Ya está bien que un
país civilizado, con una historia plena de luchas libradas para defender su libertad
y su sistema democrático, poblado de gentes honestas y trabajadoras, y con un
promisorio potencial, continúe padeciendo la permanente violación de su
carta de navegación, su “ley de leyes”, su Constitución Política, por la
caricatura de presidente que rige nuestros destinos y su camarilla moldeada en
las materialistas y violentas doctrinas del marxismo-leninismo, completamente
ajenas a los principios tutelares de nuestra nacionalidad.
Derecho
a elegir
Desde su posesión
en el más alto cargo del Ejecutivo, ha sido victimizada la democracia con una elección
espuria que, como se ha demostrado ampliamente, rebasó con creces los
topes económicos señalados por la Ley para los gastos de la campaña. En el
artículo 109 de la Constitución se ordena en estos casos adelantar un juicio
por indignidad en el cargo y sancionar al responsable, o sea al presidente,
con la separación del cargo. Con base en el derecho que la misma
Constitución otorga, presentó un ciudadano, el abogado José Manuel Abuchaibe,
la respectiva denuncia que no ha merecido el trámite dentro de los precisos
términos que establece la norma. Se han utilizado toda clase de subterfugios
para dilatar una decisión que espera el pueblo colombiano que todavía cree en
el Estado de derecho. Ahora se pretende acumular el proceso de origen
constitucional con procesos penales incoados en contra del presidente, lo cual
es otra flagrante violación a la normatividad, ya que no son acumulables por la
diferencia de estas acciones, sus diversos trámites, sus distintas sanciones y
competencias para su instrucción y fallo.
Según el art. 40 de
la C. P. “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio
y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1.
Elegir y ser elegido.” Esta norma ha sido
violada flagrantemente, ante la mirada estupefacta de la nación y se sigue
violando, mientras sus funestas consecuencias no sean corregidas separando
al infractor de su cargo.
Derecho
a revocar el mandato de los elegidos
Establece además el
citado artículo: “Todo ciudadano tiene derecho a (…) 4. Revocar el mandato
de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la
ley.”.
Incurriendo en el
delito de prevaricato, algunos miembros de la Comisión de Acusaciones de la
Cámara de Representantes están dedicados a dilatar el trámite de la
denuncia presentada contra el presidente Petro por indignidad, mientras otros
intentan entorpecerla acumulándola con procesos penales no acumulables
que tienen un trámite mucho más prolongado. Esto equivale a una denegación
de justicia que altera de manera significativa el orden constitucional, ya
que afecta de manera perjudicial a la mayoría de la población colombiana, que
manifiesta espontáneamente en las calles de las principales ciudades su
voluntad de que el presidente Petro sea separado, con la consigna “Fuera,
Petro”, que se ha convertido en un lema nacional.
Alteración
final del orden constitucional
Como era de
esperarse, quien se hace elegir en contravía de los mandatos constitucionales,
mostrará, a lo largo de su mandato, el más absoluto desprecio por el orden
constitucional que juró respetar.
Se propone ahora llevar a cabo un proceso
“constituyente” por fuera de los procedimientos permitidos en la misma
Constitución, para reformarla a su antojo y conducir al país a una catástrofe
política, económica y social de dantescas e inimaginables proporciones. Y
agregó que es el momento de comprometerse a fondo con la transformación del
país y para lograrlo enfatizó que se necesita levantar la bandera del poder
constituyente por la justicia social, la democracia y la paz. Y justificó su
propuesta en “la voluntad popular de las urnas del año 2022” y “la voluntad
popular del estallido juvenil”. En otras palabras, según el camarada Petro,
tenemos que reformar nuestra Carta Magna para introducir en ella sus
despropósitos porque ganó fraudulentamente unas elecciones y porque destruyó
las principales ciudades en la toma guerrillera (que bautizó como estallido
social) protagonizada por él mismo en el Gobierno de Duque, en asocio de sus
protegidos de la Primera Línea.
En una reciente
entrevista con Noticias RCN, el presidente Gustavo Petro no tuvo inconveniente
en confesar que “no importan las formas sobre la constituyente, importa el
contenido”. ¿Qué más necesitamos para saber que su propósito inmediato es
alterar no sólo una norma sino toda la Constitución para aprobar, de cualquier
forma, en cualquier esquina, en compañía de sus aliados (Primera Línea,
guardias indígenas, narcos, guerrilleros, vándalos, etc.) la Constitución que
nos regirá en las próximas décadas?
¿Vamos a esperar que
concluya su estrategia de tomar el control de la totalidad de los poderes,
mediante la aprobación de un remedo de Constitución que se lo permita?
O, ¿vamos a abortar
ese diabólico plan, actuando ya en defensa del futuro del país, de la
tranquilidad de sus gentes y de las nuevas generaciones y atajando de raíz y
para siempre la amenaza de destrucción de nuestros más caros valores a manos
del totalitarismo que gobierna de la mano de la criminalidad?
¿Cuándo el texto del
art. 217 de la Constitución Política va a dejar de ser letra muerta y
convertirse en la piedra angular del renacimiento de Colombia? Repasémoslo para
que lo tengamos como nuestro escudo en esta lucha contra el mal que nos ha
correspondido librar para bien de Colombia y de nuestros hijos:
“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes
constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del
territorio nacional y del orden constitucional.”
