La primera
evidencia de que el verdadero propósito del régimen petrista ha sido
perpetuarse en el poder en lugar de buscar el bienestar de la población y la
prosperidad del país es, sin lugar a duda, el despiadado desmantelamiento de
las fuerzas militares y de policía.
Nunca en la
historia republicana se había presentado una demolición de las estructuras
encargadas del mantenimiento del orden y de la seguridad de la población
como la que hemos presenciado en los últimos 3 años.
Diez perversos pasos
han bastado al régimen para cumplir su execrable cometido:
Primero.
Retiro de oficiales de alta graduación. Según un
análisis de El Tiempo, en el primer mes del Gobierno salieron cerca de 40
generales entre ejército y policía, y en total se removieron más de 70
generales y coroneles de la fuerza pública. En 2025 la cifra de la policía
se mantiene en 18 generales, menos de la mitad de los vinculados a la
llegada de Petro que eran 37. Se ha arrojado por una alcantarilla todo el
esfuerzo estatal para preparar sus oficiales de alta graduación, así como la
invaluable experiencia de estos al frente de la tropa durante varias décadas.
Segundo. Reducción de
recursos económicos. En 2024 se registraron recortes
presupuestales del 47 % para el ejército, del 30 % para la fuerza aeroespacial
y del 25 % para la armada. En 2025, 921 000 millones quedaron afectados por
restricciones fiscales, afectando inversión, mantenimiento y compras
esenciales. 279 000 millones para defensa y policía fueron congelados en 2025,
paralizando operaciones en Catatumbo y Chocó. La mayor parte del presupuesto se
dedica a gastos de personal, quedando muy poco para mantenimiento e
inversiones. Estas se redujeron al 1 % en la policía. Se ha debilitado
el mantenimiento de la flota aérea: helicópteros en tierra, reducción de horas
de vuelo y uso de municiones y partes vencidas.
Tercero. Disminución
del pie de fuerza. Según la Procuraduría, la plantilla del ejército
pasó de 239 618 soldados en 2021 a 167 992 en lo corrido de 2025, lo que
implica una pérdida de 71 626 efectivos, que equivale a un recorte del 29,8 %.
Como vivimos en el régimen de la mentira, salió el ministro de la Defensa, Iván
Velásquez, a aseverar que la reducción fue sólo de 16 000 efectivos, debida a “retiros
normales”. Como es natural, las demandas de alcaldes y gobernadores para
una mayor presencia de la fuerza pública cada vez son más difíciles de atender.
Cuarto. Supresión de
bases y operaciones estratégicas. En noviembre de 2024,
se eliminaron las fuerzas de tarea conjunta, unidades integradas del ejército,
armada y fuerza aérea creadas para operar de manera coordinada contra grupos
como el ELN y las disidencias de las FARC. Se redujo significativamente la
capacidad operativa interinstitucional, afectando la respuesta ante amenazas
como las del Catatumbo.
En abril de 2025, Petro
ordenó suspender operaciones militares ofensivas por parte del ejército y la
policía contra disidencias de las FARC en la zona del Catatumbo por un mes,
del 18 abril al 18 mayo, con el fin de priorizar un proceso de paz. Esta pausa
incluyó la suspensión temporal de despliegues móviles y ofensivos
planeados en zonas estratégicas afectadas por el narcotráfico.
A comienzos del Gobierno
se implementaron nuevos protocolos restrictivos para bombardeos, arma
fundamental utilizada contra escondites y laboratorios de la guerrilla; aunque
no se eliminaron, su uso fue severamente limitado. Esto supuso un freno
táctico a las unidades móviles que tradicionalmente participaban en estas
operaciones, como brigadas o batallones de despliegue aéreo.
5. Deterioro de la
inteligencia militar y policiva. Más de 200 oficiales especializados en
inteligencia (Cede2, Caimi, Baimi, Dipol, DNI) se han retirado o han sido
desplazados entre 2022 – 2024, reduciendo significativamente la experiencia del
personal operativo. La Dirección Nacional de Inteligencia rotó tres
directores en dos años, nombrando a líderes sin experiencia operativa
(excombatientes del M-19), lo que ha mermado la credibilidad internacional y la
cooperación con aliados. Unidades de inteligencia técnica y contrainteligencia,
como batallones Baimi, pasaron de tener hasta 200 especialistas a solo
50, lo que supone una reducción del 75 % que acarrea una desarticulación
operativa significativa. La salida de personal con experiencia ha desplazado
especialistas a funciones rutinarias, dejando la inteligencia “en pañales”.
