Aquello de que no
hay peor ciego que el que no quiere ver se repite a diario en la política
colombiana. Pruebas al canto:
“Diálogo
sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que
hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas
sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó,
entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son
las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No
es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia
de la democracia y de los pueblos libres. Y, por tanto, si esta posibilidad de
un gobierno electo popularmente, en medio de este Estado y bajo la Constitución
de Colombia, no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no
aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional
Constituyente”, dijo Gustavo Petro durante un
discurso desde Puerto Resistencia, en el centro de Cali. (Petro
acelera plan castrochavista con llamado a una constituyente – La Linterna Azul
(wordpress.com).
No obstante la gravedad
y contundencia del anuncio por parte de quien ejerce el mandato presidencial,
continúan los “fabricantes de felicidades” a la caza de conciliatorias
justificaciones en abierta contradicción con nuestra triste realidad política.
Confunden el llamado a
la implantación del régimen comunista con los rutinarios comicios para cambio
de caras en los vehículos oficiales.
Frente a una
declaratoria de guerra a los partidos políticos no afectos al régimen,
responden con parciales rechazos a los proyectos gubernamentales o con inútiles
críticas al presidente o a sus subalternos, sin un determinado y eficaz
propósito de cambio en la gestión pública.
No falta quien,
haciendo gala de angelical inocencia, solicita al presidente que renuncie con
dignidad, como si semejante alternativa fuese posible en la retorcida mente del
sátrapa.
Tampoco hemos estado
libres de estrambóticas propuestas como la de que seamos los antioqueños quienes,
con nuestros propios recursos, prestemos o regalemos al Gobierno el dinero para
que termine las obras públicas que Antioquia necesita, mientas el régimen
dedica el presupuesto del Estado a tumbar la Constitución, armar ejércitos
irregulares de vándalos e indígenas y perpetuarse en el poder de la mano del
ELN.
Si nuestros dirigentes
no estuvieran afectados de miopía política irreversible, o apegados
indisolublemente a sus particulares intereses no habrían cohonestado la trágica
coyuntura que atravesamos. En 2016 se tragaron el robo del plebiscito cuando
una mayoría parlamentaria conformada por la coalición FARC-Santos aprobó el
acuerdo de La Habana que había sido rechazado mayoritariamente por el pueblo
soberano, violando de manera ostensible el mandato de la misma Corte, que había
sentenciado:
“…si el plebiscito no
es aprobado, bien porque no se cumple con el umbral aprobatorio, o
cumpliéndose, los ciudadanos votan mayoritariamente por el “no”, el efecto la
imposibilidad jurídica de implementar el Acuerdo Final, comprendido como una
política pública específica.” (Corte Constitucional, Sentencia C-379
de 2016).
No se
acordaron tampoco nuestros políticos, nuestras cortes, nuestros organismos de
investigación, de que, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, Petro no
podía ser elegido presidente.
“Nuestro
redentor de marras fue condenado a pena privativa de la libertad por la
Justicia Penal Militar que a la sazón regía para sancionar graves atentados
contra el orden público. A la luz de los artículos 179-1 y 197 de la
Constitución Política no podría haber sido elegido como congresista ni como
presidente. Pero cuando se demandó una elección suya, el Consejo de Estado
desestimó la acción por cuanto no se pudo demostrar la condena mediante copia
auténtica de la sentencia respectiva. ¡Alguien sustrajo del expediente el
documento original, incurriendo de ese modo en el delito de falsedad
documental! Dicho en plata blanca, el que nos desgobierna ocupa su alto
cargo gracias a esa falsedad documental que a la justicia no se le ocurrió
investigar ni sancionar.” (https://lalinternaazul2.wordpress.com/2024/03/16/un-prontuario-tenebroso/
)
¿Para qué
hurgar sobre esas pequeñeces si ya todo estaba acordado? En el remedo de
elección se acumuló el máximo número de irregularidades, que jamás se había reunido
en un comicio presidencial, pero nadie quiso investigarlas. En oscuro
conciliábulo con mayoría de representantes del Pacto Histórico se acordó que no
había mérito para revisión, reconteo o repetición del ejercicio electoral.
Como decíamos antes,
ahí tenemos varias pruebas sobre la ceguera o complicidad de una clase
dirigente que ha sido inferior a su misión. ¿No es en estos casos de crisis
cuando se debe actuar para defender a la población de la tiranía, preservar
nuestras instituciones democráticas y asegurar el futuro de las próximas
generaciones?
Repito para
que se me entienda: Con el aval de la Corte Constitucional al inválido acuerdo
de La Habana, la elección de Petro a la Presidencia a pesar de estar condenado,
y su posesión después de un fraudulento e indigno proceso de elección ya
denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no queda la menor duda
sobre los protervos propósitos de Petro para instalar, a las buenas o a las
malas, el régimen comunista en Colombia.
Cumplimiento de la
Constitución
Para mayor
claridad de lo aquí expuesto, vale la pena finalizar recordando los siguientes
mandatos de la Constitución de Colombia:
La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana
el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus
representantes, en los términos que la Constitución establece (Art. 3)
Toda persona
está obligada a cumplir la Constitución y las leyes (Art. 95, inc. 2)
La Nación tendrá para
su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad
primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio
nacional y del orden constitucional (Art.217)
De su repaso me surgen
estas finales conclusiones:
Primera.- Si la
soberanía reside exclusivamente en el pueblo, ¿podría una mayoría parlamentaria
sustituir al pueblo para aprobar un acuerdo modificatorio de la política y de
la Constitución en violación flagrante de las normas dictadas por la propia
Corte para la convocatoria del plebiscito?
Segunda.- Si la
soberanía reside exclusivamente en el pueblo, ¿le está permitido al presidente
delegar en una masa de hecho, sin ninguna credencial política ni jurídica, a
quien él mismo llama “pueblo” aprobar las reformas a la Constitución para
convertir a Colombia en un país comunista?
Tercera.- Por
ninguna parte establece la Constitución que el presidente no esté obligado a
cumplirla; por lo tanto sus actos en contra de la misma son inanes o nulos o
inválidos.
Cuarta.-La
defensa de la soberanía nacional y el orden constitucional son fines
primordiales de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, les corresponde por mandato
constitucional defender la soberanía en cabeza del pueblo que es su titular.
¿Hasta cuándo debe esperar el pueblo para que las Fuerzas Militares y de
Policía cumplan con ese deber por encima de los caprichos del espurio presidente
y su camarilla de cómplices en el poder?
