Como en una
interminable película de terror, asistimos diariamente al acelerado
desmantelamiento de lo que nos es más caro: nuestros valores tradicionales,
nuestra identidad nacional, nuestros derechos fundamentales y libertades, y la
estabilidad de una sociedad que brinde normales condiciones para el bienestar
de nuestros hijos.
Con la complicidad
de una miope y cobarde clase dirigente, la camarilla de extrema izquierda asaltó
el poder, apelando al más descarado fraude electoral que hayamos conocido, a la
violación de los topes fijados por la ley para los gastos de la campaña y a la
más desvergonzada compra de votos.
Y el régimen está
en lo suyo: atornillarse en el poder como lo enseñan las cartillas
marxistas-leninistas, mediante la decapitación de la cúpula militar, la
financiación de irregulares colectivos armados, el desconocimiento del
principio democrático de la separación de los poderes, las violaciones al
Estado de derecho y la convocatoria de “asambleas populares” que decidirán la
suerte de los colombianos.
Se gobierna al
impulso de la conveniencia de corruptos, narcotraficantes, terroristas y
vándalos, procurándoles impunidad, facilitando el cultivo y la explotación de
la cocaína y otorgando toda clase de privilegios a quienes están al margen de
la ley.
No nos engañemos.
El objetivo de la camarilla que nos gobierna es implementar a toda marcha la
revolución comunista. Es cambiar la cultura de la vida, del amor y de la
protección por la del sometimiento al Estado, el odio de clases y la
desprotección de la población.
Es un objetivo
cultural, aunque muchos aún no lo hayan asimilado. Por ello no debemos
extrañarnos de que los proyectos oficiales se encaminen a destruir la empresa
privada, dejar a la población sin la adecuada protección de salud, disponer del
ahorro pensional de los trabajadores para malgastarlo en los descabellados
proyectos estatales, gastar sin medida los recursos públicos en viajes
internacionales y contratos para sus amiguetes.
Y todo en nombre de
la “paz total”, o de la lucha contra la oligarquía, o del cambio (¿hacia
dónde?), o del “progresismo”, rimbombantes lemas que ocultan su verdadero
propósito, cual es la “pauperización” del pueblo para que se convierta en
servil instrumento de la camarilla en el poder, como lo han anunciado con
desfachatez Petro, López Obrador y Hugo Chávez.
Cabe preguntarnos:
¿Vamos a permitir
que pisoteen nuestras tradiciones para imponernos una cultura materialista
ajena a nuestra identidad como nación?
¿No es ya la hora
de alzar nuestra voz por nuestros hijos, nuestra dignidad, nuestra patria,
nuestros derechos y libertades?
¿Nos conformaremos
con una abyecta sumisión a los representantes del mal o emprenderemos
solidariamente la reconstrucción política y económica que Colombia pide a
gritos?
Tenemos una
profunda convicción sobre la verdad de los principios morales en los que nos
formaron nuestros mayores. Sabemos que, por encima de esas doctrinas sin fundamento
que nos quieren imponer, sobresale el humanismo cristiano, que es un reflejo de
la ley natural.
Nuestra libertad
nos permite actuar en defensa de la moralidad, del derecho a la vida desde la
concepción, de la protección a la propiedad y al trabajo digno, y exigir que
los gobernantes ejerzan sus funciones para la búsqueda del bien común de todos,
no para su propio beneficio ni para el de su camarilla.
Es la hora de
actuar contra la indignidad que se ha apoderado de la sociedad colombiana. Y
podemos hacerlo, dentro del marco de la ley, exigiendo a la Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes que actúe con arreglo al derecho
para decidir sobre la acusación a Gustavo Petro por haber sobrepasado los topes
económicos en su campaña. Por lo tanto, deben ser destituidos el presidente y
la vicepresidenta, y convocarse a nuevas elecciones presidenciales. No nos
rendiremos ante la indignidad.
