Desde inicios del año 2021, hemos visto como
muchas ciudades y municipios del país están optando por utilizar la revocatoria
del mandato para destituir a los alcaldes, mediante nuevas elecciones,
cumpliendo eso sí con una serie de requisitos previos que se deben lograr antes
de llegar a las urnas.
Un de ellos, no estaba previsto en la norma y llegó
como traído de los cabellos. El 16 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional Electoral
(CNE), mediante resolución, consideró necesario, para dar cumplimiento a una decisión
de la Corte Suprema, convocar a una audiencia pública para que los promotores
de la revocatoria, uno o más y el alcalde correspondiente, con sus funcionarios,
pudieran, frente a frente, mostrar los argumentos en pro de la revocatoria y
los argumentos de defensa de la gestión.
Así fue como en la ciudad de Medellín, donde se
pretende revocar al alcalde, se citó por parte del CNE, a la audiencia pública
y se emitieron una serie de requisitos para la diligencia. En un principio se
fijó un tiempo para las partes y para los otros participantes, al principio 10
minutos y luego 3 minutos, lo cual era grave, pero se aceptó esa condición y se
prepararon con antelación para la presentación. Pero el día de la audiencia,
cuando todos estaban listos, la Honorable Magistrada que dirigía la sesión,
cambió de un golpe todo lo acordado con antelación impidiendo el ejercicio
democrático y actuando en contra de la ley, ya que esta determina que la “audiencia pública es concebida como una de
las acciones necesarias para inducir a los ciudadanos y organizaciones de la
sociedad civil en la formulación, ejecución y control de la evaluación de la
gestión pública”.
Sin duda alguna se incurrió en una grave
vulneración al derecho de los ciudadanos, convirtiéndose ese acto en un remedo
de participación ciudadana, y en falta de transparencia por parte de los
magistrados. No hay derecho a impedir de tajo la expresión en una audiencia
pública. ¿A qué le tenían miedo?, posiblemente a los argumentos que
visualizaban las falencias de la administración municipal y que conllevaría al
final a que los ciudadanos se motiven a votar por la revocatoria.
La audiencia pública, el invento del CNE para
cumplir una orden, fuera de escuchar a las partes no tiene ninguna incidencia y
es bueno que lo entendamos; nadie puede salir a dilatar o demorar la entrega de
formularios, fue un simple trámite en el arduo trabajo de la revocatoria.
La revocatoria se inició como un movimiento
ciudadano lejano a las casas políticas de Medellín. Los jefes de los partidos
han emitido su opinión, a unos les parece que no es adecuado el proceso en
estos momentos, otros se abstienen y otros más esperaran el desarrollo de los
acontecimientos, pero debe quedar claro que entre los que hacen parte del pacto
por Medellín, no están los partidos políticos, sino hombres y mujeres que creen
que el rumbo tomado por la administración causa graves problemas a la ciudad.
Vale la pena resaltar que los partidos que
apoyaron al alcalde para su elección, sí trabajan para apoyarlo, mientras los
demás partidos tradicionales han creído que el silencio les favorece. Pienso lo
contrario, mientras los otros trabajan ellos perderán presencia en la opinión
pública y no es hora de pasar de agache.
También he oído conceptos de políticos que
consideran que no es oportuno iniciar procesos revocatorios en plena pandemia,
que las prioridades son otras, pero se les olvida que, si fuera para ellos, sí valdría
la pena hacer campaña, conseguir firmas y votar. Como no contamos con ellos ya
se están quejando y como niños consideran que revocar no es necesario.
Es extraño que se demerite la figura de la
revocatoria que está prevista desde la constitución del 91, como una nueva
posibilidad de la democracia participativa. Hasta este año era muy valiosa, pero
ya la irán a modificar porque los ciudadanos no comen cuento, con seguridad
será objeto de reforma.
Por último, vale la pena reflexionar sobre el porqué
de la baja calificación que tiene hoy el alcalde después de la última encuesta
en la que está apenas en el 52% de favorabilidad. Esto no le ocurría a ningún
alcalde de Medellín en los últimos 20 años y la causa es porque se están dando
cuenta de que él no gobierna para la ciudad, sino que busca otros objetivos
políticos.
Revocar es consecuencia de la ley, pero hoy es
una necesidad ciudadana, que va creciendo en ese descontento como la espuma.
Recordemos que ni las triquiñuelas del CNE
impedirán que los formularios sean entregados y se obtengan las ansiadas 92 mil
o más firmas.
