A raíz del hundimiento de la reforma
laboral en el Senado, además de las pataletas, rabietas y amenazas de Petro
proponiendo una dizque “consulta popular” para imponer los desatinos del
proyecto de ley archivado, hay varias declaraciones que desvelan su propósito y
su pensamiento en este crucial asunto del respeto por la tridivisión del poder
y la vigencia del Estado de derecho.
En estos días, ante el diario torrente
de impertinencias, groserías, falacias e insultos que emanan de la jeta
presidencial, el país, fatigado y asqueado, responde con la inevitable
resignación ante los desastres naturales, en vez de la necesaria resistencia
frente a los desmanes de la locura unida a la perversidad.
Por tanto, el energúmeno puede proseguir
incasablemente, tanto en la escena bufa, a la luz del día, como en las sombras,
donde avanza metódicamente hacia la toma del poder absoluto, que vendrá con la
reelección.
El llamamiento intempestivo a una
“consulta popular” por parte de Petro es, desde luego, muy parecido a un golpe
de Estado, a menos que se quiera creer que se trata de apelar a un mecanismo
constitucional donde tiene todas las de perder. El Senado no puede aprobar una
consulta que lo anula y que convierte al Congreso en la notaría (o mejor, la
Registraduría) de los proyectos del Ejecutivo.
Petro sabe que el Senado no puede
aprobar el uso espurio del mecanismo de la consulta popular, y también sabe que
ese mecanismo no permite la aprobación de articulados como los que requieren
las leyes. No ignora tampoco los escollos constitucionales para la tal “consulta”,
ni la imposibilidad de alcanzar el umbral de más de 13 millones de sufragios
para darle validez.
Por tanto, una consulta legal, ceñida a
la restrictiva normativa de la Constitución, no puede estar en su mente
torcida. Lo que hay aquí es una cortina de humo para ocultar la índole de la
real “consulta” de Petro. El único Congreso que a él le gustaría sería otro
como las asambleas legislativas de Cuba o Venezuela, es decir, cuerpos de
estricta obediencia para aprobar siempre lo que ordene el Gobierno. Pero hay
que tener paciencia –piensa el déspota–, porque a pesar de la mermelada, a
veces el Congreso no funciona...
Mientras llega el momento de tener un
Congreso sumiso y supino, habrá que sacar leyes a como dé lugar. Entonces, si
la laboral se hunde, hay peligro de que ocurra lo mismo con la de la salud. De
tal manera que el 21 de marzo, Petro no tuvo empacho en decir que “tienen que
implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso porque no lo
necesitamos...”
En consecuencia, ¿para qué Congreso, si
este no es necesario?, ¿para qué Consulta?, ¿para qué Constitución?
¿Y dónde están la Procuraduría, la
Fiscalía y el propio Congreso, si no inician acciones contra quien propone
golpes de Estado a troche y moche?
La logorrea de Petro es nauseabunda,
desde luego, pero no podemos ignorarla porque revela una y otra vez sus
propósitos, su verdadera concepción sobre “consulta popular”, que jamás será la
prevista en la Carta
Como si lo anotado hasta aquí no fuera
suficiente para ver claramente su plan, otra manifestación es especialmente
relevante. Hablando sobre la solicitud que él hará –¿cuándo y cómo? –, al
Senado para poner en marcha la “consulta popular”, Petro amenazó diciendo que,
si no es aprobada, “el pueblo los sacará del Senado”, refiriéndose a los
miembros de esa corporación.
Los que hemos seguido la “carreta” del
líder galáctico no podemos ignorar una constante: Él es el Pueblo. Así
no tenga la menor capacidad de convocatoria, se presenta como su encarnación.
Más de una vez ha propuesto la reunión de “asambleas populares constituyentes”,
que no son otra cosa que soviets, es decir reuniones tumultuarias, no
necesariamente bien nutridas, para exigir, vociferando, “reformas” y bla bla
bla...
Y también ha hablado de mecanismos
nacionales para promover dichas asambleas locales.
Por eso, no es aventurado penetrar en su
pensamiento, para presentir algo así como la organización de grupúsculos
municipales que proclamen una Constitución a la medida de la revolución.
Esa pesadilla no conduce a nada, a menos
que, a partir de mayo, Petro asegure el control de la Corte Constitucional para
que esta diga que la voluntad popular impera sobre el cuadernillo de la Carta.
Supongamos a continuación que un
organismo nacional, bien financiado por el Estado de manera clandestina, al
igual que las bodegas o la compra de parlamentarios, promueva en cada municipio
(son mil y pico) un grupo constituyente que pueda enviar a Bogotá unos 300
individuos, en chivas y con viáticos, para una “manifestación nacional”, con el
fin de exigir la Constitución que reclama un país lleno de guerrillas, con tres
o cuatro Catatumbos, la economía por el suelo y el desempleo por las nubes, sin
un sistema de salud operante, recién descertificado y donde, en consecuencia,
“no puede haber elecciones...”
Se me dirá que eso es imposible, pero
imposible era la anulación de un plebiscito mediante una resolución
parlamentaria, que de manera increíble fue aprobada por la Corte
Constitucional, como todos recordamos.
El desorden planificado orquestado y
ejecutado por un gobernante comunista, en un país dominado por la gigantesca
industria del narcotráfico, no presagia nada bueno.
Entre la ley y la mermelada, entre el
derecho y el crimen organizado, no podemos seguir consolándonos con espejismos,
en vez de unirnos sin tardanza, con energía y determinación, para el combate
definitivo.
