Venimos sosteniendo
reiteradamente que detrás de este desorden endémico que se consume a Colombia a
pasos agigantados, subyace la nauseabunda crisis moral que en la
actualidad permea todas las instituciones del Estado y salpica a buen número de
contratistas privados.
En consecuencia, no
podemos creer que la solución a este mal de connotaciones éticas y morales sea
simplemente unas elecciones para seguir gobernados por quienes no quieren que
nada cambie.
Partamos de la base
de que el ejercicio de las funciones públicas debe estar sometido a unos valores
fundamentales que entre nosotros se han abandonado: la búsqueda del bien
común, la verdad, la equidad, la honestidad, la transparencia, la prudencia en
el manejo de los bienes públicos y la responsabilidad por nuestros actos.
Todo ello se ha
perdido. Solo importan los intereses de quienes administran el ente estatal. Su
estrategia no es servir a la sociedad sino a sí mismos, a sus parientes y
amigos. Su preocupación primordial es perpetuarse en los cargos que les
permitan continuar el ilícito usufructo del patrimonio estatal. Llevamos 28
meses de ininterrumpidos escándalos protagonizados por la familia presidencial,
los jefes de la campaña que los condujo al poder, los altos dignatarios del
Estado, sus aliados en el Congreso y los corruptos contratistas, pero nada
ocurre. Es como si no existieran la Fiscalía y demás organismos de control.
¿Hay, acaso, alguna
forma para detener este proceso que dará al traste con los recursos
financieros del Estado y ahondará aún más el subdesarrollo y la desigualdad en
nuestro atribulado país?
Señala el candidato
independiente Santiago Botero algunos problemas relacionados con la corrupción
como:
*Los impuestos
altos, aumentan la evasión
*El Gobierno quiere
comprar conciencias y votos con subsidios
*El gobierno quiere
comprar votos con contratos
*La mayoría de los
entes de control se volvieron extorsionadores
Propone, en la
presentación de Colombia Pa´lante Unida, medidas prácticas como las siguientes:
*Legalizaremos el
lobby como en USA y Europa
*La evasión de
impuestos conllevará cárcel como en USA
*Crearemos el más
grande escuadrón anticorrupción de la región apoyado por los mejores del mundo
*Buscaremos que el
Congreso, más que hacer leyes, traiga buenos proyectos para las regiones que
los eligieron
*Automatizaré el
Estado con tecnología Blockchain “trazabilidad”
Podemos ampliar la
propuesta con los siguientes pasos:
1.- Derrocar a
quien ejerce de manera fraudulenta el poder, bien sea mediante el juicio
político que cursa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara o mediante
intervención de las Fuerzas Militares y de Policía para restablecer el orden
constitucional gravemente deteriorado por la presente administración. Con un jefe
de Estado elegido fraudulentamente y que carece de todo respeto por el orden
constitucional y los valores fundamentales, será imposible derrotar la
corrupción.
2.- Intervenir las
autoridades electorales para garantizar unas elecciones transparentes,
sin dineros ilegales en las campañas, sin compra de votos, con auditoría
ciudadana a los programas de conteo y escrutinio de votos, para impedir todos
los fraudes llevados a cabo en las pasadas elecciones.
3. Elegir un presidente
que encarne los valores que la lucha contra la corrupción requiere: honestidad,
coraje, respeto por la normatividad, compromiso con el bien común y que,
además, acredite una limpia trayectoria y absoluta independencia de la extrema
izquierda y de sus aliados políticos. Este es el perfil adecuado para derrotar la
corrupción.
4.- El nuevo Gobierno
deberá implementar una acción que extermine la corrupción con tres grupos de
decisiones:
a) Las primeras
que deberá firmar el presidente electo el mismo día de su posesión para
dejar clara la orientación del gobierno: decreto para dedicar la totalidad de
adquisiciones de bienes y servicios a los fines del bien común de los
ciudadanos y desarrollo del país. En consecuencia, todo gasto que no sea
absolutamente necesario como reuniones sociales, viajes al exterior, vehículos
de representación, suscripciones a medios de comunicación, subsidios a
entidades, etc., deberán ser previamente autorizadas por la Presidencia de la
República; los vehículos, con excepción de los dedicados a labores operativas
de cada dependencia, serán vendidos por licitación; únicamente se autoriza
vehículos de representación a los titulares de Ministerios e institutos
descentralizados; las ceremonias oficiales serán austeras y solo se servirá
café colombiano a los asistentes, comenzando por la posesión del presidente
para dar ejemplo; los viáticos y gastos de representación serán autorizados
únicamente por los ministros y directores de Institutos descentralizados;
estudiar las medidas adelantadas por países como Dinamarca y Nueva Zelanda para
conformar en Colombia el mejor escuadrón anticorrupción de la región; prohibir
toda clase de privilegios a los congresistas, magistrados y funcionarios
públicos, como nombramientos de cónyuges o parientes cercanos en la
administración pública, o contratos de estos con el Estado.
