No es necesario
realizar ningún análisis para concluir que somos un estado dominado por el
narcotráfico y la delincuencia organizada. Eso está diagnosticado desde hace
tres quinquenios y nada se ha hecho para desmontarlo. Por el contrario, con el
espurio acuerdo de La Habana que nos vendió el dueto FARC-Santos,
claudicamos ante la criminalidad; nos robaron el plebiscito y no protestamos. De
allí en adelante nos impusieron una subversión total de los valores,
premiando a los victimarios con curules gratis en el Congreso y toda clase de
beneficios políticos y económicos. Las víctimas, cuya reparación era
supuestamente el objetivo central del humillante pacto, fueron ignoradas y
revictimizadas por los de siempre, por los detentadores del poder que siempre
están en el Gobierno, pero nunca están con sus gobernados. Se inventaron
un costosísimo sucedáneo de la justicia denominado la JEP para revestir
de impunidad la barbarie cometida por las FARC en seis décadas, y
perseguir a los soldados y policías, héroes de la patria, para sacrificarlos en
este holocausto de maldad y perversión consentido por las élites políticas
de siempre. Por eso no es de extrañar que quien aspira a la vicepresidencia
por el grupo de los de siempre, el señor Oviedo, defienda la JEP, el acuerdo de
La Habana y la prolongación de inútiles diálogos con los guerrilleros,
enmascarando esa política de alcahuetería con el crimen bajo la justificación
del gobierno con los “diferentes”.
¿De verdad creen los
colombianos que se puede devolver la seguridad designando a una de las
criminales más crueles de las FARC como parte de la Comisión de Derechos Humanos,
como lo acaban de aprobar en el Congreso? O, ¿acaso podemos estar de acuerdo
con las expresiones de admiración de la candidata Paloma por la vicepresidenta
Francia Márquez y por la candidata a la vicepresidencia, vinculadas con los que
continúan atentando contra la seguridad de los colombianos?
Contrasta esa pacata
actitud con las contundentes y valerosas propuestas del candidato Abelardo
de la Espriella en materia de seguridad:
a. No habrá ninguna
negociación con los criminales durante su gobierno. Los delincuentes
deberán someterse a la justicia o se enfrentarán a la acción de la fuerza
pública. Una consecuencia inmediata deberá ser la revocatoria de la impunidad
otorgada por Petro a los llamados gestores de paz para que no puedan ser
capturados y de los beneficios a los vándalos de la Primera Línea supuestamente
para que dejen de delinquir;
b. Fortalecimiento de
la fuerza pública, modernizando su inteligencia, equipos y
armamento. Colombia restablecerá relaciones con el Estado de Israel, aliado
tradicional como proveedor de elementos y estrategias para control del
terrorismo;
c. Colombia se
unirá y liderará el Escudo de las Américas y acordará con Ecuador una lucha
conjunta en la frontera contra el narcoterrorismo;
d. Se
compromete Abelardo a destruir 330.000 hectáreas de coca, que sirven de
combustible para la actividad delincuencial y el terrorismo;
e. Iniciará
una guerra a fondo contra la extorsión en campos y ciudades que afecta
hasta los más humildes empresarios; se organizará un bloque de búsqueda contra
la extorsión;
f. Se cuidará
a los habitantes de los barrios de la acción de los facinerosos y se
vigilarán parques y zonas deportivas para evitar el comercio de
estupefacientes;
g. Abelardo
liderará un frente común contra la criminalidad integrado por la fuerza
pública, los veteranos y la ciudadanía de bien para combatir entre todos a la
perversión de los criminales;
h. Las cárceles
dejarán de ser centros para extorsionar a la población y se construirán 10
megaprisiones donde los reos carecerán de comunicación con el exterior y
trabajarán para ganar su sustento. Se contratarán concesionarios civiles para
la construcción y administración de las cárceles y se eliminará el INPEC
que será reemplazado por un cuerpo de veteranos bajo el control de las Fuerzas
Armadas;
i. Se
priorizarán los derechos fundamentales de los ciudadanos de bien sobre
los derechos de los delincuentes. La “Patria milagro” deberá ser, ante
todo, segura, y deberá garantizar la convivencia tranquila de los ciudadanos y
el respeto por su propiedad privada.
Reflexionemos con
detenimiento sobre esta histórica coyuntura que enfrentamos. Por primera vez
está en nuestras manos decidir si continuamos viviendo bajo la tiranía de los
criminales y de quienes anunciaron que radicalizaran las reformas de Petro para
conducirnos al totalitarismo comunista o si, por el contrario, aprovechamos la
unidad del pueblo bajo la bandera de los “Defensores de la Patria”. No
caigamos en la ingenuidad de creer en quienes no buscan cambiar el sistema de
corrupción e inseguridad que nos mantiene atrapados, sino seguir medrando a su sombra
como siempre lo han hecho. ¿Por ventura habrá todavía quien crea que la
violencia desatada que ataca a la fuerza pública con enjambres de drones, y a
la población civil con masacres y minas, puede ser derrotada por un gobierno
cuyo vicepresidente se opone a toda medida de orden? ¿Puede actuar con
independencia y con la necesaria contundencia una presidente que negocia votos
por el apoyo de representantes de las viejas y desacreditadas clases políticas
(como el santismo) y luego tendrá que integrarlos a su gabinete?
No es la hora de actuar movidos por simpatías o antipatías personales ni de dejar que manipulen tu decisión. El derecho a elegir es solamente tuyo, no de los encuestadores, ni de los publicistas, ni de los encantadores de serpientes. Ni de los llamados “influencers”. Tú eres el soberano, el dueño de tu voto. No permitas que tu “voto de opinión” nacido de la reflexión y del raciocinio para buscar el mejor hombre para la dirección del Estado, lo conviertan en un voto esclavo de mezquinas aspiraciones y patrañas electoreras.
