Por Antonio Montoya H.*
No es otra, que la existencia plena y
comprobada de un delito denominado narcotráfico, en el que incurrió el señor
Santrich, el señor Marlon, sobrino de Iván Márquez, y unos delegados de los
carteles de la droga mexicanos que concertaron una reunión clandestina para
negociar un embarque de droga hacia México y otros destinos. Hay un video, que
no puede ser objeto de discusión, que demuestra que dicha reunión se efectuó y
que incluyó la entrega de dinero. Es un escenario que no admite prueba en
contrario, es cierto y no hay manera de discutirlo.
Lo que sí discuten es si esa reunión de
negociación criminal se realizó antes de la firma del acuerdo de paz o con
posterioridad a él, porque depende de ello, cuál sería el tribunal que juzgue
la conducta. Y ahí se presentó el problema: el tribunal especial de paz (JEP)
consideró que no había prueba suficiente para determinar la fecha de la reunión
criminal, porque ello no se discute y por ende le dieron la libertad.
Luego la fiscalía con nuevas pruebas ordenó la
detención del personaje mencionado quien salía de la cárcel en silla de ruedas
y con aire triunfador. ¡Qué horror! la izquierda, los narcotraficantes, las FARC,
gritaron, manotearon, e iracundos muchachos jóvenes que no conocen la realidad
de este país trataron de pegar a periodistas y otras personas que cumplían con
su deber; además, los abogados expresaban sus argumentos para que no fuera
detenido nuevamente, planteando tesis jurídicas contrarias a la realidad legal.
La juez de conocimiento después de varias horas
avaló la nueva detención y por ende el personaje volverá a la cárcel, eso sí
después de que se recupere de sus quebrantos de salud.
Todos a una sola vez, senadores, representantes
a la Cámara, líderes de la guerrilla, pusieron el grito en el cielo por no
respetarse la decisión del tribunal de paz, y exigían su libertad. Qué
contradicción con lo que hicieron durante años y años, con aquellas personas y
familias que fueron víctimas del flagelo del secuestro, cuando la sociedad
indignada exigía su liberación y estos sin un ápice de respeto por la vida, la
dignidad y sentimientos de familia no respondieron al llamado clamoroso para
que se acabara ese flagelo. Allá, en el monte, se consideraba como un acto de
guerra, de necesidad económica para sufragar la operación desestabilizadora del
país.
¿A quiénes engañan? pues a aquellos jóvenes que
no conocen la historia, a los que sus padres no formaron en valores, a los que
consideran aún que la izquierda es la salida para solucionar las diferencias del
país, a aquellos que se dedican a despotricar de la democracia y no saben, ni
conocen que es vivir en la miseria producida por gobiernos de izquierda. Miremos
solamente a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Corea del Norte, y muchos
otros países que optaron por ese sistema y no producen sino hambre y dolor.
Este señor Santrich, hizo parte de un grupo
criminal que secuestró, violó, extorsionó, asesinó y mutiló niños, hombres y
mujeres por causa de las minas quiebrapatas; impidieron el desarrollo de los pueblos
y por décadas, amparados en la mentira de estar luchando por el cambio, no
respetaron la justicia, repudiaron la equidad, y el respeto por el derecho a la
vida de los demás.
Son ellos los que hoy con gallardía, deben
aceptar que el que cometa un crimen debe ser juzgado por la justicia y no
seguir con la misma patraña de descalificar lo que se hace cuando no les
conviene.
Aceptamos que los acuerdos se mantengan, que se
continúe con el proceso de reinserción, pero que por parte de ellos también acepten
que, si se comete un delito, cualquiera que ese sea, sean sometidos a la
justicia como un ciudadano común, de lo contrario no vale la pena insistir en
la paz.
