Hace 211 años que
celebramos unidos un grito de independencia. Como la hemos tenido, ahora no la
valoramos y una minoría violenta quiere romper el equilibrio democrático entre libertad
y orden, que garantiza equidad y justicia en el ejercicio de la legalidad.
Como hice parte de la
directiva de entidades internacionales, no me cuesta reconocer que sus
burocracias también se equivocan y son sujeto de contaminación ideológica que
desvirtúa su loable propósito. Diga lo que diga la CIDH, el reconocimiento del
derecho a la protesta, sin garantía ni penalidad en caso de resultar en un
abuso de los derechos fundamentales de todo ciudadano, representa el camino más
corto a la anarquía.
El reconocimiento
constitucional del derecho a la protesta pacífica, pierde toda validez cuando
está asociada a paros y bloqueos que vulneren otros derechos, afecten la
libertad de movilidad y el abastecimiento de bienes y servicios, se efectúen
mediante amenazas y actos terroristas, daños a la propiedad pública o privada,
agresiones físicas a personas, ataques contra la fuerza pública, violencia
ciudadana, vandalismo, asonadas, incendios y destrucción de infraestructura,
con las consecuentes pérdidas económicas y en general cuando las protestas
resultan asociadas a cualquier acto que sería punible cuando un individuo obra
en solitario o por su propia cuenta.
El derecho a la
protesta debe estar antecedido del cumplimiento de las obligaciones ciudadanas
de acuerdo con la ley[1].(*)
En medio del lamentable
silencio de gobiernos democráticos, organismos y organizaciones internacionales,
las protestas en Cuba están plenamente justificadas por 60 años de opresión
dictatorial comunista y represión de todas las libertades y derechos
existentes. Igualmente, representan el último recurso en países como Venezuela
y Nicaragua, causadas por décadas de destrucción de valor y valores, se remiten
a realidades de descomposición, miseria y empobrecimiento, a manos de regímenes
totalitarios disfrazados ideológicamente.
Y estas protestas en
contra de las dictaduras, de ninguna forma validan las que se han vivido
recientemente en Barcelona, Estados Unidos, Chile o Colombia. Por el contrario,
devalúan y desvirtúan la falsa narrativa populista que se le vendió al mundo
como un justiciero y loable propósito.
En el caso de las
manifestaciones de protesta en Colombia y la violencia asociada a las mismas,
se han ignorado todas las reglas de convivencia en pandemia, generando miles de
contagios y muertes innecesarias.
El problema de los
abusos a las libertades de toda una nación, no es asunto de filosofías
ideológicas, ni del grado de qué tan liberal o conservadora sea la forma de
pensar de quienes las expresen, son atentados contra los principios que
comprenden la legalidad en la que tenemos que convivir como seres civilizados.
En democracia no se
vale adoctrinar indefensos por fuera de los valores intrínsecos a la misma. Ni
movilizar masas con un discurso engañoso. Menos pagar delincuentes y azuzar
inconformes e ignorantes para que con violencia se encarguen de sembrar terror,
desconfianza e incertidumbre, destruyan vidas, la economía, bienes e
infraestructuras que mantienen las empresas privadas, los empleos y los
ingresos de los que dependen los ciudadanos.
Tampoco se vale
mentirle al mundo para validar los intereses cobardes del populismo, afines a
un socialismo del siglo XXI, que no han podido aceptar que, ni todos podemos
vivir del Estado, ni que las organizaciones criminales narco-comunistas, que se
quieren tomar el poder por medio de la combinación de todas las formas de
lucha, no pueden ser quienes habiendo cometido crímenes de lesa humanidad
participen en el proceso legislativo y de control político democrático.
Criticar es simple.
Destruir es fácil. Construir valor, sociedad, cultura y civilización, es tarea
para líderes, gobernantes y comunicadores ejemplares. Honremos hoy con respeto
la libertad.
Anexo. Terrorismo digital asociado a las protestas en
Colombia.
Durante más de 20 días
me he dedicado a hacer un análisis técnico comparativo de varias herramientas
digitales cuantitativas disponibles en el mercado (SML - Escucha de Redes
Sociales). En un periodo observado de abril 25 a mayo 20 de 2021, los
resultados demuestran la narrativa que se construyó en más de un 95% desde
Twitter, y estuvo concentrada en que el Estado, que no fue el agresor, era
quien atacaba violentamente a la ciudadanía colombiana en franca violación de
los Derechos Humanos.
La narrativa sobre
“Violencia Estatal” estuvo asociada a sucesos en Cali, intervención de
organismos internacionales (ONU), críticas de oposición política al gobierno de
Duque y acusaciones a Uribe. Luego pasó de estar asociada “propuestas
ciudadanas”, a actividades de Anonymus (Ciber-ataques & cierre de twitter),
actuación del gobierno, asociación con Venezuela, censura en internet y apoyo a
Duque.
