Por Héctor Hoyos Vélez
Estamos evidenciando que el poder del presidente
en Colombia es suficientemente fuerte para que, mediante el manejo del
presupuesto, incida en las decisiones del Congreso, para beneficiar o combatir a
organizaciones criminales, para debilitar o apoyar a las fuerzas armadas, para
propiciar o no el desarrollo de obras públicas y generar un ambiente de
crecimiento y de inversión o para afectar las iniciativas de las regiones o de
los empresarios, entre otras muchas decisiones que alteran el buen funcionamiento
de la economía y el bienestar de los individuos.
El balance del Gobierno en esos aspectos
mencionados, hasta la fecha no satisface y más bien preocupa tanto, que el
ambiente y la participación política del pueblo en general busca un destino
contrario a las pretensiones del presidente, como lo demostró en las elecciones
regionales y en las manifestaciones espontáneas de rechazo en los escenarios
públicos. Por esa razón, se espera que los nuevos gobernantes territoriales
ejerzan un contrapeso al poder presidencial por su liderazgo en sus regiones,
por la discriminación que desde la Presidencia han ejercido entre quienes
representan a los afectos u opositores al Gobierno, y lo más importante, por la
necesaria resistencia a las políticas de sometimiento al sistema que destruye
lo construido para someter a la población bajo la ideología comunista
totalitaria. Pero no solo los nuevos gobernantes regionales son trascendentales
para hacerle frente a un Gobierno que no coopera con el desarrollo y el
bienestar; concejales, diputados y los mismos congresistas, como intérpretes
del clamor del pueblo, tendrán que atenderlo para que prevalezca la democracia,
la ley, la seguridad y se alcancen metas de desarrollo, empleo, bienestar y
prosperidad en cada región. Es la hora de las instituciones que representan al
pueblo, de las asambleas y de los concejos municipales y es la hora del
Congreso para preservar la República instituida para la libertad y la
democracia.
Esta condición favorable de nuestra democracia
representativa que descentraliza el poder político, hay que resaltarla porque
de ella depende un mejor futuro para los colombianos. Conviene apreciar y valorar
esa autonomía política alcanzada de los territorios, en desarrollo del espíritu
descentralista de la Constitución, para elegir sus dirigentes, en este momento
de la vida de la nación que resiste ante tanta adversidad provocada desde el Gobierno
nacional, para fortalecer el poder regional con una mejor distribución de las
rentas del Estado.
La lucha contra el centralismo siempre ha sido
una constante del pueblo antioqueño que poco a poco se ha ido expandiendo en
todo el territorio nacional, la Federación de Departamentos, en los últimos
años, ha propendido por el federalismo, el presidente del Congreso, doctor Iván
Name, viene promoviendo la autonomía territorial y el gobernador de Antioquia,
Andrés Julián Rendón, propone un referendo para redistribuir las rentas del
Estado en los niveles municipal y departamental.
Coinciden hoy diversas circunstancias que
propician la autonomía territorial además de las mencionadas:
1. La resistencia desde las regiones a las
políticas nacionales de este Gobierno. Indudablemente la política regional está
ansiosa por ejercer su poder en favor de las aspiraciones de los conciudadanos
en especial en materia de seguridad donde el Gobierno nacional no ejerce la
debida autoridad.
2. El nivel de desarrollo alcanzado en las
regiones que se sustenta en el emprendimiento de millones de empresarios en
todos los sectores, que creemos en nuestra capacidad para valernos por nosotros
mismos y que observamos con indignación la concentración de poder y de recursos
en un gigantesco Estado central, impedido para atender las necesidades de las
poblaciones en la periferia y que funciona con base en la corrupción
estructurada para condenarlas al atraso y la miseria. Nada puede impedir la
conquista de aspiraciones de los colombianos que vemos oportunidades de
progreso desde nuestras regiones.
3. El espíritu de la Constitución que los
ciudadanos tenemos que hacer cumplir porque lleva consigo la justa retribución
al esfuerzo regional de contribuir al funcionamiento y los deberes del Estado,
y reconoce la identidad cultural de las regiones de Colombia para expresarse,
organizarse y alcanzar sus aspiraciones: Artículo 1o. Colombia es un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Todos los colombianos hoy debemos unirnos en
dos objetivos principales; preservar la libertad y la democracia contra el
totalitarismo comunista y alcanzar la autonomía territorial de los
departamentos para salir del atraso y la pobreza.