José Alvear Sanín
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Del escabroso tema de las enormes sumas que se
reconocen por reposición de votos casi nadie se atreve a hablar, aunque estamos
ante una corruptela de la mayor gravedad.
Como durante muchísimos años la política fue
financiada por los millonarios, en numerosos países fueron apareciendo leyes
que autorizaban la financiación pública de los partidos, para reconocer una
cierta suma por cada voto depositado, con el propósito de pasar de la
plutocracia a la democracia.
A partir de entonces se institucionalizaron los
partidos políticos y se les impuso la obligación de presentar cuentas auditadas
por firmas responsables, para su posterior comprobación por los órganos de
control, pero como en Colombia la Constitución de 1991 debilitó los partidos,
en vez de depurarlos y fortalecerlos, se inventaron los movimientos
personalistas y transitorios, que convirtieron al Congreso en un bazar o
mercadillo donde se presenta toda suerte de combinaciones y componendas, de tal
manera que cada ley es fruto de puja y regateo entre los legisladores y los
ministros encargados de repartir dádivas, contratos y sobornos.
A lo anterior se suma la abundancia de
candidaturas presidenciales, que ya ha obtenido para Colombia un Guinness
récord de más un centenar de individuos, generalmente sin votos,
prestigio ni capacidad, que van detrás de la lotería electoral gratuita que se
reparte cada cuatro años.
Si la reposición de $6.485= por voto era ya
excesiva en 2022, ahora, cuando cada papeleta representa $8433=, el resultado
es una repartición de sumas astronómicas, donde hay un premio mayor y multitud
de secos, para que ningún aspirante pierda.
El caso de Daniel Briceño es excepcional. Llegó
a la Cámara con la mayor votación individual en el país, 262.402 sufragios, que
le dan derecho a $2.210 millones de reposición. Él, en cambio, únicamente
reclamará los $410 millones que gastó, dejando de cobrar $ 1.800 millones; pero
en vez de hacerlo el vicepresidente que el país reclama, se pasa por alto su
probidad.
En cambio, veamos en millones, lo que reciben
“los candidatos “por amor a la patria”: Galán: 2.716; Pinzón, 2.466; Viki,
1.962; Peñalosa, 1.346; Aníbal Gaviria, 1.235; Luna, 964 Cárdenas, 623; Roy,
2.130; Pinturita, 1884 y Claudia López, 4.762[1].
Ninguno de esos individuos ha hecho gastos ni
remotamente comparables con las sumas que pueden recibir por haber puesto sus
nombres a la consideración de un país que justamente los ignora. ¡Y hasta ahora
no parece que alguno vaya a seguir el ejemplo de Briceño!
Hay dos casos especiales:
1. La Sra. Paloma
Valencia tiene derecho a $26.819 millones, que, suponemos, va a entregar al
Centro Democrático, porque ella no hizo gastos de su bolsillo en los pocos
meses que siguieron a su escogencia como candidata de ese partido, y
2. El Sr. Oviedo, quien no
debió gastar mucho en su casi clandestina campaña, podrá reclamar $10.404
millones.
La corruptela de marzo aumentará en mayo,
porque entonces participará Fajardo, que cada cuatro años sale de los comicios
con los bolsillos llenos; y se repetirá en junio con cifras astronómicas.
¡¿Qué es esto?, ¿lotería o enriquecimiento ilícito?!
[1] Además, hay varios avivatos cuyos nombres nadie conoce, que salen con partiditas de 200 y 300 millones.
