José Alvear Sanín
No desconozco que entre los trescientos
y pico de congresistas hay dos o tres docenas de personas decentes, preparadas
y patrióticas, especialmente en las filas del Centro Democrático, de Cambio
Radical y algunos conservadores que todavía siguen fieles a la ideología histórica
de su partido, pero el espectáculo que ofrece el legislativo en los últimos
tres años, cada día es más deplorable.
Como los parlamentos están formados por
centenares de personas —triste es decirlo—, no pueden funcionar, a menos que sus
bancadas obedezcan a su líder y voten en bloque. En ellos, las opiniones individuales
poco cuentan. No olvidemos que, en la madre de los parlamentos, en Westminster,
tanto el Gobierno como la oposición imponen la disciplina de partido a través
de los whips (látigos), que es el descriptivo título oficial de
los jefes de ambas bancadas; y que los miembros gobiernistas en la Cámara de
los Comunes, si desobedecen al chief whip, tienen que renunciar a la
curul.
Así nos duela, las bancadas, convertidas
en mesnadas, aseguran el contraste Gobierno / oposición y el desarrollo del Gobierno.
En cambio, en Colombia, como los jefes
políticos no hacen cumplir la ley de bancadas, cada congresista vota como le da
la gana. Entonces, las mayorías son inestables. Entre los parlamentarios de la
oposición declarada y los gobiernistas del Pacto Histórico hay una buena
cantidad de individuos que habitualmente acaban votando favorablemente cualquier
iniciativa inconstitucional, tóxica, inconveniente o inmoral, del Gobierno, llenando
sus bolsillos e indiferentes al daño que causan al país.
En el léxico corriente ha sido admitida
la expresión mermelada para referirse al soborno que negocia el Gobierno
con la franja de congresistas que tiene que comprar en cada votación importante
para asegurar la aprobación de sus proyectos. El país conoce el precio, siempre
al alza, de la mermelada que hay que dispensar, en forma de contratos para obras
ficticias, o en maletines repletos de billetes, que proceden de las inmensas
sumas desviadas de la Tesorería Nacional.
Desde luego, los que venden el voto,
luego se ven obligados a plegarse al chantaje, si tratan de cambiar de bando o
volverse decentes.
Así las cosas, el Congreso se ha sometido
siempre, dócilmente, al actual Gobierno. Petro, sin mayoría en el legislativo,
ha alcanzado allí la aprobación de todas sus iniciativas, aunque algunas veces,
estas han admitido sutiles retoques cosméticos, para dar la impresión de que
han sido fruto de deliberación democrática.
Por tal razón, cuando inesperadamente
uno de los proyectos peores, el de la reforma laboral, fue derrotado por dos
votos, Petro, iracundo, amenazó con una tal “consulta popular”, para emascular
al Congreso, operación que finalmente se produjo a través del “decretazo”, verdadero
golpe de Estado, preludio del asalto definitivo contra la legitimidad.
Ante la repulsa de la mayor parte de la
opinión pública, incluyendo demandas ante el Consejo de Estado, el pusilánime
Congreso procedió a revivir y aprobar la laboral, para que el Gobierno retirase
la arbitraria, inconstitucional y abusiva consulta espuria.
El resumen de toda esta ópera bufa en
torno a la consulta popular significa que el Congreso aceptó el chantaje, se
plegó al Gobierno y manifestó al país que la fórmula de soborno y chantaje que
sobre él ejerce el Gobierno, se traduce en manifiesta indignidad, que lleva a
los colombianos a pensar que el capitolio nacional se ha convertido en una
cloaca.
Paradójicamente, este corrupto Gobierno,
mientras más desacreditado, degradado y pervertido, se hace más poderoso y
dictatorial.
Gracias al atroz atentado contra Miguel
Uribe Turbay, ya nadie recuerda las denuncias de Leyva, ni los más recientes
desfalcos de Roa, ni los maletines, ni los manejos selectivos de la Fiscalía,
de tal manera que la inminente y previsible preclusión del proceso por la
financiación ilegal de la campaña con la violación de los topes, solo será uno
más de los escándalos diarios, pero sin consecuencias, del abominable gobierno
que logra todo lo que se propone para alcanzar su meta: convertirnos en otra
Venezuela.
Si para la aprobación de la reforma
laboral bastó con la amenaza de la consulta popular, ¡qué no se logrará con la
amenaza de una asamblea popular constituyente!
***
Y como si algo faltara, ¡la Corte
Constitucional revive, por unanimidad, la reforma pensional, que es devuelta a
la Cámara para que se subsane un vicio insubsanable, cuando de ella se
decía que sería el baluarte heroico en defensa de la Constitución!