Muchos equipos
técnicos cruciales (poligrafía, sensores infrarrojos, Star Safire HD-380)
no cuentan con personal entrenado ni mantenimiento, lo que reduce
drásticamente el poder de vigilancia y persecución.
Operativos de
contrainteligencia y “objetivos de alto valor” fueron restringidos, afectando
la captura de narcotraficantes y cabecillas. Cumple el Gobierno a cabalidad
su compromiso con narcotraficantes y capos criminales facilitando su
actividad delincuencial en compensación a su apoyo electoral y financiero.
Fuentes militares reportaron a Semana que hoy la inteligencia “prende
los equipos, se escucha uno que otro bandido” sin análisis profundo ni
liderazgo operativo.
Recortes presupuestales. En ejército
y policía, los fondos para inteligencia han sido recortados. La Dirección de
Inteligencia Policial sufrió reducciones de hasta el 44 % entre 2022 y
2025; recompensas a informantes cayeron de 5000 millones a apenas 106 millones.
El ejército contaba, en abril de 2025, con 0 % para iniciativas de
ciberseguridad e infraestructura de inteligencia. El Ministerio de Defensa
congeló 279 000 millones, lo cual limitó operativos fundamentales de
inteligencia en el Catatumbo y otras regiones. La limitada inteligencia
técnica y la reducida red de informantes han debilitado la
capacidad de anticipación de acciones contra grupos armados, narcotráfico y
terrorismo. El resultado lo evidencian las diarias informaciones de prensa
que recibe con angustia la población. Expertos advierten que este
debilitamiento ha permitido a grupos como el ELN, Clan del Golfo y
disidencias ampliar su influencia territorial sin ser detectados a
tiempo.
6. Ruptura diplomática
con Israel. El 1 de mayo de 2024, Colombia formalizó la ruptura
diplomática con Israel, retirando emisario y cerrando embajada. Petro ha
calificado a Israel de "Estado genocida" y nombrado embajador
ante Palestina. Estas decisiones incluyeron la prohibición de exportación de
armas y boicot a la industria militar israelí. Israel suspendió las
exportaciones de equipos de seguridad, afectando la provisión de piezas y
soporte para los aviones Kfir. Como resultado, varias aeronaves se encuentran
en tierra, poniendo en riesgo la defensa del espacio aéreo nacional.
Aunque existían contratos para mantenimiento hasta 2024 – 2026, su cumplimiento
es incierto por falta de apoyo diplomático y operativo. El exministro Velásquez
mencionó que, aunque se cumplirían algunos contratos vigentes, se busca
diversificar proveedores (Suecia, EE. UU., Francia). Sin embargo, la renovación
de la flota Kfir requiere soporte israelí exclusivo, lo que complica
cualquier transición rápida. Las defensas aéreas están debilitadas, por
la falta de mantenimiento en los Kfir.
Piezas críticas como
casco con sistemas de comunicación, radares, sistemas de guerra electrónica,
misiles Spike, entre otros, provenían de Israel. La ruptura compromete el
mantenimiento y la actualización de esos sistemas, así como la producción
local de armas bajo licencia israelí (fusil Galil / Indumil).
La cooperación en
inteligencia, ciberseguridad y vigilancia fronteriza era esencialmente
facilitada por tecnología israelí. Esa relación incluía equipos de
interceptación, análisis y formación de personal en técnicas avanzadas. La
vulnerabilidad en fronteras se intensifica ante la ausencia de radares y
vigilancia aérea efectiva. Se pierde acceso a sistemas de datos, inteligencia y
ciberdefensa que aportaban ventaja operacional.
El impacto indirecto
también puede influir en la cooperación de EE. UU. y otros aliados, ante la
percepción de aislamiento diplomático. Es la consecuencia de una loca política
internacional de corte anarco-comunista.
