- No más noticias falsas, digamos la verdad.
Pedimos ayuda a todos los colombianos y a los amigos del
país que viven en el exterior, a nuestros embajadores, a los cónsules y
conciudadanos.
Por favor contactemos por redes, por medio de llamadas
directas, e-mails o cartas a medios, periodistas, representantes políticos
locales y a influenciadores digitales para que les expliquen lo que realmente
está pasando en Colombia.
Hoy una sumatoria de violentos incitados por propaganda y
dineros subversivos, sube a las redes información falsa contra la policía y el
gobierno de Iván Duque, nos inundan de noticias falsas e historias a medias que
luego activistas en redes, corresponsales y agencias de medios, HRW y hasta la
ONU, se apresuraron a difundir, sin analizar la verdad de lo que acontece,
generando oleadas de enunciados sobre percepciones falsas que a la vez
desencadenan violencia, brutalidad digital y multiplicidad de ciberataques.
Las protestas en Colombia son en su gran mayoría violentas
y destructivas, y organizadas con el propósito de destruir valor y crear pánico
y más inseguridad ciudadana. El Comité del Paro, es una fachada para encubrir
actividades destructivas, terroristas y subversivas contra la sana convivencia
ciudadana y el estado de derecho.
Los disturbios son financiados por el narcoterrorismo y
están inspirados por el movimiento “Colombia Humana” liderado por Gustavo Petro
(ver: M-19), cuyo objetivo es la toma del poder por medio de actividad política
fundamentada en la protesta ciudadana, quien está acompañado de otros líderes
que fueron guerrilleros y por narcoterroristas autores de crímenes impunes de
lesa humanidad, que fueron llevados al parlamento por el fallido proceso de paz
de Juan Manuel Santos con las FARC.
Están además infiltradas en la organización de actividades
terroristas, el G-2 Cubano, pandillas conectadas con el régimen comunista
venezolano, y milicianos urbanos narco-terroristas de las FARC y ELN, liderados
por los prófugos de la justicia colombiana que operan todo tipo de actividades
criminales desde territorio venezolano y por las llamadas disidencias de las
FARC-EP, que se identifican como “Movimiento Bolivariano” y que están apoyados
por el dictador venezolano Nicolás Maduro y el líder Diosdado Cabello.
Los disturbios y actos de violencia destructiva urbana y
sitio estratégico para desabastecimiento e inmovilización de las grandes
ciudades colombianas hoy son apoyados por los alcaldes de Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena, Santa Marta, Zipaquirá y otras ciudades que se suman a una
extrema izquierda vinculada a organizaciones crimínales que operan y actúan
como guerrilla urbana.
Entre las organizaciones dedicadas a pagar jóvenes para
cometer actos vandálicos y linchar y matar policías se destacan el nuevo JM-19,
el sanguinario ELN y Las FARC-EP que resurge con fuerza y que, como se dijo
antes, hoy cuenta con representantes, miembros activos en el parlamento,
utilizando lo que siempre han pregonado como: la combinación revolucionaria de
todas las formas de lucha por el poder.
Las manifestaciones que se presumen pacíficas sólo cuentan
con un pequeño grupo de marchantes que protestan por un sentimiento genuino de
inconformidad. Los grupos guerrilleros organizadores respaldados por dineros
ilícitos amenazan líderes sindicales y líderes de gremios transportadores y de
otras profesiones, obligándolos a participar o pronunciarse en favor de los
paros.
La realidad es que, con dineros sucios de FARC, ELN y
narcotráfico, pagan y movilizan comunidades indígenas, jóvenes pandilleros urbanos
organizados en grupos de vándalos dedicados al microtráfico de estupefacientes,
que con el fin de destruir la funcionalidad de las ciudades, atacan
sistemáticamente objetivos estratégicos como el transporte masivo, los puntos
de fácil suspensión del tráfico vehicular y la destrucción de centros de
servicios comunitarios como bancos, supermercados, tiendas, centros comerciales
y centros de salud.
Defendamos a Colombia y sus ciudadanos de bien, y apoyemos
a un presidente y un gobierno honorable, trabajador y bien intencionado, que se
ha dedicado a construir con ejemplo de sensatez y mesura, una cultura de la
legalidad y a respaldar un empresariado que genera y mantiene empleos en medio
de la gran crisis por la cual atraviesa en mundo debido al COVID-19.
Promover e incentivar marchas, actividades y congregaciones
masivas pacíficas o violentas en medio de la emergencia pandémica por la que
pasa el país no solo es un acto inhumano e irresponsable, es doloso y
delictivo.
