Por Andrés de Bedout Jaramillo*
Todos los esfuerzos,
todos los debates, todos los escritos, todas las expresiones de los
colombianos, inclusive manifestadas en las urnas, han sido ignoradas por los
congresistas. Ganaron la batalla, ni la crisis del covid-19 les movió el
corazón para reducir a justas proporciones sus salarios y prebendas y hasta la
aparente campaña que desde el interior del congreso hicieron algunos de sus
miembros de izquierda, de derecha y de centro, fueron estruendosamente
derrotadas al interior de la corporación. Hoy ni ellos respetan ni apoyan sus
propias propuestas.
Frente a tal situación
yo propongo subirles el sueldo de $35 millones/mes a $40 millones/mes, aumentarles de 45 millones mes
a $50 millones mes, los gastos de sus unidades de trabajo legislativo y comprarles
600 camionetas Toyota, blindadas, de alta gama, para cambiarles por nuevas las
que actualmente tienen en Bogotá y en sus municipios de origen, y como cada día
el país se pone más peligroso con el creciente desempleo, se les debe
incrementar sus esquemas de seguridad, retirando 1.200 policías de las calles
de las principales ciudades para que cuiden a nuestros congresistas y a sus
familias.
Las camionetas no
pueden ser de fabricación nacional, por no cumplir con los lujos, comodidades y
finura de las importadas; inclusive las camionetas y las motos para los
escoltas deben ser también de alta gama e importadas del exterior.
Como el riesgo de
contagio es tan alto y el transporte aéreo está tan difícil, se les deben
facilitar los aviones del Estado para su movilización y en su defecto se les
deben contratar aviones charter y abolir la corrida de lista en las comisiones
y en las plenarias.
La compra de los
vehículos la pueden incluir en la de las nuevas camionetas aprobadas para los
otros altos funcionarios del estado, que ya las tramitan aceleradamente,
inclusive todas podrían ser del mismo color, ojalá rojas, para que sean fáciles
de distinguir y podamos todos abrirles paso en sus recorridos, para que los
trancones no los afecten y de una vez se facilite la programación de las
cámaras de seguridad que imponen los partes por violaciones a las normas de
tránsito, de las cuales deben quedar exceptuados.
Como la plata está
escaseando y las empresas se están quebrando y no podrán pagar más impuestos,
tasas, contribuciones, ni multas, se debe autorizar la venta de las reservas de
oro que reposan en el Banco de la República, para poder sufragar los gastos de
congresistas y demás altos funcionarios de las tres ramas del poder público del
Estado.
Estas medidas moverán
fuertemente la economía y reactivarán el país en esta destructora pandemia;
además se deben extender rápidamente a los Departamentos y Municipios, buscando
la equidad entre los altos funcionarios.
Congresistas y altos
funcionarios del Estado tendrán prioridad en los subsidios y créditos que está
ofreciendo el Estado para estos tiempos del coronavirus, con la particularidad
de no tenerlos que invertir en la generación de empleos, ni siquiera en el
sector agropecuario y de hacerlo, en este u cualquier otro sector productivo de
bienes y servicios, estarán exentos de licencias ambientales, pago de
parafiscales, impuestos prediales, de industria y comercio, renta, etcétera.
Sus proyectos
productivos serán incluidos automáticamente en los planes de ordenamiento
territoriales municipales y departamentales, y podrán estar en las zonas de
reservas ambientales y parques naturales, establecidos.
Los sembrados de coca y
canabis, pasarán a ser propiedad del Estado, administrados por congresistas, se
considerarán legales y para efectos medicinales, mientras los otros países del
mundo terminan el acelerado proceso de legalización para uso recreativo. Todos
sus trabajadores ingresarán al sistema formal de la economía.
Las bandas criminales
con sus armas, se incorporarán a las fuerzas del Estado, con un entrenamiento
especial para cuidar nuestras fronteras y reforzar aún más los esquemas de
seguridad de congresistas y altos funcionarios del Estado, en el desarrollo de
las nuevas actividades productivas legales y formales.
La minería ilegal,
también pasará a manos del Estado, quien incluirá a todos sus trabajadores en
sus nóminas, cumplirá con las mitigaciones ambientales y pagará las regalías
correspondientes a departamentos y municipios.
Estas minas serán
manejadas al igual que los cultivos de coca y canabis, por los congresistas.
Estas medidas
garantizarán la tan anhelada y reclamada presencia del Estado en las apartadas
zonas de cultivos ilícitos y minería ilegales, que ya no serán manejadas por
grupos ilegales al margen de la ley, serán los congresistas. Serán estos
funcionarios de mayor remuneración, los responsables del funcionamiento de
estas actividades. reduciéndose sustancialmente, la informalidad que hoy supera
el 50% de la economía nacional.
Empecé este artículo como un chiste y se terminó volviendo “el programa de gobierno”. ¿Usted qué opina?
