Entre las muchas
tragedias que padecen las gentes de escasos recursos en nuestro país, nos
encontramos la práctica de los préstamos “gota a gota”, que coloca a los
pobres en manos de desconocidos e ilegales prestamistas, en busca de una rápida
solución a sus necesidades monetarias, sin prever que los montos del crédito
crecen al capricho del usurero y que los métodos de cobranza no siempre se
sujetan a los mandatos de la ley.
En la misma forma,
estamos los colombianos sometidos a una revolución “gota a gota” que se
evidencia en las diarias vulneraciones del Estado de Derecho, el avance de la
inseguridad por cuenta del desmoronamiento de la fuerza pública, la conversión
de la Nación en un narco-estado, el despilfarro de los recursos públicos, la
impunidad absoluta para los escándalos por corrupción en los poderes públicos,
o la sistemática destrucción de la seguridad social mediante las reformas al
sistema de salud y a los fondos de pensiones que avanzan engrasadas con el sistemático
y vergonzoso soborno de los parlamentarios que venden su voto o su
presencia en las sesiones para cumplir con el quórum reglamentario.
No hay día que no
nos traiga otra mala noticia para la suerte de los colombianos o para el futuro
de nuestra patria, ahora convertida en el coto de caza de unos criminales
sin límites legales, éticos o morales.
Sin
una justicia proba, idónea y eficaz todo el engranaje del Estado se derrumba. Pero, además, los particulares, ante la ausencia de un ente imparcial que
brinde una rápida y equitativa solución a sus conflictos, opta por hacer
justicia por su propia mano y llegamos por esta vía al caos y a la anarquía.
Persiguiendo este
objetivo, se empeña el régimen de ultraizquierda que nos desgobierna en
acelerar ese proceso de descomposición moral, impunidad y desorden colectivo
con acciones como la de ordenar al ministro de Justicia que prepare un proyecto
para reformar la Fiscalía, dizque para “simplificarla, empoderarla, volverla
efectiva y cercana a la ciudadanía”.
¿Qué se pretende
con esa insulsa y vacía palabrería? Ocultar el verdadero propósito del
susodicho proyecto, que no es otro que detener de una vez y para siempre
cualquier investigación penal por los múltiples escándalos descubiertos en la
Presidencia, tanto en la campaña presidencial como en el primer año de su
gestión, actos delincuenciales que –como todo el pueblo colombiano conoce– involucran
a varios personajes de la familia y del entorno más cercano al guerrillero que
ejerce las funciones presidenciales.
Como motivación
para estas reformas no encontramos la búsqueda de soluciones a las inveteradas
deficiencias de la justicia colombiana. No, lo que expresa el mandatario revela
su real interés de retaliación y su apetito por colocar el organismo al
servicio de sus caprichos o intereses, cuando afirma:
“espero que, a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones
políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el
crimen”.
Significa
el dicho del mandatario que tiene conocimiento de que la Fiscalía se ha
dedicado en el pasado o en la actualidad a perseguir colombianos por razones
políticas o económicas y que se ha usado este organismo para encubrir el
crimen. Si ello es así y hasta el momento no lo ha denunciado ante las
autoridades competentes, está incurso en el delito de encubrimiento,
denominado “favorecimiento” en nuestra legislación. De acuerdo con el artículo
446 del Código Penal Colombiano, el que posea conocimiento de una comisión
de conducta punible y ayudare a eludir –sin
concierto previo– la acción
de las autoridades o a entorpecer las investigaciones correspondientes,
incurrirá en prisión de 16 a 72 meses.
Para
finalizar, cabe recordar, ya que los medios se han abstenido de precisarlo, que
cualquier iniciativa para modificar las normas constitucionales que organizan
la Fiscalía debe llevarse a cabo mediante una reforma constitucional y
no mediante un simple decreto del Gobierno.
