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La situación de
seguridad en Colombia, a comienzos de este 2023, sigue complicada a pesar de la
anunciada paz total. Una contraorden del Ejecutivo, firmada por el presidente y
su mindefensa, manda de nuevo a los militares a cumplir con la misión para la
que han sido entrenados: atacar al ELN. No sabemos si es una retaliación o una
intimidación o una advertencia. Y mientras los militares “planean” qué hacer,
los policías no la están pasando mejor. La institución ha difundido por las
redes la inconformidad de 3.000 agentes llamados a presentar un examen del
Icfes, organización que reconoció a través de un comunicado de prensa que:
“se dispuso de la respectiva verificación del proceso, identificando el pasado
5 de diciembre una falla técnica en el cargue y procesamiento de una de las
variables…”. También son los casos de los policías que abandonaron estación
en San José de Urama, Dabeiba, Antioquia, por falta de garantías para su
seguridad y los de Policarpa, Nariño, quienes permanecen encerrados en su
cuartel debido a la presencia de hombres y mujeres armados de alguna de las 19
estructuras que delinquen en ese departamento. En solo 11 días de enero ya se
han registrado por lo menos 3 masacres en Nariño, Cauca y Cesar, sin contar los
sicariatos urbanos y el abortado intento explosivo contra la vicepresidenta.
En Perú, Dina
Boluarte prohibió el ingreso de Evo Morales por
«intervenir» en los asuntos de política interna del país. El año pasado, el
parlamento derechista declaró al inca persona non grata por promover una
salida al mar de su país, a través del sur peruano. Puno, la zona aymará
peruano-boliviana, se ha convertido en epicentro de las protestas y desde allí
se proyecta una marcha hacia Lima. En Juliaca, ya son unos 18 los muertos
por choques entre manifestantes y fuerzas del orden durante un intento de
ocupación del aeropuerto local. Los bloqueos de carreteras en seis de los 24
departamentos del país, incluyendo zonas turísticas como Puno, a orillas del
lago Titicaca, Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Tacna y Apurímac, persisten. Las
movilizaciones nacionales acumulan unos 50 muertos en casi un mes y los reclamantes
demandan el cierre del Congreso, la renuncia de Boluarte, una asamblea
constituyente y nuevas elecciones.
No lejos de allí, en
la Media Luna boliviana, la protesta cívica continúa en Santa Cruz, Pando, Beni
y Tarija, debido a la captura y condena inicial del gobernador cruceño Luis
Fernando Camacho, acusado de terrorismo y rebelión I, tres años después de que logró defenestrar a
Morales, esgrimiendo una biblia y una carta de renuncia presidencial redactada
por él mismo. Tuvo el apoyo militar. Como en Perú.
En Brasil, el
vandalismo contra los símbolos de la democracia, rechazado por todos los
gobiernos del mundo; en Venezuela, tres parlamentarias opositoras de un
simbólico parlamento elegido en el 2015, acusadas de “… traición a la
patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales” y en Santiago la «incapacidad
administrativa» de la comunista Irací Hassler que ha disparado los índices
delictuales, sin mencionar el sur de ese país. Parecido a Nicaragua en donde los
religiosos son reos de rebeldía.
En Colombia, como
en Perú, solamente una FFPP sólida, con moral y cumpliendo con sus deberes
constitucionales, nos garantizará lo básico: nuestra seguridad pública y
ciudadana.
