Como si las asignaciones del poder judicial, con millones de expedientes atrasados, salvo los que se fallan en cuestión de horas para favorecer políticamente a la extrema izquierda, no fueran ya excesivas y superiores a las de los demás funcionarios públicos, el Gobierno, en medio de la más pavorosa crisis fiscal, dicta el decreto 272 de marzo 11 / 2021. Tomo de la revista Ámbito Jurídico la información correspondiente:
(…) establecer una prima especial
equivalente al 30 % del salario básico para los siguientes altos servidores de
la justicia:
- Magistrados de todo orden de los tribunales
superiores de distrito judicial y contencioso administrativo.
- Magistrados de los consejos seccionales de la
judicatura.
- Agentes del Ministerio Público delegados ante
la Rama Judicial.
- Jueces de la República.
- Magistrados y fiscales del Tribunal Superior
Militar.
- Auditores de guerra.
- Jueces de instrucción penal militar.
- Fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de
Justicia.
- Fiscales delegados ante tribunal del distrito,
ante jueces penales de circuito especializados, ante jueces del circuito,
ante jueces municipales y promiscuos.
La norma
indica que:
(…) la prima será adicional a la
asignación básica correspondiente a cada empleo, se pagará mensualmente y únicamente constituirá factor salarial
para el ingreso base de cotización del Sistema General de Pensiones y del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En ningún caso los ingresos
totales anuales de los servidores que tengan derecho a la bonificación podrán
superar el 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas
cortes.
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Por otro
lado, el gobierno ha presentado el proyecto de ley estatutaria 134 / 2020 “por
el cual se crea una especialidad judicial rural y agraria y se establecen los
mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales, y
se dictan otras disposiciones”.
En la
exposición de motivos se lee que “la iniciativa impulsa lo acordado en los
acuerdos (sic) de La Habana, y en concreto permite implementar el acto
legislativo 02 de 2017, que desarrolla el primer punto firmado por el gobierno
de Juan Manuel Santos con las Farc”.
Sospecho
que con esta jurisdicción especial se prepara algo relacionado con la reforma
agraria integral que debe eliminar el modelo económico agrario que ha permitido
alimentar al pueblo colombiano a lo largo de siglos.
En medio
de la crisis fiscal se crearían
(…) nuevos
despachos para 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados en
el Consejo de Estado, 45 magistrados para Tribunales Superiores, 45 magistrados
para Tribunales administrativos, 150 jueces de circuito para la jurisdicción
ordinaria y 80 despachos de jueces de circuito en la jurisdicción
administrativa, para un total de 325 nuevos cargos.
Este
despropósito ha sido revelado en una oportuna carta de la senadora María
Fernanda Cabal, dirigida el 27 de abril / 2021 al ministro de Hacienda, el
mismo que presenta la más alcabalera propuesta tributaria, para financiar el
gigantismo burocrático que agobia al país.
Si el
alza del 5% para los congresistas nos escandalizó, ¿qué decir de esta? ¿Será
que con tal largueza el gobierno aspira a lograr la amistad del poder judicial?
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Y si por
el Gobierno llueve, por la Procuraduría no escampa, porque la señora Cabello
quiere crear 700 cargos nuevos, ¡como si doscientos años creando cargos en la
rama judicial hubieran servido para hacer cumplir los términos!
No
olvidemos que la rama cuenta ya con 30.868 individuos, con apreciable mayoría
del bello sexo.
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“Cuando veo un ave que camina como pato, grazna como pato y vuela como
pato, digo que es un pato” — Cardenal Richard Cushing, 1960.