No está tan lejana
la época en que jóvenes venezolanos visitaban a Colombia para formarse en las
universidades y colegios de Bogotá, que alcanzó, por esas calendas, a ser
reconocida como la Atenas Sudamericana.
Ahora, por el
contrario, y por causas bien diversas, somos los colombianos los llamados a
tomar lecciones de las duras pruebas sufridas por este pueblo hermano y a
adoptar todas las medidas necesarias para impedir la repetición de parecidas
desgracias en nuestro país.
No se puede ignorar
que la llegada de Hugo Chávez al poder, primero mediante un golpe militar, y
luego, en una confrontación electoral ganada por su partido, respondió al
descontento mayoritario de un pueblo que durante muchos años fue testigo de la
corrupción política, el desgreño administrativo y la falta de atención oportuna
de las necesidades primarias de la comunidad. Si bien el país se regía por una
democracia formal, esta sólo se preocupaba de los intereses de la clase
dominante, olvidando la función esencial del Estado de velar por el bien
común de sus gobernados.
Primera
lección. El Estado debe estar al servicio del bien común de los asociados y no
al de sus gobernantes.
Chávez asumió el 2
de febrero 1999 y, de inmediato, procedió a manipular las instituciones para ponerlas
al servicio de su dictadura, como es costumbre de las dictaduras de extrema izquierda
en América Latina. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente, la cual
aprobó una nueva Constitución en la que se habilitó la reelección
presidencial, se suspendió el Congreso y se disolvió la antigua Corte Suprema
de Justicia, atribuyéndose sus facultades. Se convocaron unas “mega
elecciones” presidenciales, regionales y parlamentarias, dizque para “relegitimar
todos los poderes”, en las cuales Chávez fue reelegido hasta 2006. Camino
similar al que ya emprendió Petro: cambiar la Constitución por cualquier
método, lícito o ilícito, asegurar su reelección, tema que ya están
socializando sus adláteres, modificar el territorio para obtener ventajosas
condiciones electorales, y mantener la vigencia de las curules gratuitas de las
FARC y las otorgadas a presuntas víctimas del conflicto, para lo cual requiere
la prórroga del espurio acuerdo de La Habana. Propone varias alternativas en
sus contradictorios trinos el sátrapa que nos gobierna: una asamblea
constituyente fundada imaginariamente en el humillante acuerdo de La Habana;
unas asambleas populares; además de la inclusión del texto de la nueva
constitución en el acuerdo de “paz total” que se firmará con el ELN al
cual se le quiere dar “fuerza vinculante” sin intervención del pueblo
soberano.
Segunda
lección. Por ningún motivo debemos permitir los colombianos que se abra esa
compuerta para que la camarilla gobernante manipule nuestra Constitución a su
antojo. Equivaldría a una monstruosa violación al orden constitucional que
deberán impedir las fuerzas militares y de policía, de conformidad con la
“función primordial” que en esta materia les asigna la Constitución Nacional
(arts. 217 y 218). Como una sola voz, solicitemos a los altos mandos la toma de
esta decisión antes de que sea demasiado tarde para el porvenir de la patria.
Desde su llegada al
poder, se propuso el “castro-chavismo” hacerse al control de la fuerza pública,
y así lo han cumplido a lo largo de 25 años de inicua dominación de un pueblo
libre. A las fuerzas militares y de policía las han desmoronado por el
expediente de las “purgas”, los sistemas de contrainteligencia importados de
Cuba, la corrupción mediante su participación en el sucio negocio de la cocaína
(el “cartel de los soles”) y la utilización de su capacidad armada para el
apalancamiento del régimen y la persecución de sus opositores. Esta es una de
las tácticas preferidas de los movimientos afiliados al Foro de Sao Paulo y,
por supuesto, ya ha empezado a ser implementada por el camarada Petro (alias
Aureliano), mediante la organización de “guardias indígenas”, “gestores de
paz”, “milicias revolucionarias” y otros colectivos armados, a expensas del
dinero de los contribuyentes para perpetuar por la fuerza la presencia del
régimen comunista en los centros de poder. Cuentan, además, con el respaldo
explícito del régimen, quien calificó un secuestro de agentes del orden por uno
de estos grupos irregulares como un “cerco humanitario”. El propio presidente
prohibió al ejército acantonado en las cercanías intervenir en favor de los
policías secuestrados y uno de estos fue degollado a plena luz del día por los
aliados del guerrillero-presidente.