Más del 80% de las
cuentas observadas, interactuaron con los usuarios de redes de comunidades
activistas supuestamente defensoras de Derechos Humanos y políticos de
izquierda. Y aproximadamente el 60% de la conversación general estuvo asociada
a violencia.
Unos veinte mil
usuarios o el 1 % de la conversación total de la red presentaron alta actividad
anómala, un promedio de 3 publicaciones por segundo pero generaron
aproximadamente el 40 % de la conversación, que fue cercana a los 10 millones
de comentarios, de los cuales, el 85 % acusaron al gobierno y a la fuerza
pública de la violencia en las manifestaciones, amplificaron internacionalmente
una narrativa de crisis socio-política validada por mensajes de apoyo de todo
tipo de celebridades, mientras solo el 10 % de los comentarios favorecían al
gobierno y a la ciudadanía indefensa ante bloqueos, violencia y asonadas, estratégicamente
planeadas con el auspicio de organizaciones criminales.
La narrativa fue
difundida principalmente por twitter.com y amplificada exponencialmente por
cuentas anónimas o impersonales, Trolls y Robots fabricados con código por
mercenarios mediáticos, como el caso de Yac News asociado con Anonymus
(ciberataques), por sistemas masivos de distribución de información venezolanos
y rusos como TeleSur, Marzo4F.com controlado por Diosdado Cabello y rt.com
(RusiaTV), de los cuales se nutren rutinariamente otras agencias noticiosas y
medios internacionales como El País, The New York Times, The Washington Post,
CNN, BBC, etc. Las noticias y opiniones que difunden comentaristas radiales,
televisivos y mediático-digitales colombianos se dedican a expandir esas versiones
informativas, en muchos casos sin validar su autenticidad y veracidad.
Las herramientas
analíticas registran que el origen de dicha narrativa proviene especialmente
del twitter de senadores de oposición plenamente identificados, de sus grupos
de trabajo digital, y de medios internacionales más distribuidos por usuarios
anómalos, desde Venezuela, Colombia, Alemania, Rusia, España, Francia, USA, e
Inglaterra; siendo los 10 más distribuidos: el medio Bolivariano marzo4f.com,
elespectador.com, eltiempo.com, semana.com, france24.com, wradio.com.co,
dw.com, cnnespanol.cnn.com, cuartodehora.com, elpais.com, y las plataformas más
utilizadas fuera de Twitter, Youtube.com, Facebook.com, Instagram.com.
Las consignas o hashtags
relacionas con el paro en todo el país, difunden en su mayoría videos asociados
a manifestaciones y violencia policial. Los de mayor impacto inicial, fueron:
#SOSColombiaDDHH y #ColombiaEnAlertaRoja. Se observaron picos incrementados por
menciones de políticos y analistas como los de los días 14 y 15 de mayo creados
por la noticia falsa de una supuesta agresión sexual de miembros de la policía
contra la menor Allison Meléndez, #SOSpopayan, #ParoNacional, #PrimeraLínea,
etc., seguidos por otros contra los escuadrones antidisturbios de la fuerza
pública y contra el gobierno: #DuqueRetireLaReformaYa, #EstadoAsesino,
#NosEstanMatando, #DuquePareLaMasacre, #DuqueMandoAMatarnos,
#DuqueNarcoParacoYAsesino, #IvanDuqueAsesino, #IvanDuqueRenuncie, etc.
La conversación
asociada a un “Golpe de Estado” dentro de una supuesta “crisis socio-política
en Colombia”, #golpedeestado, se dio entre más de 50,000 usuarios que la
multiplicaron más de 100,000 veces, en su mayoría cuentas de activistas de
DDHH, y se originó principalmente en Twitters de Gustavo Petro, quien comparó
el Gobierno de Duque con el de Pinochet en Chile, y en asociación de otras
cuentas circularon la falsa idea de que Álvaro Uribe está desestabilizando la
población para dar un golpe de Estado contra Iván Duque. De otra parte, algunas
cuentas conservadoras hablaron de un posible golpe de Estado por parte de Petro
en alianza con sectores de la izquierda y el narco-terrorismo.
En cuanto a los 10 usuarios más influyentes en la conversación general, están las cuentas de: @IvánDuque, @DiegoMolano, @ONUHumanRights, @GustavoPetro, @GustavoBolivar, @Col_Informa, @Contagioradio1, @CIDH, @IvanCepedaCast, @JMVivancoHRW.
[1] (*) Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 2. “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