7. Acuerdos de cese al
fuego y de paz total. En agosto de 2023, el Gobierno y el ELN firmaron
un acuerdo bilateral de cese al fuego, inicialmente por seis meses, extendido
hasta agosto de 2024. Aunque cedieron en secuestros y combates iniciales,
durante la tregua el ELN recrudeció reclutamientos y expandió su control
territorial. En agosto de 2024, tras un violento ataque en el Catatumbo y un
atentado contra una base militar en Arauca, que dejó soldados muertos y heridos,
Petro suspendió el cese alegando que “el ELN no tenía voluntad de paz”.
La suspensión derivó en desplazamientos masivos (más de 50 000 personas)
y alto número de víctimas civiles. El resultado era previsible, dadas
las pésimas experiencias que dejó el espurio acuerdo de La Habana, y el anotado
deterioro de la inteligencia militar.
Con disidencias de
las FARC (Estado Mayor Central y Calarcá) también se firmó acuerdo de cese
al fuego en octubre de 2023, que en julio de 2024 el Gobierno lo dio por
terminado contra estructuras dirigidas por “Mordisco”, conservando la tregua
solo con “Calarcá”. El cese al fuego pactado con este expiró el 15 de abril de
2025, tras lo cual se reactivaron órdenes de captura y operaciones militares.
La suspensión de estas treguas desencadenó nuevos operativos militares,
fortaleciendo ofensivas en la Amazonía y Cauca. Sin embargo, también escaló el
riesgo de respuesta violenta de las FARC disidentes.
Se iniciaron
negociaciones en Buenaventura con los grupos ‘Shottas’ y ‘Espartanos’,
con treguas urbanas que tuvieron resultados de alcance limitado. A los pocos
meses, surgieron efectos negativos: el ELN y las disidencias reforzaron su
presencia territorial, desplazaron a rivales y utilizaron la tregua para
reconfigurar estructuras criminales.
La estrategia de “Paz
total” incluyó varios acuerdos de cese al fuego: con el ELN (2023 – 2024),
con disidencias de las FARC (EMC y Calarcá), e incluso con bandas
urbanas. Los incumplimientos y las rupturas derivaron en recrudecimiento de la
violencia, desplazamientos y ataques a fuerzas estatales; utilización de la
tregua por la guerrilla para desplazar a sus rivales y reconfigurar sus
estructuras, y pérdida de la iniciativa operativa por parte del Estado en
territorios donde prevaleció la insurgencia.
8.- Restricciones a la fuerza
pública
a) Regulación del uso
de la fuerza en protestas. Expidió Petro un decreto que prohíbe el
uso de fuerza letal para proteger bienes materiales y establece que la fuerza
solo debe utilizarse como último recurso, priorizando medios preventivos y
disuasorios, como el diálogo y la proporcionalidad en la intervención. Esta
medida ha permitido el incremento de agresiones a la fuerza pública y a la
población civil, así como daños a la infraestructura urbana y a los sistemas de
transporte, como se observa en cada marcha de protesta organizada por los
aliados del régimen.
b) Prohibición del uso
de animales. En agosto de 2023, se sancionó una ley que prohíbe a la
fuerza pública utilizar animales, como caballos y perros, para disuadir
manifestaciones, motines y asonadas. Estos animales solo podrán desempeñar
funciones de vigilancia, rescate, búsqueda y detección de explosivos, entre
otras actividades no relacionadas con el control de protestas.
c) Proyecto de ley
sobre garantías para la protesta social. El partido de gobierno,
Pacto Histórico, presentó un proyecto de ley estatutaria que busca
garantizar el derecho fundamental a la protesta social. Este proyecto limita la
intervención de la fuerza pública en las manifestaciones, estableciendo que
solo podrá intervenir desde un puesto de mando unificado y previa advertencia a
los manifestantes. Además, se promueve el uso de la fuerza como último recurso
y se restringe el uso de armas letales.
d) Impunidad para los
ataques a la fuerza pública. Se ha aceptado oficialmente que la tropa
militar o de policía puede ser agredida y hasta secuestrada por grupos civiles
que cuentan con la protección del Estado. Así ocurrió en El Plateado, San
Vicente del Caguán, Cauca, en marzo de 2023. Cuando cumplían labores de
vigilancia fueron secuestrados 78 agentes de policía por una denominada “guardia
campesina”. Se defendieron del ataque de más de 5000 hombres que pretendían
secuestrarlos para vendérselos a la guerrilla. Cuando se les agotaron
las municiones pidieron apoyo del ejército que se encontraba en la misma zona,
pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, calificó el hecho como un “cerco
humanitario”. El presidente Petro, como jefe de las fuerzas militares,
prohibió que se les prestara ayuda. Como resultado de ello, el superintendente
Ricardo Arley Montoya fue vilmente degollado ante la impotencia de sus
compañeros desarmados y sin refuerzos. En cualquier país del mundo, esta
actitud sería suficiente para derrocar al Gobierno y proteger a sus fuerzas
armadas.
