Debo confesar que,
en toda mi existencia, que ya no es tan corta, había presenciado una situación
tan aterradora para el país como la que vivimos desde hace dos años, ni había viso
crecer a tan insoportable nivel la preocupación por el futuro de los
colombianos.
Para muestra un
botón: no contento el régimen con plantear una reforma sustancial de nuestra
Constitución mediante un “proceso constituyente” ilegítimo, populachero
en su origen y con un contenido desconocido por la sociedad colombiana, ahora
nos resulta que se han presentado al ELN las conclusiones de unas espurias
reuniones de “participación nacional”, con la única intervención de colectivos
izquierdistas de fachada acompañados de unos pocos convidados de piedra que
ya comienzan a retirarse o a abstenerse de firmar los supuestos acuerdos que,
según el tiránico régimen, gozan de “fuerza vinculante” al momento de negociar
la “paz total” con estos facinerosos.
Si esto no es violar
el “orden constitucional” establecido para garantizar la convivencia y la
seguridad de los colombianos, díganme, por favor, entonces ¿cuándo se configura
tal violación?
No hace falta
recabar en la fraudulenta elección de Petro a la Presidencia, aunque los
funcionarios competentes se hayan negado a escrutar las pruebas y a proferir la
respectiva providencia acusatoria, pues ya son de público conocimiento las
enormes sumas gastadas en la campaña, desde antes de que esta iniciara
formalmente su vigencia, así como el abultado monto de los dineros y servicios
aportados ilícitamente que al final marcaron una diferencia con las
posibilidades del resto de competidores.
Sí es digno de
anotar que los escrutinios presidenciales fueron los más cuestionados por la
cantidad de irregularidades denunciadas a lo largo y ancho del territorio
nacional, pero, inexplicablemente, tanto las autoridades ejecutivas como los
funcionarios judiciales y de los entes de control optaron por la servil actitud
del avestruz, enterrando sus ojos y oídos antes que ordenar un recuento de
votos o la repetición de comicios en los lugares afectados por las
irregularidades denunciadas.
Tampoco es
necesario que hagamos un resumen, que todos los colombianos tenemos muy
presente, de las absurdas decisiones de la dictadura Petrista que
desconocen el deber del Estado de velar por la vida de los colombianos, de
orientar la acción del estado al interés general y a la prosperidad en
lugar de ahuyentar el capital y propiciar el desempleo o, finalmente, de trabajar
por el bienestar de la comunidad en vez de destruir los sistemas de salud y
pensiones que le facilitan su acceso a los servicios asistenciales.
No, no es necesario
impetrar el consabido espíritu anticonstitucionalista y abiertamente
revolucionario del régimen. Ni falta que hace pues viene consignado en la
cartilla marxista que practican a rajatabla los populistas de izquierda, y en
las directrices que reciben del Foro de Sao Paulo, la organización encargada de
bañar en sangre a Latinoamérica como paso para crear la unión de repúblicas del
Socialismo del Siglo XXI.
¿Cómo
explicar que, ante tanta infamia, permanezcamos indiferentes los colombianos,
sin reaccionar ante la espantosa amenaza que se cierne sobre nuestra Patria?
Y no me refiero
solamente a la masa de colombianos de a pie, adoctrinados por unos medios
sobornados y perplejos frente a la cobarde entrega de sus dirigentes políticos
al régimen para aprobar sus funestos proyectos de ley.
El azaroso presente
y el inescrutable futuro de nuestro país sólo podemos revertirlos cuando
nuestra dirigencia presione a los congresistas para que cumplan con su deber
tramitando con celeridad e imparcialidad el juicio político contra Petro,
como lo ordena el artículo 109 de la Constitución Política, y los altos
mandos militares adopten la patriótica decisión de restaurar el orden
constitucional como lo estatuye el artículo 217 de la misma y asuman
temporalmente las riendas del Estado hasta que se realicen comicios que
garanticen la transparencia y la normal continuidad del sistema democrático.
