martes, 6 de octubre de 2020

Y ahora con leyes mamertas

José Alvear Sanín
Por José Alvear Sanín*

Desde hace más de cien años se enfrentan dos concepciones políticas: una, procedente de siglos de historia, animada por la filosofía perenne, avalada por el éxito económico y el progreso científico, que podemos llamar liberal y democrática, que se refleja en sociedades donde generalmente imperan las libertades individuales (de religión, pensamiento y empresa), y donde lo prohibido se limita a lo que daña el bien común. La otra, la comunista, contra la tradición de siglos, elimina la libertad individual para imponer totalitariamente lo que las gentes deben creer, cómo deben actuar y trabajar al servicio de un Estado omnipotente y represivo, que jamás ha sido capaz de crear las oportunidades de riqueza y felicidad que promete.

Hasta hace cuatro años, en Colombia, la Constitución y las leyes obedecían a un régimen de libertades y responsabilidades aceptado por la inmensa mayoría de los ciudadanos, pero a partir del golpe de Estado del 2 de octubre de 2016, cuando se desconoció el triunfo del No en las urnas y se procedió a imponer, violando la Constitución, el acuerdo final con las FARC, hemos venido presenciando la lucha por cambiar el derecho y la sociedad en sentido totalitario, y, por tanto, una a una, las instituciones van cayendo en manos de los agentes del ideal marxista-leninista.

A pesar de tener un marco legal democrático, liberal y cristiano, los fallos de la justicia ya obedecen abiertamente a una concepción diametralmente opuesta. La contradicción entre la ley y sus intérpretes judiciales ha dado lugar a un fenómeno inadmisible, el del prevaricato permanente, con la usurpación de todas las funciones públicas por magistrados y jueces monitoreados y programados políticamente.

Ahora bien, si esa situación se presenta bajo leyes democráticas y civilizadas, ¿qué podemos esperar si el Congreso empieza a expedir leyes mamertas para ser interpretadas por jueces asimismo mamertos?

Se pensaba que esa aterradora perspectiva solo podría darse a partir del 2022, si las fuerzas revolucionarias llegasen a obtener mayorías parlamentarias y la Presidencia, dando lugar al inicio en firme de la revolución, pero hay indicios de que ya está en marcha la conversión del derecho colombiano hacia la concepción marxista-leninista.

En efecto, el proyecto de un código civil y comercial unificado, elaborado por profesores izquierdistas y activistas de la U. Nacional, no responde a ninguna urgencia del país. Sus propósitos no son otros que fragilizar el derecho a la propiedad y limitar al máximo la autonomía contractual de los agentes económicos. Nada más y nada menos que una revolución —tan silenciosa y letal como ciertas enfermedades—, para consolidar todos los poderes que los jueces ya han usurpado, y darles, ahora sí, poderosas facultades sobre los bienes de los ciudadanos, de tal manera que se desestimulen el ahorro y el emprendimiento, y dar la señal de partida para la fuga masiva de capitales, preparando el advenimiento de una sociedad improductiva.

Ante este posible código, cuya adopción desquicia totalmente el orden jurídico y acaba con el modelo de la libre empresa, no basta con la protesta de los juristas democráticos y el susto de los empresarios —tardío como siempre—, porque hay indicios de que el pomposo Ministerio de la Justicia y el Derecho lo conoce, pero ni lo prohíja ni lo rechaza. Esto lo que quiere decir es que su posición en el Congreso será, a lo sumo, tibia, frente a una amenaza que va envuelta dentro de la fraseología “progresista”, que fascina a los jefes populistas que dictan órdenes a las bancadas gregarias, apresuradas e ignaras de nuestro legislativo.

Nunca ha sido más urgente un firme rechazo del gobierno frente a este esperpento legislativo, porque a la amenaza confiscatoria que el acuerdo final anuncia para el campo, se suma ahora otra, que se proyectará sobre todas las demás actividades, incluyendo el empobrecimiento y hasta la aniquilación de los patrimonios familiares.

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La transformación “copernicana” del derecho, anunciada por un magistrado en trance de popularidad, parece ser la legalización del prevaricato, convertido en fuente de derecho.