Tercera
lección. No podemos pasar por alto estos hechos violentos constitutivos de un
gravísimo desorden constitucional, los cuales deben ser impedidos en forma
inmediata por las fuerzas militares y de policía, tal como lo dispone la
Constitución, para lo cual no requieren una orden expresa pues este deber hace
parte de su función primordial.
Los regímenes
marxistas-leninistas conceden destacada importancia, tales como los de Maduro o
Petro, a la dominación absoluta del sistema electoral que les permita
mantenerse en el poder por tiempo indefinido. Podría afirmarse –con base en las
reiteradas experiencias que ha afrontado la América Latina– que una de las
principales preocupaciones de estos regímenes es acceder al poder por medios
mimetizados bajo el embozamiento de una falsa democracia y, luego, a lo largo
de los años, empeñar sus esfuerzos en el mantenimiento de las ventajosas
condiciones que les permita el usufructo indefinido del poder.
Bajo las
instrucciones recibidas del Foro de Sao Paulo y de la dictadura cubana ha
logrado la dictadura castro-chavista cumplir, con excelentes resultados, con
este execrable objetivo: en 2004 logró la aprobación de un referendo que
prorrogó por 2 años y medio el período presidencial; en 2006 ganó las
elecciones con un 63% de los votos; en 2009 obtiene la aprobación de un nuevo
referendo para abolir los límites en el tiempo de varios cargos ejecutivos; en
2013, aunque por poco margen, gana Maduro las elecciones; y, en 2024, se llegó
al máximo refinamiento del fraude electoral para dar por ganador a Maduro, a
pesar de la demostración palmaria de que su opositor obtuvo cerca del 70% de los
votos, tema que aún está sin resolver por la comunidad internacional.
Similar proceso se
ha vivido en Colombia. Desde antes de empezar la campaña presidencial comenzó
Petro a hacer proselitismo y gastar inmensas sumas de dinero que rebasan
ampliamente los topes autorizados por la Ley, infracción que la Constitución
penaliza con la separación del cargo. Hasta altos funcionarios de la campaña y
miembros del clan familiar de Petro han confesado el ingreso de sumas no
autorizadas a las arcas de la campaña, pero la utilización masiva del soborno
por parte del Gobierno ha impedido que se surta el trámite de manera normal e
imparcial.
Nunca un proceso
electoral ha sido tan cuestionado como el de la elección de Petro. No obstante,
con anuencia de los entes de control, las autoridades, las Cortes y hasta el
Ejecutivo, fueron desoídos los reclamos sin autorizar la repetición de elecciones
ni el recuento de votos en lugares sospechosos de fraude electoral.
Más grave aún:
Petro no se podía posesionar por haber sido condenado por la comisión de un
delito doloso. Sin embargo, se violó la Constitución a pesar de que existe la
prueba de la pena de prisión que pagó y de la libertad que recibió por pena
cumplida. Estamos, pues, navegando en el mismo albañal de inmundicia y todavía
sacamos pecho para hablar de nuestras instituciones democráticas.
Cuarta
lección. Sería irresponsable, por decir lo menos, confiar en que podemos ganar
las elecciones del 2026 con un fraude como el que se está reeditando, una
financiación de proporciones gigantescas proveniente de los presupuestos
oficiales, la corrupción, las contribuciones de la guerrilla, de los narcos y
de las organizaciones criminales y los aportes de la izquierda internacional.
Formemos ya, como un solo hombre, una contundente fuerza que trabaje sin
descanso hasta que los altos mandos de las fuerzas militares y de policía reviertan
este desorden constitucional como es su deber; y que los miembros de la
Comisión de Acusaciones cumplan con su deber de tramitar en forma honesta e
imparcial el proceso por indignidad que cursa contra Petro.
