.jpg "José Alvear Sanín")
Si de los 456 días de
Petro en el cargo se descuentan los 91 de la “agenda privada” (la cuarta parte),
quedan 366 con una evacuación diaria promedio de tres trinos, para un total de 1.095
chispazos signados por aquello de “tirar la piedra y esconder la mano”.
No dudo de que esa
eyaculación de material intelectual de desecho sea merecedora de un récord en
el Guinness Book, pero no para ahí mi admiración, porque esa ingente producción
de ripios le ha servido no solo como desahogo para su surmenage. también,
con esa continua deposición, causa un preocupante efecto político que mantiene distraído
al país. Así los colombianos, entre indignados y burlones, no registran el
diario incremento en el pie de fuerza subversivo (guardias campesinas,
disidencias, guerrillas, jóvenes de paz, narcoparacos).
De esta manera el Gobierno
prepara el zarpazo, destruyendo entretanto, con éxito, las instituciones
mediante la irrigación ilimitada de mermelada para voluntaria ingesta
parlamentaria...
A las utilidades
terapéuticas y políticas de esos diarios excesos verbales se suma la
originalidad y variedad de los pronunciamientos, porque Petro ni se repite ni
deja de sorprender. Sus trinos son escandalosos, pero el más reciente supera
siempre al anterior. Su autor nunca deja decaer el nivel abusivo de sus
comentarios, de tal manera que resulta imposible seleccionar el peor o
descubrir alguno que sea inocuo o carente de bilis o de mala leche.
Por tanto, lo mejor es
ignorar esos trinos para estar atentos a las actuaciones profundas, también
diarias y tendientes a la consolidación del proceso demoledor en el que está
empecinado.
Sin embargo, hoy debo
referirme al enfrentamiento entre Presidencia y Fiscalía, suceso insólito en la
historia, y no solo de la de Colombia, porque en ningún país es imaginable que
el jefe del Ejecutivo acuse a la Fiscalía de participación en el
narcotráfico... ¡y que nada pase! ¡Ni en la más triste banana republic,
ni en la más primitiva del África es concebible un episodio de tal indignidad!
Petro no solo insinúa
que se ha utilizado el ente acusador para “exportar cocaína y proteger
delincuentes en Buenaventura”, sino que también ha señalado a la vicefiscal
Mancera como colaboradora del narcotráfico, afirmaciones que, por venir de un
individuo con amplísimos e inocultables conocimientos personales sobre el
tráfico de estupefacientes, merecerían credibilidad, si quien las lanza no
fuera famoso por ser tan economic with the truth, como dicen los
ingleses.
No basta pues con los
seis irrefragables puntos del comunicado de la Fiscalía sobre su acción contra
el narcotráfico en Buenaventura, que se resume en 336 detenidos, incautación de
68 toneladas de cocaína y extinción de dominio sobre 1.715 bienes avaluados en
1.5 billones, mientras en los últimos quince meses el Gobierno recorre la senda
denunciada por el expresidente Pastrana Arango.
La verdad es que, si
las afirmaciones de Petro son, como dice el fiscal Barbosa, falsas y
tendenciosas, serían también fronterizas con el delito de falsas imputaciones
y, por lo tanto, ameritan la iniciación del proceso penal correspondiente. Si
Petro tiene información sobre conductas punibles de funcionarios de la
Fiscalía, está obligado a poner en conocimiento de las autoridades judiciales (no
de las redes sociales) todo lo que sabe de ellos (con sus nombres y apellidos),
en vez de dedicarse a la maledicencia con propósitos políticos tan obvios como
inconfesables, porque, además, si no lo hace, incurre en encubrimiento.
No ignoro que la
tipificación de los delitos de falsas imputaciones de injuria y calumnia y de
encubrimiento es compleja, pero no he vivido episodio más bochornoso que el que
comento, y que no puede quedar apenas como un ejemplo más de la vulgaridad y la
desfachatez de quien nos desgobierna. La Fiscalía no puede pasar de agache
frente a esa actuación absolutamente inadmisible de Petro, que nos presenta
ante el mundo como el peor Estado y el más corrupto.
***
Si en lugar de dejar
solo al doctor Pastrana Arango en sus contundentes e indiscutibles denuncias,
los otros jefes políticos las apoyaran, las instituciones volverían a operar y
el gobernante indigno e ilegítimo sería destituido al quedarse sin el apoyo tácito
de quienes están mas obligados a defender el orden constitucional.
