La fecha del 3 de agosto de 2023
pasará a la historia con la noticia del año: La confirmación del monumental
fraude cometido en las elecciones presidenciales para la elección de Gustavo
Petro como presidente de los colombianos.
Toda clase de triquiñuelas fueron
empleadas por la extrema izquierda en su torvo afán de apoderarse del Gobierno
para convertir a Colombia en otra esclava del socialismo del Siglo XXI.
Por boca del mismísimo hijo del
presidente espuriamente elegido se supo del ingreso de enormes sumas de dinero
a la campaña presidencial que eligió a Petro como presidente y a la Márquez
como vicepresidente, no declaradas ante las autoridades electorales y en
flagrante violación de los topes de gastos establecidos por la Ley.
Tan pronto se conoció la noticia ha
empezado a propagarse un sentimiento de indignación generalizado en la
población colombiana. Todas las denuncias que sobre el particular se han
formulado son ahora confirmadas nada menos que por un hijo del presidente,
encargado por este de la labor de recaudar dineros para su campaña.
Las consecuencias políticas de los
testimonios de Nicolás Petro y de su actual esposa son de una gravedad
insospechada. Para empezar, es una evidencia más que refuerza el juicio
político por indignidad incoado por el jurista José Manuel Abuchaibe.
No podrán los miembros de la Comisión
de Acusaciones de la Cámara de Representantes ignorar tan contundentes pruebas
so pena de incurrir en el delito de prevaricato.
Se viene, como lógica consecuencia, la
destitución del presidente de manera fulminante y el envío de copias de todas
las evidencias incriminatorias para la investigación penal y el juzgamiento de
los presuntos implicados en actividades criminales derivadas del ingreso de
dineros ilícitos a la campaña.
Habrá que convocar a nuevas elecciones
pues no es posible seguir engañando a los electores manteniendo un régimen
completamente descalificado por su espurio origen.
Quienes en forma patriótica y
espontánea vienen participando en marchas y plantones contra el tiránico
régimen y sus absurdas reformas, tendrán ahora la misión de exigir el cambio
inmediato del Gobierno.
Los dirigentes políticos que hasta hoy
se han abstenido de apoyar el juicio político, deberán tomar la decisión de
apoyar de una buena vez el regreso al Estado de derecho y la defensa de la democracia,
en lugar de guardar cómplice silencio con el régimen de la mentira y la
criminalidad.
Las fuerzas armadas y de policía no
tendrán otra alternativa que respaldar la constitucionalidad y las legítimas instituciones,
y defender las legítimas demandas del pueblo que es, en definitiva, quien
ejerce la soberanía en la Nación.
Ya está bien de tibiezas, cobardes
posiciones ante el delito, y tolerancia con las violaciones de los derechos fundamentales
de los colombianos. Quien no esté con la legalidad y la democracia, no tendrá
cabida en el país que los “colombianos al rescate” queremos reconstruir.
Por fin se destapó la verdad que nos
hará libres. Como decían mis ancestros que ejercían la noble labor de la
arriería en las montañas de Antioquia: “Levantando la enjalma se ven las
peladuras”.
