Los execrables
acontecimientos de los últimos días evidencian –aún más, si ello es posible– la
descomposición general de la sociedad colombiana bajo el poder
dictatorial de una banda criminal que hace todo lo necesario para confirmar el
fraudulento origen de su inválido mandato.
Sufrió la Corte
Suprema de Justicia, por segunda vez, después de la masacre perpetrada por el
M-19 en 1985, el ataque de las fuerzas convocadas por el Gobierno Petrista
para presionarla, en forma ilegal, inconstitucional y punible, con el fin de
que a la mayor brevedad tome la decisión de elegir una fiscal general de
bolsillo que requiere con urgencia el sátrapa enredado en sus violaciones a
los topes de gastos fijados por Ley para la campaña presidencial.
En su maléfico
entendido de que él es el jefe del fiscal general, como lo ha manifestado el
propio Petro, pretende en forma dictatorial apropiarse de la administración
de justicia y, para tal efecto, se permitió convocar a las fuerzas
populares para presionar la adopción de tal designación, para lo cual solicitó
la colaboración de Fecode, el sindicato de maestros comunistas que desde el
2021 lo viene acompañando en la subversiva tarea de incendiar el país, atacar
las instituciones e imponer por la fuerza y la mentira sus falaces doctrinas
marxistas.
No solamente hemos
abandonado el Estado de derecho, sino que el Estado mismo ha perdido su
prioritaria razón de ser, cual es garantizar la seguridad de la población. Ahora
la población vive a merced de las bandas de narcotraficantes
patrocinadas por el régimen, de los vándalos y sicarios que están siendo
organizados y armados como “colectivos” al servicio de los intereses del
sátrapa, de las hordas guerrilleras que imponen su ley en gran parte del
territorio nacional y usufructúan toda clase de beneficios estatales y, en
general, de los corruptos y delincuentes de todas las calañas que gozan
de la más absoluta impunidad obtenida con sus servicios de apoyo al partido de Gobierno.
No obstante, algo
ha cambiado en los últimos meses: todas las encuestas arrojan una tendencia de caída
en la favorabilidad del régimen. Los conciertos, espectáculos deportivos y
reuniones masivas van acompañadas del clamor nacional de un extremo a otro del
país: ¡Fuera Petro, fuera! En las elecciones regionales el poder
soberano del pueblo propinó una monumental derrota a los candidatos afines a
Petro y a sus aliados, indicándoles de manera contundente el rechazo total
con su gestión.
Como colofón, la
gran movilización anunciada por el Petrismo, constituyó un vergonzoso
fracaso. A pesar de la licencia concedida a empleados públicos para asistir
a las manifestaciones y la coordinación solicitada al M-19, Fecode, Pacto Histórico
y demás aliados del Gobierno, solo unos pocos viandantes fueron sorprendidos
por las cámaras en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
En contraste con
esta espontánea, masiva y desinteresada actitud de las mayorías, continúa la
representación política ignorando tamaña evidencia. Puede más el vil
soborno que los convierte en prevaricadores que se niegan a tramitar el juicio
por indignidad contra Petro por la violación de topes en la campaña electoral.
Son
de una inmensa gravedad los males que nos aquejan. De igual manera deben ser
los remedios a este desastre.
No pueden
remediarse con insulsas declaraciones de los jefes políticos que nada
están haciendo para impulsar la remoción del sátrapa a través del juicio ante
el Congreso. Tampoco representan una suficiente fuerza las peticiones del
sector privado para que se garantice el cumplimiento de la Constitución y las
Leyes por parte de un Gobierno que no ha estado interesado en actuar dentro
del Estado de derecho. Y, con todo respeto, las Cortes y demás despachos
judiciales deben pronunciarse a través de fallos y resoluciones ordenando la investigación
de los posibles actos delictivos cometidos, como el de la asonada, descrito
puntualmente en el Código Penal, y no mediante etéreos comunicados a la opinión
pública.
Nos
queda a los colombianos de a pie seguir cumpliendo con nuestros deberes con la
Patria y con el futuro de nuestras familias:
1.-Asistamos a la movilización
del 27 de febrero para pedir que se adelante dentro de los términos legales
el juicio contra Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
2.- Unámonos dentro
de una gran fuerza libre e independiente de los partidos políticos para que derribemos
este régimen Petrista, organicémonos para ganar el poder en el 2026,
restauremos nuestros principios y valores democráticos y reconstruyamos el país
destruido por la izquierda radical dirigida por el guerillero Gustavo Petro.
3.- Seguimos a la
espera de constituir un grupo coordinador compuesto por “los 300” líderes
colombianos que, desde diferentes regiones y actividades, nos unamos, como los 300
espartanos que vencieron al ejército más poderoso de la tierra. Ya una
docena de patriotas han ofrecido su concurso y esperamos lo hagan otros en los
próximos días.
