Se ha vuelto costumbre en los poderosos en
Colombia, que burlen la Constitución, la ley y la voluntad popular. ¡Pero ya no
más!
Acabamos de evidenciar que los funcionarios de
las instituciones electorales desde el poder central burlaron la voluntad de
los ciudadanos de revocar al exalcalde de Medellín, de la misma forma que
evidenciamos la burla descarada del plebiscito, y así como nos gobierna un
presidente contra la voluntad de millones de colombianos, que fuimos víctimas
de la violación de la Constitución al violar los topes de su campaña y negociar
con el hampa beneficios a cambio de financiación y votos.
Esa muy mala costumbre lleva implícita la
corrupción en el ejercicio de la autoridad en las instituciones del nivel
central, que afectan la armonía política en todo el país. Negarle la voluntad
al pueblo libre de Antioquia es una afrenta imperdonable del Estado colombiano a
los ciudadanos antioqueños. Además de que se pudo evitar el daño a la ciudad de
un alcalde que saqueó las finanzas de Medellín, hemos perdido la confianza en
las instituciones colombianas lo que sí es de la mayor gravedad.
Estas artimañas, sumadas a la experiencia del
plebiscito por la paz que solo ha dejado un enorme costo, grande impunidad,
inversión de valores donde los buenos son los terroristas y los villanos
nuestros héroes de las fuerzas armadas, ningún resultado en la justicia y en la
reparación de víctimas, la misma o peor violencia en consonancia con el
crecimiento del narcotráfico, etcétera, rebosan el nivel de tolerancia del
pueblo en general afectado por la inseguridad generalizada.
Por lo anterior, los hechos sucedidos en la
campaña presidencial denunciados en la Comisión de Investigaciones y
Acusaciones de la Cámara, donde ya se ha originado el proceso del juicio al presidente,
suscitan un gran interés en la opinión pública porque encuentra en el
ordenamiento constitucional la posibilidad de frenar el reiterado atropello.
La campaña ciudadana para presionar al Congreso
y retirar del cargo al presidente, es la más importante de lo corrido del
siglo, porque confluye en ella no solo el descontento popular con un Gobierno
contrario a la identidad nacional, sino que se trata de defender la
Constitución.
La Constitución del 91 que nos rige, se logró
como un gran acuerdo nacional de paz, después de muchos años de conflictos
internos y de la reintegración a la sociedad de grupos rebeldes que la
propiciaron y participaron en su construcción; llegar a ella costó muchos años
de sangre, dolor y vidas. Luego, desconocerla y violarla tan gravemente como
para que el Gobierno se soporte en las vías de hecho, significa un retroceso
político que genera como mínimo mayor violencia, división o mayor polarización
e incluso fraccionamiento de la integridad territorial, y lo peor, el país
puede resbalar hacia la dictadura de las vías de hecho. La vigencia de la
Constitución es el mayor compromiso, el mayor deber de los ciudadanos. ¡Esta
sociedad colombiana entera tiene que defender la Constitución!
La identidad nacional, el amor a la libertad,
el respeto a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra tradición
democrática, a nuestras fuerzas armadas y de policía, a nuestras creencias y
tradiciones, el fundamento de la ley, la democracia y el equilibrio de poderes,
y la garantía de la prosperidad al amparo de la libre empresa, son los valores
que están protegidos en la Constitución y que están siendo ultrajados y amenazados
por corrientes ideológicas que este Gobierno representa. Hoy vemos
enfrentamientos entre el presidente y el fiscal general por las pretensiones
presidenciales de subordinar la justicia; magistrados de las Altas Cortes
buscando amparo en Naciones Unidas ante hostigamientos desde Presidencia que
incluyen cuestionamientos a disposiciones de la Corte Constitucional y ofensas
al mismo Congreso de la República, todo lo cual debilita la institucionalidad.
Por consiguiente, el cumplimiento de la
Constitución tiene que ser el factor de unidad de todos los pueblos libres de Colombia.
El juicio al presidente es el comienzo de la recuperación de la ley y el orden,
y el fin de los abusos contra la voluntad del pueblo colombiano.
