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Primero. No haber sido jurídica, política y
socialmente capaces como sociedad y oposición. Congreso y justicia debieron
haber hecho valer el triunfo en las urnas el “NO” entre octubre de 2016 y agosto
7 de 2018.
Segundo. Que de 2018 a 2022 había una misión y
un compromiso con la nación que no se cumplió, el electorado y la democracia debían
retornar a la legalidad plena.
Si
se sabía que el referendo no se respetó y se impuso el “SÍ” a golpe de
corrupción de Santos y sus operadores delincuenciales en el Congreso y en la Corte,
se instauró la JEP y la Comisión de la Verdad por encima de la voluntad
popular, la tarea era volver a la legalidad y se incumplió a sabiendas de que
el mandato de cumplir los acuerdos era ilegal y producto del dolo que llamaron
mermelada porque se sabía que todo eso era un montaje delincuencial, y ni el
nuevo Gobierno, ni el Congreso, ni los fiscales, procuradores y contralores ni
las Fuerzas Armadas constitucionales hicieron nada. Mientras, el único que
resultó en la casa por cárcel injustamente fue Uribe quien respaldó a Santos, a
Zuluaga y a Duque.
Fallaron
los tres poderes públicos y los órganos de control, y los partidos políticos al
igual que los parlamentarios, el Centro Democrático y el gobierno Duque.
No
cumplieron el mandato para el cual se les eligió en materia de legalidad.
Cuando
no se tiene el valor de reconocer los errores cometidos en el pasado ni la
voluntad de enmendarlos, se está condenado a seguir pagando las consecuencias.
¿Volverá
el país algún día a la normalidad en materia de legalidad o seguiremos cuatro
años locos reclamando la unidad de propósito nacional en ese sentido mientras
el show político de los ilegales continúa bailando al son del dinero mal
habido de toda la delincuencia pública y privada que tiene el país inundado de
dólares y corrupción?
En
100 días lo veremos.
