.jpg "Luis Guillermo Echeverri Vélez")
(Ensayo conceptual – Serie: En defensa de la
legalidad)
Objetivo. Este corto ensayo es una invitación
abierta a la reflexión en procura de encontrar formas de mejorar nuestras
democracias y preservar su institucionalidad. (Lo expresado en este texto
solamente compromete al autor).
Conclusiones. Esperemos que surjan en toda la región
Iberoamericana y caribeña nuevos liderazgos públicos y gremiales, desprovistos
de ideas preconcebidas, de vicios filosóficos e ideológicos, innovadores,
capaces de hacer el bien con la utilización ética de las nuevas tecnologías
enfocadas en promover el desarrollo socio-económico sostenible, y que los
gobiernos de los Estados Unidos algún día entiendan la importancia de
considerar dentro de sus prioridades y políticas de Estado a Latinoamérica,
haciendo honor a la relación cultural, económica que ha existido entre las
naciones de todo el hemisferio desde que se inició la construcción de nuestras
democracias, y la importancia de trabajar unidos por la liberación de la
opresión que viven los pueblos cubano, nicaragüense y venezolano.
En el caso de Colombia, unidos por los
principios que nos enseñaron en la casa, exigiéndole honestidad a quienes
aspiren a ser nuestros líderes, las mayorías aún estamos a tiempo de evitar que
se pierda la institucionalidad democrática cuando la confrontación entre en
nuestras familias y en nuestros hogares. Algo que ya pasó en el siglo pasado.
Desarrollo. A causa de la puesta en marcha de la
teoría del caos como resultado de la fusión entre la ideología socialista y el
narco-comunismo con que se gobiernan las camufladas autocracias neo-populistas
contemporáneas especialmente en Iberoamérica, en medio de una inmensa
desconfianza social generalizada, los valores democráticos están agotándose en
todo Occidente.
La confianza es el combustible de toda economía
y es el factor que habilita la inversión y genera más emprendimientos, más
empleo, crecimiento del producto interno y la formación de capital bruto; es la
condición que determina el volumen y la velocidad del aporte del sector privado
a la economía.
La confianza es, en esencia, el sentimiento
colectivo de los ciudadanos y los mercados, y sólo se genera mediante la
percepción positiva del riesgo que estriba en la estabilidad jurídica que
ofrezcan la legislación y la forma en que se comporten un jefe de Estado y su
gabinete, al cumplir con responsabilidad el encargo que les confió la
ciudadanía: respetar la ley para facilitar el desarrollo socioeconómico y la
formación bruta de capital (emprendimiento), en función de garantizar empleo y
bienestar a la ciudadanía.
La confianza nace del buen manejo técnico de la
cosa pública, de la formación de políticas de Estado serias, sólidas y
sostenibles, no de la improvisación, la impredecibilidad, la politiquería o la
violación constante al juramento de defender y hacer cumplir la Constitución y
las leyes, que es a lo que se comprometen quienes acceden al poder,
independientemente de cuánto hayan prometido o mentido para llegar a su
posición, y de cómo se les dé la gana de interpretar la ley.
Recordemos que está totalmente demostrado que
sin una actividad económica privada dinámica y pujante, ningún Estado puede
pagar el costo del progreso de la ciudadanía, y que los factores que más
desconfianza generan son la inseguridad física, la inseguridad jurídica, la
polarización ideológica, el empobrecimiento colectivo y el control de las libertades
sociales en manos de gobernantes populistas, motivados por intereses corruptos,
ambiciones personales o preconcepciones ideológicas revolucionarias.
Para demostrar que existe una correlación
inversa entre la confianza y la polarización, sea ella mediática, social,
política o ideológica, de la cual se valen los gobernantes egocéntricos y
populistas, me remito al “Edelman Report - 2023”, una encuesta internacional
realizada desde 2001 consultando a un grupo significativo de empresarios a lo
largo de muchos países sobre cuál es el factor de preocupación que más afecta,
año a año, la confianza ciudadana, con el fin de sacar un indicador nacional y
global.
Pues bien, en la versión 2023, los encuestados
hablaron de “navegar en un mundo polarizado” como el factor que más les
preocupa, y este problema lo clasifican en cuatro grupos a saber: Baja
Polarización, Polarización Media, Alta Polarización y Polarización Extrema, resultando
Argentina, Colombia, los Estados Unidos, España, Suráfrica y Suecia, como los
países donde los encuestados dicen que ya existe una “polarización extrema o
irreversible completamente irreconciliable”.
