Está en manos del
Congreso decidir si los dineros que el Estado recauda van a destinarse a pagar
sus obligaciones primordiales y a contribuir al bienestar de los
ciudadanos, o se utilizarán como un instrumento más para asegurar la reelección
del régimen de la izquierda radical que nos está conduciendo a un abismo
sin fondo.
No puede, por
ningún motivo, ser aprobado el proyecto presentado por el Gobierno pues está
desfinanciado y aumentará el déficit fiscal, que ya ha llegado a un nivel
crítico. Pretende enjugar el déficit que, según el Comité Autónomo de la Regla
Fiscal, asciende a 45,4 billones de pesos, con el producto de una nueva
reforma tributaria que generará, a lo sumo, 26 billones de pesos.
¿De dónde saldrá el
resto? Pues de otro aumento de la deuda pública. La deuda
pública, que ya está en la cota más elevada de nuestra historia, limita
la capacidad de respuesta del Gobierno ante nuevas presiones económicas y la
necesidad de generar un crecimiento económico más fuerte. La deuda
interna experimentó un aumento del 56 % entre agosto de 2022 y junio de 2025,
mientras que la deuda externa creció casi un 10 % en los tres años anteriores a
junio de 2025, evidenciando una fuerte presión presupuestal para la Nación. No
es serio, por consiguiente, continuar la tendencia alcista de la deuda.
Tampoco resulta serio
seguir gastando cada vez más en el funcionamiento de la administración y
menos en ítems prioritarios como son: la fuerza pública, en un país
dominado por la violencia y el crimen; la infraestructura, con numerosas
obras desfinanciadas; la salud y el sistema energético,
colapsados por el incumplimiento de los compromisos económicos por parte del Gobierno;
y los programas de beneficio social recortados o congelados por
problemas presupuestales y de tesorería.
En cambio, conocemos a
diario el frenesí de gastos en inútiles viajes con costosas comitivas, apertura
de embajadas innecesarias, pantagruélicos eventos políticos, vehículos
oficiales, crecimiento exagerado de la burocracia, publicidad con fines
políticos o personalistas, y, en general gastos de lujo que no nos
podemos permitir en este lamentable estado de inopia de las finanzas públicas.
Particularmente nos
llama la atención cómo se han disparado en esta época preelectoral las órdenes
de prestación de servicios. En 6 meses se han vinculado 394 600
contratistas con un costo de $14,1 billones de pesos, para hacer nada. Su
justificación es meramente política. Al terminar 2025 está prevista la
contratación de 949 000 contratistas en la nómina paralela, gasto
inconcebible en la actual emergencia financiera, que profundizará la crisis y
el colapso en la atención de las necesidades de la población.
Tampoco es una opción
dejar de pronunciarse sobre el proyecto de presupuesto, lo que permitiría al
gobierno aprobarlo por decreto, con todos los vicios e irregularidades
anotados.
Sólo queda la
alternativa de realizar un juicioso análisis del proyecto, recortar
todos los gastos innecesarios o con finalidad proselitista, exigir que se eliminen
los gastos suntuarios o inútiles, volver a imponer la regla fiscal, y ordenar
un recorte o fusión de entidades en la administración. Con estas premisas, dar
aprobación a un proyecto que no ahonde nuestro déficit fiscal y que
tampoco sea aprovechado para perpetuar este ominoso régimen en el poder.
Como diría Cosiaca, “motilarlo” bien antes de aprobarlo.
