El trámite de empalme
entre los gobiernos saliente y entrante no fue posible cumplirlo conforme a
nuestra tradición democrática por la negativa del régimen petrista a
reconocer la legitimidad del presidente elegido por la mayoría de los
colombianos en un proceso electoral transparente y avalado por las veedurías
internacionales.
La razón oculta detrás
de esa irracional posición era la de evitar a toda costa que se develara la
verdadera magnitud del monumental saqueo al erario protagonizado por Petro y su
banda de criminales. Hasta el último instante de su período, continuaba el petrismo
su depredadora expedición de nombramientos y celebración de contratos para
agotar las arcas –presentes y futuras– del Estado.
Con la anuencia de las
mayorías del Congreso, obtuvo el expresidente Petro permiso para ausentarse
del país durante un año, en lugar de poner la cara a las numerosas
denuncias e investigaciones por corrupción que enfrenta su gobierno. Flaco
servicio a la transparencia le prestaron los senadores que aprobaron tan
inconveniente autorización.
No conformes con
semejante desaguisado, designaron las mayorías del Congreso un nuevo contralor cuya
principal obligación consiste en perseguir toda malversación de los recursos
del Estado, pero su primer acto fue comprometerse a designar como
vicecontralor a un representante del Pacto Histórico, o sea, del partido defensor
del cuestionado gobierno vinculado a mayúsculos escándalos de corrupción en el
pasado cuatrienio.
Con semejante panorama
nos permitimos dudar de que se puedan cumplir las metas propuestas para
erradicar la corrupción y castigar a quienes participaron en el asalto a los
recursos fiscales en los últimos 4 años. Al fin de cuentas, la acción del
Estado se cumple a través de sus funcionarios. Si estos tienen otros
compromisos diferentes a los de la naturaleza de su cargo, no podrá
esperarse resultado alguno de su gestión.
Creemos desde hace
tiempo que es imprescindible una reforma de los organismos de control, tanto en
el ámbito nacional como regional, pues en la actualidad no dejan de ser un
botín burocrático aprovechado por los caciques políticos y que funciona
como un relojito: “yo te nombro contralor y tú me nombras un amigo en la
vicecontraloría”.
Pero debemos ser
realistas y, ante todo, pragmáticos. Ni el presidente está interesado en
embarcarse en una reforma constitucional pues tiene una inaplazable agenda
para este período, ni será fácil que los políticos de siempre renuncien
a sus privilegios. Propusimos en cambio una reforma más general consistente
en elevar a norma constitucional la obligación de que todos los funcionarios
públicos, salvo los que deban ser elegidos por votación popular, sean
designados por concurso de méritos. Si observamos lo que ocurre en los
países donde esta norma está vigente, concluimos que los cambios electorales no
afectan la estabilidad del aparato estatal y se obtiene una mayor eficiencia y
compromiso por parte de los servidores públicos.
Sin embargo, hay una fórmula
al alcance del señor presidente, que no requiere el engorroso e
impredecible paso por el Congreso. Tiene el primer mandatario potestad para crear
y designar consejeros presidenciales para temas específicos que actúan bajo
su directa supervisión. La sugerencia, respetuosa y comedida, por supuesto, es
que sean eliminadas la Consejería para la Reconciliación Nacional y el Alto Comisionado
para la Paz y, en su lugar, se cree la Consejería para la Lucha contra
la Corrupción. Entre sus funciones estarían las de recopilar toda la
información sobre presuntos delitos relacionados con la corrupción, sus
responsables, cómplices y auxiliadores; la persecución de activos
fraudulentamente obtenidos con la corrupción, la elaboración de proyectos de
ley y de decreto para derrotar a la corrupción, la formulación de denuncias
penales y el seguimiento de los procesos. En una palabra, sería un verdadero “zar
anticorrupción” que el país requiere sin lugar a duda.
