Con lo de la EPS SURA, el Gobierno logró acabar los servicios de salud

Andrés de Bedout Jaramillo

La solicitud del desmonte ordenado de la EPS SURA, a la Superintendencia de Salud, con todo el profesionalismo y claridad, demostró la imposibilidad de mantener la operación con una UPC insuficiente para atender la salud de los colombianos y más cuando ya se han generado unas pérdidas de más de $400.000 millones de pesos. Queda en el Gobierno nacional la muy grave equivocación en que han incurrido al no realizar siquiera los estudios que permitan los ajustes en la UPC en pro de la sostenibilidad del sistema, escudados en una supuesta corrupción generalizada, que han querido disque mitigar a punta de intervenciones gubernamentales que solo han ayudado a deteriorar en forma más acelerada todos los indicadores de servicio, financieros y jurídicos, y que están llevando al siguiente paso, la liquidación de las EPS intervenidas.

Las intervenciones han demostrado al Gobierno que, con la UPC actual, no es sostenible el sistema, es más, así lo están diciendo a todo pulmón, los agentes interventores designados por el Gobierno nacional, presumo, con algún asomo de así sea un escaso conocimiento en materia de salud y administración.

Lo más triste de todo es que ya llegamos al punto de no retorno, la crisis inducida, logró su objetivo inicial, desmotivar totalmente al sector privado en las inversiones en salud, quebrar EPS e IPS privadas y públicas, forzando a que todo el sistema de salud pase a manos del Estado, con las consecuencias de mala calidad en el servicio. Hemos pasado de una salud que estaba funcionando bastante bien, con un régimen subsidiado que tenía por igual a todos los colombianos, por el deterioro del sistema en general este beneficio solo continuará para los pocos colombianos que además de los aportes obligatorios a salud, puedan pagar planes complementarios y pólizas de salud prepagada.

Personalmente pienso que las entidades de control deberían actuar frente a este perverso, irresponsable y dañino despropósito gubernamental que desafortunadamente logró su cometido y acarreará seguramente multimillonarias demandas contra el Estado colombiano, que nos tocará pagar a todos.

Reconstruir el sistema de salud destruido tardará mínimo, según los expertos, más de 15 años, partiendo de la generación de unas condiciones de seguridad y estabilidad que permitan animar y motivar nuevamente al sector privado en las inversiones en salud, que permitan la rentabilidad que garantice la sostenibilidad del sistema con la calidad y los indicadores que tuvimos hasta hace dos años atrás. Cuando llegó Petro, con su ministra Corcho y luego con su ministro Jaramillo, se empezó a demoler aceleradamente el sistema contributivo que subsidiaba la atención en salud de más del 90% de los colombianos, incluidos, por supuesto, a los más pobres a través del Sisben. Con la insistencia de SURA, que ha sido ejemplo de eficiencia, optimización y calidad en el servicio en el ámbito nacional e internacional, en retirarse, advirtiendo que está en causal de intervención gubernamental y en altísimo riesgo de muy próximo incumplimiento en los pagos de sus obligaciones con proveedores, el sistema de salud construido durante 30 años se termina en Colombia.

No fue necesaria la reforma a la salud para aniquilar el sistema, solo sirvió para mantenernos distraídos, mientras el chu chu chu, hacía carrera, no pagando a las EPS lo adeudado y no ajustando la UPC.

Lo único cierto es que, de salir la reforma como está planteada, se reafirmará la estatización de la salud, como ya está sucediendo, y no se dará ninguna señal que permita animar otra vez la participación de la inversión privada en el sistema de salud colombiano.

Protégenos Señor de las malas intenciones de nuestro nefasto y dañino presidente, que ya acabó con el sistema de salud de los colombianos, tiene en muy malas condiciones a Ecopetrol, empresa soporte económico del país, y ahora quiere seguir con los servicios públicos domiciliarios, a los que ya les ha asestado golpes letales.

De cara al porvenir: de Epa a opa

Por Pedro Juan González Carvajal*

En un artículo anterior hice referencia a un personaje de la vida nacional, catalogado como una de las personas más influyentes del país: Epa Colombia. En este artículo dejo de lado a Epa (y la dejo de lado por el resto de vida) para ocuparme de un tema inevitable, como lo es la oferta pública de adquisición (opa) presentado por el Grupo Gilinski para adquirir la mayoría accionaria de Nutresa y un importante paquete de acciones de Sura.

Ya los expertos y los analistas han planteado sus conceptos sobre esta situación presentada en el mundo de los negocios Ya se ha recontado la historia del enroque que originó el llamado Sindicato Antioqueño el cual evolucionó para convertirse en el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y ya se han dado opiniones en pro y en contra de la posible negociación. En este artículo presentaré algunas ideas personales al respecto, con apoyo en lo que ya se ha dicho.

En primer lugar, es claro que resulta inútil e impertinente manifestarse en favor o en contra del negocio. Es un negocio entre particulares y lo que los demás mortales opinemos no tiene la más mínima trascendencia. Se invoca que Nutresa es patrimonio de Antioquia y de Colombia, y hasta de Latinoamérica, cosa que me permito poner en duda: Nutresa y las demás empresas del GEA son patrimonio de sus accionistas y cualquier afirmación diferente no pasa de ser un sentimentalismo más bien barato.

