El soldado voluntario Mario Antonio Palacios, fue deportado
de Jamaica a Colombia y en su escala en Panamá se entregó a las autoridades
norteamericanas. A estas horas ya debe estar en Miami. Está señalado de ser
parte del grupo de militares retirados que supuestamente ejecutó al presidente
haitiano Juvenel Moise el 7 de julio del 2021. Y digo supuestamente, pues la
prensa nacional de Colombia, un senador norteamericano y hasta un hijo del
mandatario caído, declararon que los militares llegaron horas después de que se
hubiera cometido el homicidio. El exprimer ministro Claude Joseph manifestó que
a Palacio no lo extraditan a Haití, porque no existe ninguna prueba de su
participación en el eventual complot. Un inexperto y asustado magistrado,
adelanta el proceso que hasta el momento es poco claro.
¿A quién les interesa?
El magnicidio causó un remezón en las relaciones
diplomáticas de los dos países y el gobierno actual solventó el asunto de
manera simple, condenando desde el principio a los colombianos involucrados en
el hecho, sin ningún tipo de consideración ni discriminación, aunque con el
tiempo, se han venido mostrando visos y matices necesarios de entender y
aceptar. En lo de Haití están involucrados narcotraficantes, según el New York
Times, contrabandistas de armas, intereses de la oligarquía, al decir de la
viuda del muerto, magistrados corruptos, poderosas bandas del crimen organizado
y empresarios al interior y al exterior de la isla, todo un galimatías de marca
mayor que pone en entredicho la noticia inicial de una escuadra de mercenarios
asesinos colombianos entrenados por la DEA, la CIA y el Comando Sur. Así
Miraflores haga eco de estas especulaciones, sencillamente los hechos no
cuadran con las hipótesis.
6 meses después del asesinato a manos de la corrupta
policía haitiana, de dos suboficiales colombianos, entre quienes figura el sargento
viceprimero Duberney Capador, reclutador de todo el grupo y enlace con la
compañía de seguridad privada norteamericana CTU Security con sede en Miami,
los 18 detenidos en la penitenciaria nacional de Puerto Príncipe no cuentan con
ningún tipo de asesoría legal formal, en franca violación de la Carta
Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Así lo planteó la Asociación Colombiana
de Oficiales Militares Retirados, Acore, en documento escrito entregado en la
pasada 51ª. sesión ordinaria de la OEA, organismo del cual es consultor
registrado, pidiendo garantías procesales y protecciones especiales durante
todo el juicio.
¿Qué dirá Palacios?
Mientras lidiamos con cientos
de desplazados haitianos que permanecen días y semanas en Necoclí, Antioquia,
del lado de acá, de la frontera panameña, esperando su turno de un mejor
futuro, “el asesinato del presidente de Haití está lleno de agujeros negros,
de intereses turbios, de clamorosas mentiras ¿Les interesa a los lectores de
esta revista averiguarlas? ¿Sienten alguna compasión por el sufrimiento de sus
compañeros caídos en desgracia?”, nos reclama la periodista Salud Hernández
en su artículo para la Revista anual de Acore del pasado noviembre de 2021, página
64 de la edición 132. La Asociación de Oficiales Retirados, lo manifestó en su comunicado
del 8 de julio del 21 y lo evidenció después de que su enviado, abogado y capitán
de la reserva Héctor Forero, visitara en la capital haitiana a los detenidos,
el 29 del mismo mes.
Con los militares soportando duras condiciones carcelarias,
sin ningún tipo de efectiva defensa legal, la Fundación para la Defensa y
Representación de la Fuerza Pública y sus Familias, Funderef, dirigida por la
abogada Lorena Lázaro Ocampo, desarrolla una intensa campaña en redes sociales
buscando no solo recoger fondos para la defensa de los nacionales, sino para explicar
por todos los medios posibles los hechos que siguen siendo confusos. Tan
enredados como que el pasado 1 de enero el presidente en ejercicio Ariel Henry
salió ileso de un tiroteo cuando participaba en el 218 aniversario de la
Independencia de ese país en la ciudad de Gonaives. En ese mismo evento, murió
un civil y otros resultaron heridos.
Funderef continúa con los esfuerzos logísticos de apoyo a
los detenidos, en cabeza de la esposa del teniente coronel Guerrero, oficial
retirado más antiguo del grupo, y Acore mantiene dentro de sus prioridades el
caso de Haití.
