Luis Alfonso García Carmona
Lo que se juega el país
con el proyecto de reajuste económico que el Gobierno ha sometido a
consideración del Congreso es de mayúscula importancia. No nos podemos
permitir equivocarnos en tema tan trascendental para el presente y futuro
del Estado y de todos los colombianos.
Propósitos principales del
proyecto son:
a. Estabilizar las
finanzas públicas;
b. Reducir el gasto; y,
c. Generar crecimiento
económico
en un marco de equidad, eficiencia y progresividad.
Tarea de titanes será
la estabilización de las finanzas que entrega la administración “progresista”.
El presupuesto general de gastos, una vez adicionadas las partidas ocultadas
por la administración anterior, alcanzó la cifra de 634,9 billones de pesos, con
un déficit de 200,4 billones, equivalente al 9,4 % del PIB. El
servicio de la deuda (capital e interesas) representa 155,4 billones de pesos, más
otras obligaciones de difícil reducción: pensiones, salud, fondo de
estabilización de combustibles, trasferencias a universidades, que suman 23,3
billones de pesos, nos arroja un total de 178,7 que se requiere financiar de
inmediato.
Con el proyecto de rescate
económico aspira el ejecutivo lograr un ahorro estatal de $44,6 billones de
pesos en 2027 y proyecta alcanzar los $76,1 billones de pesos para el año
2030. Como es obvio, el proyecto de ley se queda corto con las
principales fórmulas que propone, a saber: alza parcial y selectiva de las
tarifas de IVA y recorte de burocracia en el gobierno central. De
allí que se haya empezado a contratar más deuda no obstante el elevado y
peligroso nivel de endeudamiento que nos dejaron las anteriores
administraciones.
Sin referirse al
proceso de equidad en el pago del IVA que busca el proyecto, el cual contempla
rebajas sustanciales y devolución de lo pagado a los menos favorecidos, han
llovido las críticas al proyecto por parte de políticos en trance electoral,
comunicadores a la caza de sensacionalismo y hasta de ciudadanos que no
entienden por qué deben pagar más en medio de su apretada situación actual.
En cuanto al recorte
burocrático la crítica también ha expresado que es posible realizar un
recorte más eficaz estando, como estamos, al borde de una situación
insostenible. No se entiende que no se pueda poner en práctica la “motosierra”
como se hizo en Argentina y se había prometido. La reforma de los
ministerios conocida hasta la fecha es pasar de 18 a 20 con dos nuevos y
flamantes ministerios. Ya habíamos explicado cómo se pueden reducir de 18 a
10, agrupándolos en actividades íntimamente relacionadas y aprovechando la
estructura administrativa ministerial para cobijar varias entidades del
respectivo ramo. No es cierto que haya que esperar hasta el Plan Nacional de
Desarrollo para presentar tales reformas, pues ya el proyecto trae la solicitud
de atribuciones especiales pro tempore al presidente para ponerlas en
marcha.
Con el espíritu
pragmático y el don de mando del “tigre” son reformas que se pueden implantar
de inmediato mediante órdenes a su equipo para presentar en corto plazo una estrategia
de fusiones y recorte de nóminas.
Los contratos
independientes con personas naturales deben suprimirse no solamente en un 50 %
sino en un 100 %, con las excepciones que, con solicitud
fundamentada y necesidad demostrada, presenten los ministros de cada ramo.
Las entidades estatales
deben ponerse al día con la inteligencia artificial para alcanzar la
cacareada eficacia y productividad que se requiere. Hagamos del Estado la
empresa más productiva de la “Patria Milagro”. Todas estas medidas están
previstas en el técnico proyecto de ley que algunos critican sin conocerlo.
Hay que reconocer que
la democracia es un sistema que a veces entorpece la marcha del mismo Estado, ya
que hay demasiados intereses en juego. Pero cuando se tiene la razón hay que
pelear hasta el final para establecerla.
Tanto el aumento de la
deuda como el alza en las tasas del IVA representan obstáculos difíciles de
manejar, mientras tenemos a la mano la bicoca de las reservas
internacionales netas de Colombia, que ascienden a USD 67.227,96 millones
(corte al 30 de septiembre de 2026), según las cifras oficiales. ¿No ha llegado
ya el momento de que salga ese ahorro de todos los colombianos a salvar al
país en la hora más difícil de su historia? Con una parte de ese patrimonio
podemos financiar el déficit, sufragar los pagos de la deuda, atender a los
daños del sismo e invertir decididamente en la atracción de inversionistas
en las áreas de hidrocarburos y gas, energía eléctrica, tecnología y
agricultura. Así construiremos la “Patria Milagro” y daremos la mano a los
más vulnerables. ¡Firmes con la patria!