b) Las segundas,
que harán parte de un programa que penetre todos los ámbitos de la
administración pública que dependan directamente del Gobierno nacional
(mediante decretos del ejecutivo o resoluciones) o del Congreso (a través de
proyectos de ley presentados por el Gobierno con carácter de urgencia): ordenar
que todos los funcionarios públicos del Estado, con excepción de quienes tengan
en la constitución un procedimiento especial para su designación, serán
nombrados por concurso de méritos (se exceptúan los ministros, directores
de institutos descentralizados, Fuerzas Militares y de Policía); suprimir los
cupos indicativos o cualquier forma para que los recursos del Estado se
repartan como auxilios parlamentarios; prohibir la adjudicación de contratos
estales que superen el equivalente a 4 salarios mínimos mensuales sin
licitación pública y prohibir cualquier otrosí o adición que supere el 20% del
valor del contrato; sancionar con penas privativas de la libertad a los
responsables de corrupción y fraude al Estado y a sus cómplices, obligarlos,
aún mediante procesos expropiatorios, a la devolución de los dineros
defraudados y prohibir la concesión de casa por cárcel y cualquier subrogado
penal; en la Presidencia de la República se creará una Comisión de
Investigación de Fraudes al Estado (CIFE), encargada de adelantar los
procesos de recuperación de los activos del Estado, hacerse parte en los
procesos por fraude al Estado, perseguir los bienes de los condenados para
recuperar lo defraudado al fisco, formular denuncias penales, presentar
demandas de repetición, colaborar con la justicia y con las investigaciones
internas en los entes estatales; antes de la elaboración del próximo
presupuesto de gastos, revisar toda la legislación vigente que crea obligaciones
fiscales a cargo del Estado y derogar las que no correspondan a las
necesidades del bien común o del desarrollo del país; el Gobierno nacional
podrá intervenir cualquier ente del Estado que incurra en procesos de fraude al
Estado.
c) Las que
requieran reformas constitucionales o las que no hayan sido aprobadas por el
Congreso se someterán a procesos de consulta popular (plebiscito o
referendo) para que sea el pueblo soberano quien se pronuncie: sustituir el
procedimiento para elección de Contralor General por un sistema en el que se
elabora una terna propuesta por las bancadas de oposición del Congreso, las
Cortes y el Gobierno, de los cuales un comité de evaluación de méritos
conformado por representantes de los gremios y las asociaciones de contadores,
escogerá al Contralor; la auditoría en cada ente estatal y en las entidades
territoriales se contratará mediante licitación pública con firmas
especializadas, y se suprimirán los focos de corrupción en los que se han
convertido las contralorías territoriales; recortar drásticamente el tamaño
del Estado en todas las ramas y a todos los niveles, mediante fusión de
entidades, supresión de otras que cumplen funciones duplicadas, reducción del
tamaño y costo de otras, para lo cual se contratarán estudios con firmas de
asesoría especializadas; los entes territoriales que reciban subsidios,
regalías u otros emolumentos del Estado deberán cumplir con este proceso de
reducción de su tamaño y costo; recuperar el estado de derecho y devolver la
vigencia de la soberanía al pueblo suspendiendo en forma inmediata la
aplicación del espurio acuerdo de La Habana y de todas sus disposiciones; se
prohibirá a cualquier organismo o corporación pública decretar aumentos de
sueldo por encima del índice de precios al consumidor; será obligación de
todos los ministros, gobernadores, alcaldes, gerentes de institutos
descentralizados y directores de entes estatales, durante el primer año de
ejercicio de sus funciones, revisar todos los contratos celebrados por la
entidad a su cargo para detectar si existen hechos constitutivos de fraudes al
fisco o corrupción que no hayan prescrito, de los cuales deben dar cuenta a las
autoridades respectivas.
En una fructífera
alianza de las gentes buenas de Colombia con un candidato “sin rabo de paja”,
que no se avergüenza de sus creencias católicas y de su afán de servicio a la
comunidad, estamos seguros de que podemos desterrar este cancerígeno mal que
pretende chupar la sangre a nuestro querido país.
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