9. Designación de un
enemigo de las fuerzas militares como ministro de Defensa.
Iván Velásquez fue
nombrado ministro de Defensa en julio de 2022 por el presidente Gustavo Petro y
permaneció en el cargo hasta presentar su renuncia irrevocable en febrero de
2025. Antes de llegar al ministerio, Velásquez fue señalado abiertamente como crítico
de la policía y el ejército, mencionando públicamente casos de “impunidad”,
actuaciones indebidas y masacres atribuidas a policías. El partido Centro
Democrático lo calificó como una “amenaza a las fuerzas armadas”,
citando un trino suyo de 2020:
“Todavía fresca la
sangre derramada por las acciones criminales de la policía nacional…” El
exgobernador Juan Guillermo Zuluaga afirmó que actuó como “agente liquidador
de las fuerzas militares y de policía” y criticó que se removieron más de
60 generales durante su gestión. La oposición promovió múltiples mociones de
censura y debates por parte de congresistas, señalando que Velásquez no avanzó
en detener secuestros, ni redujo la expansión de grupos ilegales como ELN y
disidencias de las FARC. Durante su mandato, el ELN pasó de operar en 183 a 231
municipios, y las disidencias crecieron de unos 5 200 a más de 7 000
integrantes; cifras respaldadas por Indepaz y la Fundación Paz y
Reconciliación. Se le criticó por reorientar recursos, disminuir
presupuesto, y debilitar capacidades logísticas de la fuerza pública,
afectando su operatividad en zonas como Catatumbo, Cauca, Chocó y Arauca.
10. Persecución a la fuerza
pública en la JEP. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
establecida en 2017 como parte del espurio Acuerdo de Paz entre el Gobierno
colombiano y las FARC, tiene como objetivo investigar y juzgar los más
graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, y satisfacer los
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Su objetivo principal
no se ha cumplido. En más de 7 años de funcionamiento no ha producido una
sola sentencia condenatoria. Es como decir que los criminales más
crueles de nuestra historia, los cabecillas de las FARC, no hubiesen
cometido ni un solo delito. Quedan en la más absoluta impunidad las
masacres, genocidios, asaltos a poblaciones, reclutamiento y violación de
menores, destrucción de la infraestructura energética, desplazamiento de la
población, miles de casos de secuestro y extorsión, explotación de la minería
ilegal, etcétera. En cambio, sí han investigado con acuciosidad las denuncias
contra militares por los llamados “falsos positivos” y acusado a numerosos
oficiales y suboficiales, algunos de los cuales han aceptado participación
en algún delito para evitar condenas por 20 años.
Mientras tanto, los
cabecillas de los grupos terroristas de las FARC gozan de la investidura de
congresistas, subsidios del Estado para hacer política, sistemas sofisticados
de seguridad, cadena radial para difundir su ideología marxista, etcétera. Tampoco
ha satisfecho el segundo objetivo, cumplir con los derechos de las víctimas
a la Verdad, la Justicia y la Reparación, ya que las verdaderas víctimas de
las FARC no son oídas en la JEP, son suplantadas por militantes de las FARC
y por supuestos parientes de los desaparecidos en los “falsos positivos”. No
es otra cosa que un mecanismo inventado en el tramposo acuerdo de La Habana
para perseguir a las fuerzas del orden.
Epílogo
No basta con rodear
retóricamente a nuestras fuerzas armadas, víctimas de esta infame maquinación
dirigida a su destrucción. Es urgente impedir que Petro continúe tan execrable
tarea. Y eso solamente lo conseguiremos apoyando cada uno de nosotros el juicio
por indignidad que cursa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y que
permitiría la pérdida de la investidura obtenida por Petro ilícitamente.
Con el sátrapa
fuera del poder, nos corresponde aunar voluntades en el Frente Patriótico,
amplio y generoso, que hemos convocado para restaurar la moral, la seguridad
y el bienestar de todos los colombianos.
