Por Andrés de Bedout Jaramillo
Hace
muchos años los salarios de los empleados públicos, tanto de libre nombramiento
y remoción, como de carrera administrativa, de los trabajadores oficiales y de
los miembros de los cuerpos colegiados, Senado, Cámara, asambleas y concejos,
se consideraban muy bajos frente a los salarios del sector privado y a las
responsabilidades que implicaba el sector público oficial.
Hoy,
los sueldos y honorarios que se pagan en el sector público son mejores que los
que se pagan en el sector privado, lo que lo hace muy atractivo, inclusive sin
tener en cuenta los beneficios adicionales de carros oficiales con conductor,
alimentación, gastos de representación, tiquetes aéreos, viáticos, etcétera,
que tienen muchísimos funcionarios altos del Estado.
Las
cuantías a que tienen derecho congresistas, diputados y concejales, para
contratar sus equipos de trabajo sin muchos requisitos, son ya exorbitantes,
mejor dicho, el sector público paso a sus integrantes de la pobreza a la
riqueza, se les fue la mano y si no adquirimos conciencia de austeridad, el
gasto público seguirá creciendo desaforadamente.
Los
contratos de prestación de servicios, que en él sector público se convirtieron
en una parte muy importante de la fuerza laboral disponible para mover el
aparato estatal, están siendo utilizados para pagar favores políticos, colocar
familiares, satisfacer necesidades personales, etcétera; situaciones que se han
hecho muy notorias en las administraciones de Petro y Quintero, evidenciadas
por los medios de comunicación y por los sectores de oposición. Me atrevo a
concluir que, si estos contratos de prestación de servicios o mejores contratos
de complacencias no existieran, serían muchos los miles de millones que nos
ahorraríamos.
El
consumo de gasolina, hoy artículo de lujo debe ser racionalizado al máximo, me
atrevo a proponer asignar un cupo máximo de consumo para cada vehículo de
representación, lo que se consuma de más debe ser de cuenta del beneficiario
del carro del Estado.
Los
viáticos y gastos de representación deben ser estrictamente reglamentados y
auditados, para evitar lo que sucede en la administración Petro, Quintero y Hurtado
con estos dos rubros; serían miles de millones que nos ahorraríamos en el
ámbito nacional, departamental y municipal.
Deben
poner el ojo a los presupuestos para impresos y publicaciones; se exageran en
la cantidad de folletos, libros, cuadernos, libretas, cachuchas, camisetas,
camisas, etcétera, que mandan a producir las entidades públicas.
Yo
creo que la austeridad que deben tener nuestros gobernantes ayudaría muchísimo
en el proceso de recuperación de la confianza en el Estado en todas sus
manifestaciones.
Algo
debemos inventar para evitar el enorme gasto que implican la gran cantidad de
carros oficiales que tenemos en Colombia, sus departamentos y municipios…
combustible, mantenimiento, seguros, impuestos, etcétera, son gastos inmensos
que obligan a reducción del parque automotor y su utilización a lo
estrictamente necesario.
Estamos
en épocas de preparación y aprobación de presupuestos para el año 2024, es el
momento oportuno para revisar con lupa las partidas presupuestales, buscando
austeridad y transparencia, los gastos de contratos de prestación de servicios
de complacencia, viajes, representación, impresos y publicaciones, publicidad,
horas extra, vehículos, combustible, etcétera, deben llevarse a cuantías
razonables, que obedezcan única y exclusivamente a gastos directamente
relacionados con el funcionamiento del Estado y estricto cumplimiento de
funciones.
Se
deben revisar todas las partidas de inversión, para evitar que en ellas vayan
disfrazados gastos de funcionamiento, para hacerle el quite al porcentaje
permitido para estos rubros del presupuesto.
Medellín
contará con un presupuesto de unos 8.4 billones de pesos para el año 2024,
dineros todos que en última instancia provienen de nosotros los ciudadanos,
bien vía impuestos municipales como predial e industria y comercio, bien
nacionales como impuesto de renta, bien pago de servicios públicos
domiciliarios, que, para el caso de Medellín, pagamos a EPM, quien transfiere a
nuestro municipio cerca de dos billones de las utilidades de 2023.
Se
deben congelar los salarios de muchos empleados públicos, que tienen sueldos
que superan los 60, 70 y 80 millones de pesos mensuales, cifras absolutamente
desproporcionadas; no sé a qué horas terminó el Estado pagando semejantes
cuantías; si nos parece bien alta la remuneración de congresistas, ni hablar de
las entidades donde pagan estas absurdas cantidades.
En
fin, los colombianos que somos los que en últimas pagamos los gastos del
estado, solicitamos a los que elaboran, estudian y aprueban los presupuestos,
que tengan consideración con su pueblo y apliquen austeridad total en el gasto,
para que la platica alcance y no tengan que seguir grabándonos con los
asfixiantes impuestos que cada día dificultan más las posibilidades de
bienestar de nosotros los colombianos.
Austeridad
y humildad van de la mano y nos acercan como humanos a nuestros hermanos, como
nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo en muchos pasajes de la Biblia.
Recordemos que todos somos iguales ante Dios y la ley.