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Sufre Colombia una destrucción institucional
sistemática urdida por quienes están implantando un nuevo referente de
legitimidad para la legalidad, cambiando el ordenamiento jurídico sustentado en
valores y libertades democráticas, por un narcoterrorismo estatista alineado
con la doctrina del socialismo del siglo XXI.
Los anuncios y acciones del Gobierno restringen
las libertades, destruyen las fuentes de ingresos del Estado, ahuyentan la
inversión, incrementan la inseguridad, aniquilan la confianza, estancan el
crecimiento e implosionan la economía, derrumban la generación de empleo, y el
problema no es la plata de los ricos, es el ingreso de los trabajadores.
Todo esto es parte de un plan estratégico y
sistemático enfocado en saquear el Estado y dejar la sociedad indefensa,
arrinconada y desesperada, sin ser capaz de hacer valer sus valores
fundacionales. El objetivo es generar caos y desesperanza, llevando a la gente
a la miseria de modo que las propuestas populistas del socialismo del siglo XXI
sean la única alternativa que les quede. Dicho plan se compone de cuatro
etapas:
1ª. Etapa: toma del poder. Lo hicieron por vía
democrática, combinando todas las formas de lucha, apoyados por organizaciones
criminales y contratistas corruptos. Inició el Gobierno con un grupo de parvos
tecnócratas liberales y de izquierda democrática como ministros, para
garantizar un aterrizaje suave y evitar resistencias a propuestas tendientes a
implosionar la economía pública, privada e individual.
Debilitaron la moral y las capacidades
operativas y desarmaron las Fuerzas Armadas constitucionales, perdiendo la
supremacía aérea y la movilidad rápida que demanda combatir narcoguerrillas en
el complejo territorio colombiano. Despidieron la tecnocracia, instalaron una
cleptocracia estatal, se tomaron la inteligencia y los sistemas de licitación
expedita aprovechando el beneplácito diplomático internacional, como supuesto Gobierno
de izquierda democráticamente electo.
2ª. Etapa: instauración autocrática. Para garantizar una
operatividad autocrática, colocaron personal del nuevo M-19 en posiciones de
concentración de poder e inteligencia. Compraron conciencias en el Congreso, en
las cortes y en entes de control. Fijaron la agenda de discusión nacional
copando con escándalos todos los espacios digitales para crear total
insensibilidad social, con lo cual van afianzando cada día más que el pueblo
tenga sensación de caos administrativo.
Hay 25 departamentos asechados por las
organizaciones narcoterroristas y con la disculpa de la “paz total” y la
negociación con el ELN, han permitido el aumento exponencial de la ilegalidad,
el crimen y la violencia, creando desesperanza y desesperación colectiva.
Rompieron con Israel y se alinearon con el eje: Rusia, Cuba, Venezuela e Irán,
buscando notoriedad y soporte internacional en los gobiernos que le proveen las
armas y dotan la insurgencia narcoterrorista.
3ª. Etapa: cambio del sistema. Mediante alianzas
corruptas, el Gobierno anuncia: un acuerdo nacional, una ley de punto final,
una única justicia restaurativa, y una constituyente que se hará de la manera
en que se les dé la gana, sea por “fast-track” como anunció Petro en
Naciones Unidas o por la conformación de cabildos populares propuesta por los
ideólogos desde la Universidad Nacional. Ya las FARC-EP-Comunes hablan de
extender siete años los acuerdos, y de haber elecciones en 2026, los
revolucionarios saben que, gracias a una oposición dividida, con 1/3 del
soporte ganan las elecciones, cueste lo que cueste. El país ya vio de lo que
son capaces.
4ª. Etapa: continuidad en el poder. El neo-estalinismo
populista que hoy está en el poder, asociado con el narcoterrorismo, está
determinado a quedarse en el poder como sea. Y salvo que se revierta la
hecatombe institucional, sólo les queda definir si nos llamaremos, Estado o
República Socialista.
En resumen: si el país espera impávido hasta el
2026, esto es lo que se nos viene:
*Instaurarán un nuevo referente de legitimidad
mediante el nuevo ordenamiento constitucional, que encubra el totalitarismo y
lo amarre al poder, sometiendo al empobrecimiento perpetuo a las mayorías.
*Bajo la imposición de una ley de punto final,
la JEP será una inquisición moderna disfrazada de justicia restaurativa, que
someterá a todo opositor que el régimen señale.
*Crearán unas nuevas fuerzas armadas
revolucionarias, que incluirán guerrilleros, narcoterroristas y efectivos de
todas las bandas delincuenciales, de terrorismo urbano y microtráfico.
*Viviremos bajo un régimen opresor como en
Cuba, Venezuela o Nicaragua, con el dominio de unas agendas minoritarias, cada
día, mucho más corruptas y complejas que las que están reemplazando.
Conclusión: si no nos pellizcamos y corregimos el
rumbo como hizo Perú, el país seguirá atrapado entre el caos y el desespero
social a cuenta de empobrecimiento e inseguridad, algo que continuará en 2025,
y con lo cual, en 2026, más personas estarán dispuestas a recibir subsidios y
apoyar cualquier tipo de promesas propias de la dialéctica populista que les
prometa solventar sus problemas.
