro de Justicia, después de desmantelar la residual
actuación de la Policía contra el microtráfico. El doctor Osuna espetó lo
siguiente para mitigar los efectos del decreto que favorece la actividad
profesional de los jíbaros:
Querida periodista, lo mejor para su hija es
que, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de
consumir droga, por qué es nocivo hacerlo, y que si decide hacerlo lo haga en
determinadas circunstancias, que lo haga en la casa, que es mejor que en
la calle.
Desde luego, en el hogar del ministro y su
esposo no se darán diálogos como el siguiente:
—Mami... vení nos fumamos un bareto...
—Ahora no, mi amor, estoy muy ocupada
preparando el almuerzo, ¡pero a las 3:00 nos traen un Fentanilcito muy
bueno...!
Pensar que la orientación maternal es
preferible al consumo en los parques, es la luminosa intuición del ministro,
cuyo decreto libera los espacios verdes de toda restricción para el consumo de
psicotrópicos, y, por extensión, infiero, para otras actividades hasta ahora
rechazadas por la totalidad de las sociedades y culturas. Siguiendo lo que se
conoce del pensamiento de este ex catedrático de derecho en el externado, los
alcaldes podrán señalar horarios para permitir ciertos actos en zonas
determinadas.
Supongo, entonces, que un alcalde progre
tendrá que prohibir a los menores el acceso a los parques en las horas
autorizadas, por ejemplo, para el esparcimiento de jíbaros, pederastas y
pedófilos..., no sea que por imprudencia, irresponsabilidad o desatención a la
reglamentación horaria, resulte responsable de una violación.
