Reposición: ¿Lotería o enriquecimiento ilícito?

José Alvear Sanín

Del escabroso tema de las enormes sumas que se reconocen por reposición de votos casi nadie se atreve a hablar, aunque estamos ante una corruptela de la mayor gravedad.

Como durante muchísimos años la política fue financiada por los millonarios, en numerosos países fueron apareciendo leyes que autorizaban la financiación pública de los partidos, para reconocer una cierta suma por cada voto depositado, con el propósito de pasar de la plutocracia a la democracia.

A partir de entonces se institucionalizaron los partidos políticos y se les impuso la obligación de presentar cuentas auditadas por firmas responsables, para su posterior comprobación por los órganos de control, pero como en Colombia la Constitución de 1991 debilitó los partidos, en vez de depurarlos y fortalecerlos, se inventaron los movimientos personalistas y transitorios, que convirtieron al Congreso en un bazar o mercadillo donde se presenta toda suerte de combinaciones y componendas, de tal manera que cada ley es fruto de puja y regateo entre los legisladores y los ministros encargados de repartir dádivas, contratos y sobornos.

A lo anterior se suma la abundancia de candidaturas presidenciales, que ya ha obtenido para Colombia un Guinness récord de más un centenar de individuos, generalmente sin votos, prestigio ni capacidad, que van detrás de la lotería electoral gratuita que se reparte cada cuatro años.

Si la reposición de $6.485= por voto era ya excesiva en 2022, ahora, cuando cada papeleta representa $8433=, el resultado es una repartición de sumas astronómicas, donde hay un premio mayor y multitud de secos, para que ningún aspirante pierda.

El caso de Daniel Briceño es excepcional. Llegó a la Cámara con la mayor votación individual en el país, 262.402 sufragios, que le dan derecho a $2.210 millones de reposición. Él, en cambio, únicamente reclamará los $410 millones que gastó, dejando de cobrar $ 1.800 millones; pero en vez de hacerlo el vicepresidente que el país reclama, se pasa por alto su probidad.

En cambio, veamos en millones, lo que reciben “los candidatos “por amor a la patria”: Galán: 2.716; Pinzón, 2.466; Viki, 1.962; Peñalosa, 1.346; Aníbal Gaviria, 1.235; Luna, 964 Cárdenas, 623; Roy, 2.130; Pinturita, 1884 y Claudia López, 4.762^[1].

Ninguno de esos individuos ha hecho gastos ni remotamente comparables con las sumas que pueden recibir por haber puesto sus nombres a la consideración de un país que justamente los ignora. ¡Y hasta ahora no parece que alguno vaya a seguir el ejemplo de Briceño!  

Hay dos casos especiales:

1.    La Sra. Paloma Valencia tiene derecho a $26.819 millones, que, suponemos, va a entregar al Centro Democrático, porque ella no hizo gastos de su bolsillo en los pocos meses que siguieron a su escogencia como candidata de ese partido, y

2.   El Sr. Oviedo, quien no debió gastar mucho en su casi clandestina campaña, podrá reclamar $10.404 millones.

La corruptela de marzo aumentará en mayo, porque entonces participará Fajardo, que cada cuatro años sale de los comicios con los bolsillos llenos; y se repetirá en junio con cifras astronómicas.

¡¿Qué es esto?, ¿lotería o enriquecimiento ilícito?!

[1] Además, hay varios avivatos cuyos nombres nadie conoce, que salen con partiditas de 200 y 300 millones.

Reposición de votos: colosal instrumento de corrupción

José Alvear Sanín

Para evitar que el ejercicio de la política estuviera solamente al alcance de los ricos, a mediados del siglo XX se ingeniaron sistemas para financiar, por parte del Estado, esa actividad fundamental. Los regímenes democráticos establecieron una cifra por cada voto depositado por partidos reconocidos institucionalmente, sometidos a estatutos aprobados y obligatorios y con tesorería auditada por los organismos de control. Los partidos, además, podían, dentro de ciertos topes, recibir donaciones de particulares.

Hasta ahí el esquema legal de la financiación pública era razonable y justo; pero en Colombia, en vez de fortalecer y moralizar los partidos, se optó por la creación de un mecanismo de reposición de una suma determinada por cada voto depositado en las urnas. Lo anterior suena bien, hasta que se considera que, a partir de la Constitución de 1991, los partidos fueron debilitados y desorganizados, de tal manera que se autorizó el funcionamiento de movimientos ad hoc paralelos, clientelistas y efímeros, para participar en las elecciones. Estas clientelas desaparecen después de los comicios, pero logran la reposición, dejando a sus “líderes” llenos de dinero, porque el movimiento (o grupo significativo de ciudadanos) no es persona jurídica distinta de la respectiva “cabeza”.

La contabilidad que presentan al CNE estas clientelas transitorias es bien discutible, más bien ficticia, porque de ella depende la reposición. En esas condiciones, el ejercicio político no es un desinteresado y patriótico esfuerzo en procura del bien común, sino un proficuo y sórdido negocio, que produce a docenas de auto precandidatos, millones y millones de pesos.

A pocos días de revelarse cómo después de varias campañas sin resultados, un eterno candidato (muy mediocre como gobernador y como alcalde) sumaba cerca de $ 40 000 millones por reposición de votos. En lugar de proceder a revisar el sistema, Petro, arbitraria y maliciosamente, subió este mes la reposición por voto, de $ 2555= a $ 8287=, como quien dice un incremento de apenas el 247 %, para llenar de alegría a todos los que participan en la feria de las consultas populares.

Quien quiera darse cuenta de la magnitud e inmoralidad de esa corruptela, aceptada por todos los políticos, tanto de izquierda como de derecha, debe mirar dos videos estremecedores: el del coronel Germán Rodríguez, del 23 de enero, y el de la representante Lina María Garrido, cuatro días más tarde.

Según esta última, la consulta del Pacto Histórico, donde se escogió como candidato a Cepeda, dizque demandó gastos por $ 2400 millones (prestados por una papelería quebrada y un comedero barrial), pero Cepeda y Corcho obtuvieron $ 6000 millones como reposición.

Pero como ahora la reposición ha subido a $ 8287= por voto, si Cepeda, contra expresa prohibición legal, participa en marzo en una segunda consulta de la izquierda, puede esperar, adicionalmente, unos $20000 millones, caso en el que Lina María lo demandaría penalmente.

El coronel Rodríguez, por su lado, hace cálculos sobre las consultas de la izquierda y de la “centro-derecha”, el próximo mes de marzo. Según su impresionante análisis, la reposición para ambos extremos puede significar una lluvia de oro, de $ 116000 millones, para quienes figuren en esas maniobras electoreras.

La consulta de “centro - derecha” puede representar $ 28 000 millones para Paloma Valencia; $ 9 853 millones para Vicky Dávila; $ 9 852 millones para Galán; $ 4 090 millones para Oviedo; $ 2 480 millones para Peñalosa, y $ 1 240 millones para Cárdenas, si esos “candidatos” reciben en esa consulta votos en conformidad con los porcentajes que les reconoce la última encuesta de preferencias electorales.

Con la misma “metodología”, la consulta de la izquierda le daría a Cepeda $ 57 000 millones; a Roy, $ 6 732 millones, y $ 5 030 al exgobernador Romero.

Las recompensas previstas por el coronel son más espeluznantes que las de la representante llanera, pero no es necesario que acierten plenamente, porque el hecho real es que la reposición de votos es un instrumento que convierte al Estado en una estructura criminal permanente, donde tirios y troyanos acaban siendo muy parecidos.