Se afirma que con el ingreso de nuevos accionistas se perderá lo que se ha logrado en materia de responsabilidad social, ambiental y gobierno corporativo, lo que no tiene ningún asidero pues en el mundo moderno los llamados factores ESG (Environmental, Social, and Governance), sea por moda, por conveniencia o por convicción, son un factor importante para cualquier inversionista.

Con objetividad y frialdad debe entenderse que el mundo actual es diferente al mundo de hace cuarenta años, cuando se diseñó y se puso en práctica la estrategia del enroque. En esos cuarenta años, empresas importantes creadas en nuestro medio y que considerábamos “patrimonio de los antioqueños” han sido adquiridas por inversionistas de otras latitudes y… nada ha pasado. Incluso podría afirmarse que los efectos han sido positivos: el Éxito, Familia, Cervunión, Coltabaco entre otras. Incluso en un ámbito que despierta pasiones como el fútbol, el Atlético Nacional fue adquirido hace ya algunas décadas por el Grupo Ardila Lulle y creo que ningún hincha dejó de serlo porque ya no era patrimonio de los antioqueños. De hecho, durante el periodo de pertenencia al Grupo Ardila, ha ganado más títulos y ha tenido más proyección y desarrollo que en su historia anterior.

En síntesis, no hay por qué tenerle miedo a las situaciones normales de los tiempos modernos en los que los capitales y las inversiones fluyen globalmente.

En lo personal, me es indiferente en propiedad de quién estén las empresas, siempre que cumplan con su misión y respeten a sus stakeholders. Como le escuché a alguien en días recientes: que vendan a Nutresa… ¡con tal de que no dañen el salchichón!

Zarpazo financiero

Por José Leonardo Rincón, S. J.*

Sin ínfulas de analista económico, simplemente como ciudadano de a pie, común y corriente, me permito compartirles mis impresiones sobre la noticia de la semana: las pretensiones de Jaime Gilinski, primero sobre Nutresa, y días después sobre SURA, ambas empresas claves del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA.

Me da la impresión de que el GEA, obsesionado siempre con su gobierno corporativo, su discurso ético del capitalismo consciente y sus enroques internos donde todas sus empresas son dueñas unas de otras, fue tomado por sorpresa con la OPA, Oferta Pública de Adquisición de Acciones, que lanzara Gilinski a través de la bolsa, además con una actitud aparentemente amistosa pero que resultó ser bastante agresiva. Y así lo afirmo porque en una entrevista que concediera el fin de semana pasado, el empresario aseguró que solo iba por Nutresa, que por ahora no tocaría otras empresas del Grupo, que era un asunto amistoso y que con esa negociación sería suficiente. No fue así.

El capitalismo salvaje es así: todos contra todos y sálvese quien pueda. El que tiene el dinero y lo tiene en abundancia, pone las condiciones y puede hacer lo que quiera, desde comprar lo incomparable hasta comprar conciencias. Se dirá que es un juego sabido y que esas son las reglas de juego: es verdad. Se dirá también que las acciones de estos conglomerados estaban muy bajas en el mercado y que son empresas que tienen un valor mucho más alto: es verdad. Sin embargo, para mí, están en juego otros asuntos que valdría la pena pensarlos, analizarlos, antes de tomar decisiones, seducidos por la tentación de un ingreso imprevisto e incrementado entre el 30 y el 40% de su valor actual.

Crear empresa no es un asunto fácil, sostenerla es todo un reto, pero hacerla crecer en un medio altamente competitivo y posicionarla es de titanes. Aquí, muchos en su momento lo lograron hasta volverlas entidades grandes, fuertes y atractivas. Muchos creen que eso se debe hacer para ofrecerlos al mejor postor. Pienso, entre otros casos y por citar sólo dos: Bavaria y Avianca. Aunque sigan instaladas aquí, desde hace rato dejaron de ser colombianas. Y temo que, si el GEA cae, con él se va un patrimonio nuestro en expansión y mejora. Y se va para el mundo árabe rico y poderoso. Los pequeños accionistas creerán haber hecho el negocio del año después de tan terrible pandemia, pero en realidad perderán el negocio del siglo. Y nuestro, ya no tendremos nada. Estaremos a merced de multinacionales foráneas que nos dirán lo que tenemos que hacer e impondrán a su antojo los precios en alimentos, seguros, construcción y banca.

Para que no me digan que no tengo visión de futuro como inversor, diría que cada uno es libre de hacer con su plata lo que quiera, pero que lo haga bien pensado y asuma las consecuencias de sus decisiones. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Es mejor ser libre en el propio rancho que no esclavo en la mansión de otro. Las empresas de la referencia son nuestras y son parte de nuestro patrimonio colombiano. No venderlas es cuestión de dignidad nacional si en realidad todavía queremos nuestra patria, si todavía queremos lo nuestro.