Como vivimos en una era digital que multiplica
exponencialmente la información y las narrativas, resulta sensato pensar que la
“polarización extrema” es la nueva forma de guerra civil entre bandos con
posiciones contrarias.
Esta tesis se basa en la realización de una
correlación lógica entre la forma en que esa polarización extrema pulveriza la
confianza en la economía, la coherencia y consistencia de las actuaciones del Gobierno
y los gobernantes, y la forma en que toda la comunicación digital, (T.V.,
radio, redes sociales y medios visuales o impresos), afectan el comportamiento
colectivo.
Hoy, cuando el filtro editorial y la curaduría
prácticamente desaparecieron de los medios digitales masivos, los datos que
arroja la escucha en redes sociales demuestran cómo la formación de la opinión
pública pasó de crearse en un espacio racional, a ser el producto de la
explosión en tiempo real de reacciones masivas, que ya no son elucubraciones
informadas sobre la base de opiniones sensatas y pruebas de autenticidad de lo
que se publica, sino que están marcadas por acciones inmediatas o automáticas
motivadas por los sentimientos y, por tanto, son impulsos que pueden llevar a
individuos y masas a conductas violentas, sean ellas físicas, verbales o una
combinación de ambas.
Por lo anterior, creo que las guerras civiles
en esta era digital, difieren de las de épocas anteriores, en que los campos de
batalla ya no son solamente las calles o la ruralidad, sino, ante todo,
sistemas o plataformas llenas de violencia digital y de posiciones extremas
marcadas por intolerancia escrita y verbal que nacen de cambios dramáticos en
la escala de valores de las personas, las familias o del colectivo con relación
a una narrativa o información, ante la cual, las personas reaccionan de forma
apasionada sin reflexionar sobre la autenticidad o conveniencia de lo que leen,
ven o escuchan.
Hoy todo tipo de personas, cultas o ignorantes,
ven o escuchan un mensaje o un titular y reaccionan, reenviando, escribiendo u
opinando sin pensar; y la generalización de estas conductas afecta el debido
funcionamiento institucional en un Estado de Derecho. Algo inevitable pero que
demanda sindéresis.
Sin duda en Argentina, España, Suráfrica e
incluso en los Estados Unidos, las sociedades están viviendo un fenómeno de
polarización extrema. Pero a mi juicio en el caso de Colombia, este fenómeno es
aún mucho más grave desde que la definición de paz se desconectó del grado de
cultura y educación que requiere una sociedad, para tener una convivencia
urbana y rural segura y sostenible que beneficie a todos los ciudadanos que
cumplen con sus obligaciones, en lugar de mecanismos para garantizarle impunidad
y privilegios solamente a los criminales.
Ese grado extremo de polarización actual en
Colombia es el producto de la irresponsabilidad con la cual la sociedad entera,
con la complicidad de los medios de comunicación, ha permitido el abuso del
ejercicio politiquero del poder en función de intereses personales e
ideológicos, favoreciendo la consolidación de la cultura mafiosa que nos
imprime el dinero fácil y todos los problemas asociados al narcotráfico.
En conclusión, hoy podemos decir que cuando un
país es considerado por sus ciudadanos como que ha llegado a niveles de
“polarización extrema”, cruzó el punto de no retorno, pues la diversidad de
opiniones y posiciones ya no es reconciliable, ya que quienes las defienden no
están dispuestos a ceder y a llevar sus ideas y concepciones, sean ellas
auténticas o falsas, hasta las últimas consecuencias.
No hay duda de que ya en el ciberespacio
colombiano, hay una guerra civil digital ideológica y una amenaza real a la
institucionalidad democrática, acompañadas de un incontenible incremento de la
violencia entre bandos criminales que compiten por territorios en los campos, y
que está a punto de explotar en las áreas urbanas mediante la formación de
milicias, hoy auspiciada por el Estado. Resulta vergonzoso que desde 2018 sea
el actual jefe del Estado y varios de los actores políticos asociados a su
forma de pensar, los agitadores digitales de la violencia física que vive el
país.
