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Este Gobierno —o mejor, desgobierno— próximo a terminar, se
ocupó de subir el endeudamiento a tasas de usura y a cortos plazos, haciendo de
los intereses el gran protagonista en la torta de los gastos del Estado.
Presupuestalmente se convirtió en el Gobierno con menores ejecuciones y en el
que mayor cantidad de compromisos de pago deja al entrante, además de ser el
que más billones de pesos comprometió en vigencias futuras.
Entregó las EPS a interventores de su cuerda, quienes se
encargaron de quebrar el sistema de salud, con las consecuencias que hoy
sentimos los colombianos en las IPS (prestadores de salud), a las que no les
llegan los recursos. La salud disputa los primeros puestos en la torta de
gastos del Estado junto con intereses, pensiones y el Sistema General de
Participaciones (SGP).
Destruyeron el sistema de defensa, que ocupa un lugar
preponderante en los gastos del Estado, acabando con las inteligencias militar,
policial y financiera; desmantelaron la aviación y el activo más importante y
costoso: la cúpula de generales y coroneles capacitados, con mayor experiencia
y conocimiento. Incluso acabaron con Indumil, poniéndolo a producir unos
fusiles llamados “Jaguar”, que no pasaron las pruebas y representan un peligro
para quien los use. Qué contrasentido. La recuperación de la seguridad costará
muchísimos billones.
La estrategia electoral de subir el salario mínimo en forma
desproporcionada hoy muestra sus efectos: inflación, desempleo e informalidad.
Los datos del DANE entraron a cuidados intensivos; los convirtieron en
mentirosos para sostener la equivocada retórica del comunismo de izquierda,
dispuesto a seguir engañando a los incautos. Por ejemplo, las cifras de
crecimiento del empleo formal no corresponden con las afiliaciones a salud,
pensiones y riesgos, que decrecen sustancialmente.
El tema pensional, duramente golpeado por el incremento del
salario mínimo, ocupa el primer lugar en los gastos del Estado. Colpensiones,
manejada a las patadas como todo lo de este saliente gobierno, parece haber
entregado el manejo de su base de datos para el pago de pensiones a una unión
temporal, lo que tiene muy preocupada a la suspendida comisión de empalme.
Por el momento, estos cinco rubros punteros en el gasto
público requieren atención urgente, mientras el gobierno saliente continúa,
como loco y a las patadas, firmando contratos y realizando gastos escandalosos
y dañinos, que obligarán a decisiones muy difíciles.
En mi sentir, tocará subir la edad de jubilación, haciendo
entender que la tasa de natalidad ha disminuido y la expectativa de vida ha
aumentado. Tocará eliminar el subsidio al combustible diésel, dejando los
precios de pasajes y fletes al vaivén del mercado. Tocará reducir descuentos y
exenciones tributarias que, viéndolo bien, no han sido detonadores de inversión
ni decisivos en la fijación de precios de bienes y servicios. Entre ellas:
energías renovables, economía naranja, hotelería y ecoturismo, pagos a personal
científico, inversiones en activos fijos, energías limpias, vehículos
eléctricos, contratación de jóvenes, excombatientes, discapacitados y mujeres
víctimas, zonas francas, etc. Incluso habrá que estudiar una disminución en el
IVA, incluyendo bienes y servicios que hoy gozan de exención.
La renegociación de la deuda en términos de plazo y tasas
será un hecho. El apetito inversionista, las condiciones de seriedad y la
seguridad física y jurídica se recuperarán rápidamente. La austeridad será
notoria y medible. La corrupción no tendrá espacio y quienes la cometieron en
este gobierno serán perseguidos y castigados.
Respecto a la declaratoria de guerra contra el narcotráfico,
la extorsión y demás delitos que hoy afligen a nuestra nación, los delincuentes
deben aprovechar las ventajas que trae la ley para el sometimiento voluntario.
Jamás se debe volver a cometer el error de entrar en una guerra con el Estado,
como la que en épocas que no queremos recordar nos tocó vivir a quienes tenemos
más de 40 años.
La economía colombiana adolece de una diferencia entre
ingresos y egresos de unos 50 billones, lo que obliga a un fuerte ajuste
fiscal. El gobierno entrante, con decisión y responsabilidad, desde antes de la
posesión ha empezado a enfrentar este reto, pidiendo al saliente no firmar
contratos innecesarios —ni de obras, ni de prestación de servicios, ni
laborales— ni realizar viajes innecesarios, como el último al Vaticano con
comitivas no gubernamentales, con todos los costos de viaje, hospedaje y
alimentación pagados con el erario, costumbre reiterada en este desastroso
gobierno.
Ya se preparan decretos urgentes encaminados a congelar el
gasto público y a acometer con la mayor inmediatez la reconstrucción de
entidades como Ecopetrol y otras estatales que se encuentran en el más
vergonzoso desgreño administrativo y caos financiero, ocasionados por
irresponsables y corruptos administradores. Estos se irán descubriendo en la
medida en que avance el proceso de empalme, cada vez más difícil por la
ineptitud y escaso conocimiento de quienes entregan la información, seguramente
intentando esconder mucha de ella para dificultar la labor de quienes la
reciben y tendrán la responsabilidad de la reconstrucción institucional
estatal.
El gobierno que asumirá el 7 de agosto trabaja a marchas
forzadas con la banca nacional e internacional y demás organismos de crédito,
para renegociar intereses y plazos, diseñando estrategias que permitan cumplir
con la regla fiscal, recuperar la credibilidad y mejorar las calificaciones de
riesgo país, hoy bastante deterioradas.
La ampliación del universo de contribuyentes, donde los
procesos de formalización jugarán un papel muy importante, contribuirá además a
los aportes en salud, pensiones y riesgos, que en forma tarifaria escalonada
encontrarán atractivo su ingreso a la formalidad.
La lucha contra el contrabando y el narcotráfico requerirá
de una colaboración muy especial de todos los colombianos que añoramos la
seguridad. Conductas como comprar contrabando y tolerar lavado de dinero
disfrazado en importaciones deben ser repudiadas socialmente y castigadas por
la ley.
Muchas exenciones y deducciones tributarias desaparecerán,
como las que hoy existen para bienes exentos del IVA. Tendrán que ser revisadas
con lupa para tomar decisiones muy sensibles y difíciles, que seguramente
generarán retóricas con impacto político y social, e incluso revueltas
violentas de primeras líneas, que deberán ser reprimidas con decisión y cuidado
por la vida.
Estas y otras medidas novedosas, encaminadas a un ajuste
fiscal, buscan disminuir el déficit y garantizar la sostenibilidad de las
medidas asistenciales en alimentación, vivienda y subsidios.
Que nuestro Señor Jesucristo ilumine y dé mucha fuerza al
gobierno entrante. Nos esperan días muy difíciles que tendremos que recorrer,
acompañando al gobierno del Tigre.
